La ideología de género niega la biología.
La ideología de género niega la biología.

La Ley de Violencia de Género no solo vulnera derechos del varón sino también del colectivo LGTBI. Entre otros los de las ‘mujeres con pene’. Empecemos con un caso concreto y real. Un hombre con disforia de género se declara mujer transgénero, y así lo confirma el sistema sanitario, posteriormente se une a otra mujer en Andalucía y los dos tienen un hijo. 

Al mes de nacer el niño, la madre se lleva al pequeño y acusa al primero de violencia de género, con una denuncia falsa. La Guardia Civil lo detiene, y le aplica el protocolo policial y judicial de VioGen, destinado a los hombres, a pesar de que ella era mujer transgénero, amparada por la Ley Integral para la No Discriminación por motivos de Identidad de Género de Andalucía (ley  2/2014, de 8 de julio). Resultado: fue derecha al calabozo.

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Cuando comparece ante la magistrada del Juzgado de Violencia de Género ésta no le deja declarar. Y a continuación le insta a que firme un papel admitiendo la acusación o, en caso contrario, seguiría en prisión preventiva hasta que se celebrara el juicio. Eso significaba pasarse entre rejas entre 3 y 6 meses, como le advirtió la juez. La mujer transgénero decide firmar porque teme pasarse todo ese tiempo en una cárcel de hombres, donde la pueden violar. 

Pidió al abogado de oficio que recurriera, pero éste le dijo que se había agotado el plazo. Durante casi dos años ha presentado distintas querellas pero no ha logrado que se le reconozca la presunción de inocencia, ni recuperar a su hijo, ni que se le resarza por los daños causados. 

Se le ha aplicado la Ley de Violencia de Género como si fuera hombre, cuando en realidad es una mujer con todas las de la ley -las leyes LGTBI, claro-. Una mujer transexual y de orientación lesbiana.  

Eso lleva a preguntarse por qué una ley que se titula de Género, no de sexo biológico, sino de Género, y que tiene un carácter inclusivo, discrimina a una clase de mujeres. ¿Por qué discrimina a las que tienen pene, como si fueran menos mujeres que las que tienen vulva?, cuando las leyes LGTB proclaman expresamente que las dos son mujeres igualmente, y protegen a todos los LGTB de la indefensión o el odio.

Las leyes LGTBI de diversas comunidades establecen  que la identidad de género es el sexo autopercibido por cada persona,  sin que deba ser acreditado ni determinado mediante informe psicológico o médico

El de la mujer transgénero de Andalucía, privada de sus derechos por una denuncia falsa, no es un caso aislado. Otras mujeres con pene sufren discriminación e indefensión por Violencia de Género. Los titulares de estos juzgados siguen considerándolos hombres, cuando las leyes de LGTBI de distintas comunidades autónomas (Madrid, Murcia, Galicia, Andalucía etc.) establecen que la identidad de género es el sexo autopercibido por cada persona,  sin que deba ser acreditado ni determinado mediante informe psicológico o médico, pudiendo corresponder o no con el sexo «asignado» en el momento del nacimiento. 

Algo parecido ocurre con aquellos hombres que se autoperciben de género femenino y asumen el rol tradicional femenino -crianza de los hijos, las labores del hogar etc.-, pero a los que la Justicia discrimina. 

Es el caso -también real- de un progenitor de Madrid que, desde hace años, lucha infructuosamente por la custodia de su hijo, asumida exclusivamente por su exmujer y madre del pequeño. La magistrada de Familia le impone una pensión de alimentos sin tener en cuenta que el progenitor carece de ingresos, porque estuvo en concurso de acreedores particular voluntario del 2010 al 2015 como persona física. La jueza insiste en que el progenitor oculta sus ingresos (sin prueba alguna) y que carece de capacidad para ocuparse de un menor. 

Le trata como si no existieran en la legislación española normas que protegen al colectivo LGTBI de la discriminación y el odio. Pero por más que el progenitor aporta documentos que muestran su condición de LGTBI, la magistrada hace caso omiso. 

Esta condición está acreditada por la pertenencia del progenitor a una organización LGTBI: la “Asociación Internacional por la Diversidad Sexual y de Género”.

Y el equipo psicosocial del Juzgado de Familia de Madrid, reconoció ya en 2011 -años antes de que se aprobaran leyes LGTBI- que asume el rol tradicional femenino (cuidando, en este caso, a su segundo hijo, fruto de un segundo matrimonio, ya que dispone de tiempo). 

A las madres que asumían el rol tradicional femenino, y se dedicaban a cuidar de sus hijos, no se las exigía una pensión de alimentos, pues aportaban su tiempo. Resulta incongruente que a este progenitor se le exija que pase una pensión, cuando también asume un rol tradicional femenino, cuidando a su segundo hijo. 

El problema es que la juez sigue tratando al progenitor como si fuera un hombre; y que la letrada de la progenitora duda que el progenitor forme parte del colectivo LGTBI, obviando que la ley es muy clara al respecto: el género lo decide el propio individuo, y no una abogada.

Es importante subrayar que -según la ley- una persona no tiene por qué dar explicaciones, ni justificaciones sobre su pertenencia al colectivo LGTBI. 

Por todo ello, el progenitor presentó una querella por LGTBfobia contra la progenitora y la abogada de ésta. Pero el juzgado de instrucción y luego la Audiencia Provincial inadmitieron la querella. 

Por usar su lenguaje ¿una mujer con pene no debe tener los mismos derechos que una mujer con vulva?

¿Por qué hay jueces que no aceptan leyes que protegen, entre otros, a quienes se declaran del  género femenino?, cuando tal decisión depende sola y exclusivamente del interesado, sin atender a otra cosa que “a la voluntad de la persona”, como señala textualmente la Ley madrileña contra la LGTBifobia

De todo ello, se puede deducir que chocan ambos tipos de ordenamientos -las leyes LGTBI y las que aplican los juzgados de Familia-. Todo indica que una de las dos tipos de normas están mal concebidas, pues presentan contradicciones y niegan derechos que la otra reconoce.

Un problema peliagudo para los legisladores y gobernantes que las han impulsado. Por usar su lenguaje ¿una mujer con pene no debe tener los mismos derechos que una mujer con vulva? ¿No tienen nada que decir los partidos políticos? 

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