Ximo Puig y Mónica Oltra, presidente y vicepresidenta de la Comunidad Valenciana
Ximo Puig y Mónica Oltra, presidente y vicepresidenta de la Comunidad Valenciana

Tras los casos de Madrid, Extremadura, Baleares y el más reciente de Murcia ahora es la Comunidad Valenciana la que prepara una ley de transexualidad radical que ataca derechos fundamentales, recogidos en la Constitución, como la libertad de educación y religiosa (art 27.3)

El Gobierno valenciano de extrema izquierda, formado por PSOE y Compromís, hace con esta ley de transexualidad especial hincapié en el adoctrinamiento a los menores y por ello el ámbito educativo es uno de los puntos esenciales de esta normativa.

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Siguiendo al pie de la letra los dictados de la agenda LGTBI impulsados por Obama para los países de la Unión Europea, la ley valenciana va más lejos que ninguna otra normativa autonómica y permitirá que los menores de edad puedan cambiar de sexo sin consentimiento paterno.

Los padres no podrán decidir sobre un aspecto de la vida de su hijo tan delicado y grave como este. De este modo, el tratamiento quirúrgico y farmacológico será pagado por la propia sanidad pública valenciana.

El aspecto educativo es el otro gran puntal de la ley y va en consonancia con el ataque a la educación concertada que el gobierno de PSOE y Compromís está llevando a cabo contra estos centros educativos.

Unos alumnos asisten a clase.
La ley pretende adoctrinar a los menores de edad

El anteproyecto establece que los colegios e institutos deberán redactar un Plan de Convivencia e Igualdad que incluya en los currículums contenidos sobre identidad de género. Con esta medida se impondrá por ley que la ideología de género sea enseñada y promulgada en las escuelas.

Multas y sanciones para quien no ceda a sus imposiciones

Y es aquí donde el ejecutivo valenciano vuelve a arremeter contra los colegios concertados puesto que el proyecto dice que los centros que no pongan en práctica estos contenidos podrán perder el concierto económico.

Incluso en el artículo 51, tal y como recoge Las Provincias, se establecen una serie de sanciones a todo aquel que no acepte estas imposiciones ideológicas del gobierno de izquierdas valenciano.

Si las autoridades consideran que una persona tanto física como jurídica ha cometido una falta grave con respecto a lo que establezca esta ley de transexualidad podrá ser multado con 3.000 euros. Pero también añade la prohibición “de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat por un periodo de un año” así como de “contratar con la Generalitat, sus entes autónomos o entes públicos por el periodo de un año”.

Si se considera falta muy grave la sanción puede llegar a los 45.000 euros y a los tres años el tiempo en el que no podrá percibir ayudas públicas

Si la Consejería de Educación considera la falta muy grave entonces la sanción puede llegar a los 45.000 euros y a los tres años el tiempo en el que no podrá percibir ayudas públicas o contratar con la administración.

Además, el texto que está preparando la izquierda establece la “inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios destinados a la prestación de servicios públicos”.

Por ejemplo, si un centro católico concertado, como hay cientos en toda la Comunidad Valenciana, se niega a enseñar que lo normal no es la heterosexualidad sino la diversidad sexual y que una niña puede tener pene si ella quiere o utilizar el baño de chicos porque se siente como tal¡ será multado y perder además el concierto.

Con esta ley de transexualidad el gobierno valenciano utiliza a este colectivo como pretexto para conseguir algo más importante: atar y controlar a los colegios concertados, modificar su ideario e ideologizar a los alumnos de estos centros.

Y es que esta ley viola muy a las claras la libertad de los centros educativos de establecer su ideario y de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos.

La ofensiva contra la educación concertada es una de las prioridades del gobierno valenciano, que no esperaba una respuesta ciudadana como la que se está produciendo. Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra estos ataques y más de 30.000 personas han firmado la petición de chequeescolar.org en la que se pide amparo al defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana. Y con esta nueva ley la sociedad valenciana se movilizará aún más.

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