(EUROPA PRESS). El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, ha remitido un documento a la Junta de Castilla y León tras iniciar ésta una consulta popular de cara a iniciar la tramitación de una Ley LGTBI al considerar que el Gobierno autonómico «yerra gravemente» al asumir los preceptos de la ideología de género para crear una norma «que atentaría contra la mayoría de los ciudadanos privilegiando a unos pocos sólo por su orientación o identidad sexual».

A lo largo de cuatro puntos, esta organización critica esta iniciativa, al ser «innecesaria, discriminatoria y creadora de inseguridad jurídica».

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El primero de los puntos a los que alude Foro de la Familia en el «error conceptual de partida» porque se parte de la existencia de personas LGTBI, «como si su orientación sexual les convirtiera en seres distintos a las personas a secas» y se pretende dar el mismo tratamiento a la persona, su comportamiento sexual y a ciertas opiniones «cuando en realidad se trata de tres realidades distintas».

El segundo de los puntos se refiere a imposición legal de la ideología de género «como verdad absoluta» que provoca «que se confunda el rechazo a estas teorías como un acto de discriminación, punible merced a estas nuevas normas», según el Foro de la Familia «se coarta así las libertades fundamentales de pensamiento y expresión».

Además, en tercera posición, el Foro alega que todo lo que se quiere regular con estas leyes «ya se encuentra recogido en tratados internacionales, la Constitución Española y la normativa antidiscriminación europea y nacional respecto a todos los seres humanos», a lo que añade que este tipo de normas «genera una gran inseguridad jurídica, ya que utilizan un lenguaje no estandarizado, de interpretación discutible y que puede señalar como infractores a cualquiera».

Por último, el Foro de la Familia se refiere al abandono de la neutralidad de las administraciones públicas ya que considera que obligar por ley a hacer visible en todos los ámbitos sociales una visión concreta de la sexualidad «supone un posicionamiento por parte de los poderes públicos en favor de esa visión en concreto».

«Se quiebra así la imprescindible neutralidad que se debe exigir a las administraciones públicas, lo que es incompatible con una sociedad plural y libre».

Por todo ello, desde el Foro de la Familia reclaman que se paralice la tramitación de esta norma.

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