Una bandera de la comunidad LGTBI ondea en un balcón. /Flickr - Jason Pier
La agenda LGTB continúa imponiéndose en las escuelas públicas / Flickr - Jason Pier.

Los colegios de la Comunidad de Madrid han terminado el curso escolar y ya se preparan para el siguiente año. Por ese motivo desde la Comunidad de Madrid han hecho llegar a todas las escuelas (públicas, concertadas o privadas) las instrucciones de las viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y Organización Educativa sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de género en los centros docentes no universitarios de la comunidad.

El objeto del que hablan en estas instrucciones es «establecer orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado LGTBI, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad o expresión de género», pero lo que pretenden es imponer una agenda ideológica sin contar con la aprobación de los padres, o pese a su rechazo.

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Con el fin de proteger ese desarrollo, la Comunidad exigirá a los directores de los centros que incluyan el principio general de «respeto a la libertad y el derecho de identidad del alumnado», que velen por la protección adecuada de todos los integrantes de la comunidad educativa pertenecientes a la comunidad LGTBI, que adopten las medidas necesarias para la prevención, intervención y erradicación de actitudes de acoso, que favorezcan la plena inclusión del alumnado LGTBI y que dispongan «de información para atender a la comunidad educativa sobre diversidad de género y diversidad sexual».

Se incorporarán contenidos transversales relacionados con la diversidad sexual y de género en las asignaturas

Esto tendrá su reflejo en las propias asignaturas ya que los profesores se verán obligados a que el material educativo de las aulas «promueva el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual«. Además, se incorporarán contenidos transversales relacionados con la diversidad sexual y de género en las asignaturas, pese a que la materia no tenga nada que ver con el tema, pero le quieren dar un espacio obligado.

También se promoverán, en pos de la proclamada igualdad que no es tal, que el centro se dirija al alumno por el nombre indicado por el menor o algún tutor legal, que al mismo tiempo los documentos oficiales de evaluación deberán mantener el nombre administrativo, que el alumno pueda vestirse «del modo que mejor se adecue a su identidad o expresión de género» o que pueda acceder a los aseos y vestuarios «acordes a la identidad de género del alumnado«. Sin embargo, el resto de niños que se puedan sentir incómodas al encontrar a niños en el vestuario de niñas, o niñas en el de niños, no podrán hacer nada.

Como suele suceder en este tipo de casos, en caso de que haya conflicto entre el supuesto interés del menor y los padres, la negativa de los padres conllevará la notificación a los servicios competentes en materia de protección a la infancia, por lo que los padres se pueden ver privados de la patria potestad si no se pliegan al deseo del menor.

La cuantía de las multas podría llegar a los 45.000 en los casos más graves, además de prohibir a los colegios recibir cualquier tipo de ayuda pública

Además, en caso de que el centro educativo «detecte algún indicador de maltrato cometido por progenitores -cáptese el uso de progenitores en vez de padres- o tutores legales, deberá notificarse a los servicios competentes en materia de protección a la infancia y a los servicios sociales municipales». De manera que los padres se enfrentarán a los temores de los personajes de 1984, de George Orwell, donde los hijos serán adoctrinados para delatar a los padres, y estos, para evitar posibles problemas, deberán plegarse a los mandatos de los gobernantes.

Y todo esto, claro está aderezado con su régimen sancionador, para que así tanto los centros educativos como los padres no se salgan de la raya. La cuantía de las multas podría llegar a los 45.000 euros en los casos más graves, además de prohibir a los colegios recibir cualquier tipo de ayuda pública -y se supone que en los colegios concertados, implicaría perder el concierto, que a su vez implicaría casi el cierre del colegio-.

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