Un grupo de activistas LGTBI protesta a las puertas de la catedral de Alcalá de Henares.
Un grupo de activistas LGTBI protesta a las puertas de la catedral de Alcalá de Henares.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares ha abierto diligencias para investigar la irrupción de varios miembros de los grupos de presión LGTBI en la catedral de la localidad madrileña en abril de 2019 en protesta por unos cursos organizados por dicha diócesis.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez admite la querella interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos a instancias de la asociación Enraizados contra los manifestantes a los que acusa de varios delitos, entre ellos, profanación, interrupción de culto además de un delito de odio.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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La organización de juristas denuncia en la querella que los activistas accedieron a la catedral durante la celebración de una misa gritando consignas en contra del obispo y de los fieles allí presentes.

El juez acuerda remitir un  oficio a la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá de Henares para que la Policía Judicial practique las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos relacionados en la querella y las personas que en ellos hayan participado.

De tal forma, la Policía deberá sobre si se instruyó atestado policial y, en su caso, si fue entregado en algún juzgado. Si se celebró alguna reunión en lugar de tránsito público cercano a la catedral que fuera comunicada por escrito a la Autoridad.

También pide que se informe si los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía presentes en la catedral procedieron a identificar a los autores de los hechos objeto de la querella y si los autores de los hechos objeto de la querella impidieron, interrumpieron o perturbaron algún acto, función, ceremonia o manifestación de la confesión religiosa a la que se alude en la querella.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que «no se puede concebir que en un estado democrático no se permita a los creyentes poder asistir a sus actos de culto». Así, ha criticado que «los ataques a la libertad religiosa vengan siempre de los mismos sectores de la población».

Los hechos sucedieron después de que un periodista se hiciera pasar por una persona homosexual que pedía ayuda a la diócesis para modificar sus conductas sexuales. La publicación de dicha inflitración logró desatar una ola de demonización de los servicios de atención a personas con atracción al mismo sexo (AMS) que ofrece el Obispado.

Actuall recogió entonces decenas de testimonios de agradecimiento de personas que, lejos de criticar la ayuda del Obispado, expusieron sus ejemplos de vida, muchas veces no sin dolor o superando la vergüenza bajo el epígrafe «Apoyo a Reig Pla».

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