Víctor Madrigal-Borloz, experto
Víctor Madrigal-Borloz, experto "independiente" en orientación sexual e identidad de género

En junio de 2011, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra se aprobó una resolución titulada “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género» que sería una de las piedras angulares de la «agenda LGBTI» y de la «ideología de género» tanto en Ginebra como en la política en los diferentes países. En el artículo escribiremos sobre este y otros eventos políticos, jurídicos o diplomáticos determinantes hasta el día de hoy.

Cuando se aprobó ya levantó mucha polémica y numerosos países se quejaron de la mala fe de los proponentes porque el título en las negociaciones era: «“La imperiosa necesidad de respetar los procedimientos y prácticas establecidas por la Asamblea General de Naciones Unidas en la elaboración de nuevas normas y su posterior integración en la legislación internacional de derechos humanos existente». Ese no sería ni la primera ni la última queja.

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Quienes tenían experiencia y visión de futuro estaban seguros de que, aunque los objetivos de esa primera resolución fueran luchar contra la violencia y la discriminación, la meta estaba mucho más adelante y que no pararían hasta conseguir los llamados «Derechos LGBTI+» que nadie sabía, ni sabe todavía, todas las implicaciones.

Evitar, reducir y, finalmente, eliminar completamente, la violencia es un objetivo loable y, sin ninguna duda, es necesario. No se debe permitir que haya torturas, violaciones o ataques contra ninguna persona y por ello la totalidad de los códigos penales del mundo sanciona y penaliza la violencia. Lamentablemente, en ocasiones hay impunidad jurídica o real. Excepciones y casos concretos muy lamentables cuya violencia nadie justificaría fueron la base de diferentes resoluciones, informes, discursos e iniciativas. La idea de base es que «amar en la diversidad» o ser LGBTIQ+ implica recibir violencia y ser discriminado y que hay que frenarlo.

Debemos considerar que objetar a una agenda política en general, y a la agenda LGBTI o a la ideología de género no implica estar a favor de la violencia. Se puede perfectamente estar en desacuerdo y no ser favorable a la violencia. Hay quienes proponen una dicotomía: o estás a favor de la «agenda LGBTI», que incluye «matrimonio homosexual», adopción por parejas del mismo sexo, cambio de sexo gratuito y pagado por el estado o estás a favor de la violencia. Sólo ofrecen esas dos alternativas.

En sucesivas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra desde junio de 2014 se aprobó el mandato de un Experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y se ha renovado su mandato hasta 2022. En la conclusión de su informe el pasado viernes 25 de junio indicó cuales han sido y serán los llamamientos globales de su mandato:

1) Por un mundo libre de criminalización de las relaciones homosexuales para 2030,

2) Por un mundo libre de terapias de conversión,

3) Por un mundo que acepte la diversidad de género basada en la autoidentificación como herramienta fundamental para combatir la violencia y la injusticia.

Hace dos semanas, en el diálogo interactivo tanto el experto independiente, Víctor Madrigal-Borloz, como los países occidentales u occidentalizados que hablaron insistieron en que el sexo no existe sino que existe un género «asignado al nacimiento» que durante la vida puede o no corresponderse con el género sentido con lo que la autoidentificación de cada persona es clave y que las otras personas, instituciones o Estados deben aceptar la autoidentificación de cada persona en cada momento concreto.

Dentro de su informe titulado: «El derecho de la inclusión» en su párrafo 91 reitera «la recomendación de que los Estados faciliten el reconocimiento legal de la identidad de género de forma coherente con los derechos a la no discriminación, a la igualdad de protección de la ley, a la privacidad, a la identidad y a la libertad de expresión, y que adopten todas las medidas necesarias para que dicho reconocimiento:

Se base en la libre determinación del solicitante;

Consista en un proceso administrativo sencillo;

No esté relacionado con requisitos abusivos, como una certificación
médica, la cirugía, los tratamientos, la esterilización o el divorcio;

Incluya el reconocimiento de las identidades no binarias en toda su
diversidad y especificidad;

Garantice que los menores tengan acceso al reconocimiento de su
identidad de género«.

Como se puede constatar, para el experto independiente de la ONU los Estados deben facilitar el reconocimiento legal de la identidad de género basándose en la libre determinación de quien lo solicite, de forma sencilla, sin demasiados requisitos (que considera abusivos) y extiende ese reconocimiento legal a menores. Las implicaciones jurídicas, legales, morales, sociales, económicas y políticas de tales medidas son enormes. Las justificaciones que dan quienes promueven la llamada «Ley Trans» en España, el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género del Consejo de Derechos Humanos de la ONU o quienes promueven la «ideología de género» y la «agenda LGBTI» no son convincentes o utilizan interpretaciones sesgadas de la legislación internacional a conveniencia.

Recordemos que, en la legislación internacional, el término género sólo se encuentra definido en el artículo 7.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: “se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede”.

Es obvio que las organizaciones internacionales, incluso por medio de informes no vinculantes y que carecen de fuerza legal, promueven ideologías, ideas y movimientos políticos que pretenden e incluso consiguen cambiar la legislación en los distintos estados. En España, la «Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans» está claramente influenciada por iniciativas, políticas, lobbies o grupos de presión y organizaciones internacionales. Si se llegara a aprobar, no deberán caber dudas, de que será un ejemplo a seguir y modelo para países europeos o hispanoamericanos. Negarlo sería una imprudencia y alejado de la realidad. Independientemente del tema, la influencia de las organizaciones internacionales en la legislación interna de los países es clara.

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Rubén Navarro es abogado y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Le encanta viajar y comunicarse con amigos de otras culturas e idiomas, además de un buen café por la mañana. Habla inglés, francés e italiano. En Ginebra desde 2011, ha trabajado con diplomáticos, legisladores y ONG en la defensa de la familia, la vida y la libertad religiosa en el Consejo de Derechos Humanos dela ONU. Es autor de un capítulo en el libro ‘La Batalla por la Familia en Europa’, coordinado por Francisco José Contreras.