Kim Davis, en su oficina en Kentucky. / Youtube
Kim Davis, en su oficina en Kentucky. / Youtube

La funcionaria del estado de Kentuky Kim Davis pasó seis días en la cárcel por negarse a expedir licencias para ‘matrimonios’ homosexuales alegando que, en conciencia, no podía colaborar en la equiparación del matrimonio a las uniones netre personas del mismo sexo. El caso tuvo tanta repercusión, que hasta el propio Papa Francisco mantuvo un encuentro discreto con Davis fuera de agenda en la nunciatura vaticana en Washington, en el que le pidió que se mantuviera fuerte en su convicción.

Tras una dura batalla social, el gobernador de Kentucky, Matt Bevin, aprobó una ley que permite a los empleados no incluir su identificación personal en estos expedientes, otorgando así una victoria a Kim Davis. Esta decisión fue recurrida por la American Civil Liberties Union, pero sus pretensiones fueron desestimadas por un juez federal.

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Pero el caso ha llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que no lo ha admitido a trámite, pero dos de sus miembros, Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr., pese a mostrarse de acuerdo en la decisión, han señalado en un escrito particular que este caso muestra cómo la decisión de equiparar el matrimonio a las uniones homosexuales en 2015, a través del caso Obergefell v. Hodges, puede ser perjudicial para una buena parte de la población y dañar le derecho a la libertad reigiosa recogido expresamente en la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

“Puede que Davis haya sido una de las primeras víctimas del tratamiento arrogante de la religión de este tribunal en su decisión sobre Obergefell, pero no será la última”, escribe Thomas. «Debido a Obergefell, aquellos con creencias religiosas sinceras sobre el matrimonio encontrarán cada vez más difícil participar en la sociedad sin entrar en conflicto con Obergefell y su efecto en otras leyes contra la discriminación», añade.

Thomas continuó: “Una cosa sería si el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo se hubiera debatido y adoptado a través del proceso democrático, con la gente decidiendo no proporcionar protecciones estatutarias para la libertad religiosa bajo la ley estatal. Pero es muy diferente cuando la Corte impone esa elección a la sociedad a través de la creación de derechos constitucionales textuales y su interpretación poco generosa de la Cláusula de Libre Ejercicio, dejando en la estacada a quienes tienen objeciones religiosas ”, tal y como recoge The Washington Post.

Ambos jueces discreparon del fallo Obergefell en 2015, que se decidió por 5 votos contra 4. Los otros dos votos en contra de la equiparación del matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo fueron el presidente del tribunal John G. Roberts Jr. -que no se unió a la opinión del juez Thomas- y el juez Antonin Scalia, quien murió en 2016.

De los que votaron a favor de esta equiparación, siguen en activo tres, Breyer, Sotomayor y Kagan; El juez Anthony M. Kennedy, ponente del fallo, se retiró en 2018. La juez Ruth Bader Ginsburg falleció el mes pasado.

Resulta significativo que no han emitido votos particulares ni se han unido al expresado los dos jueces nominados por Donald Trump hasta el momento, Gorsuch y Kavanaugh. Se da la circunstancia de la que la recientemente nominada Amy Coney Barret, trabajó con Scalia en el pasado y es partidaria de su escuela de interpretación originalista de las normas, esto es, en referencia a la literalidad y la intención primera de los redactores de la Constitución de los Estados Unidos.

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