La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ha interpuesto la que puede ser la primera denuncia contra un policía por detención ilegal en un asunto de violencia de género.

La denuncia se refiere al caso de Juan Antonio Luceño, el profesor que relató en una entrevista a Actuall cómo ha sido denunciado en 14 ocasiones por su exmujer, saliendo absuelto en todas ellas, pese a lo cual fue detenido a las puertas de su colegio ante la mirada de los alumnos, compañeros y padres.

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El secretario de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Manuel Oliete, señala a Actuall que, tras la del profesor Luceño, ya se están preparando una avalancha de nuevas querellas presentadas incluso por miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, detenidos por sus compañeros y absueltos de cualquier delito por violencia de género.

Parte de la ‘industria del maltrato’

Manuel Oliete denuncia que estas detenciones ilegales, que cuantifica como “masivas”, se suman al 87,7% de archivos y sobreseimientos de las denuncias de violencia de género, todo ello vinculado a la “industria del maltrato” controlada por los principales partidos políticos, lo que supone “un escándalo a nivel nacional”.

Desde la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción señalan que esta situación deriva en “una catástrofe social por el número de suicidios que vienen acompañando a este tipo de detenciones, y por el incremento incluso de muertes de mujeres por el efecto emulación”.

El problema es que, bajo el paraguas de la Ley de Violencia de Género, en cuanto una mujer denuncia maltrato, la Policía detiene al varón, de forma casi automática, sin hacer pesquisas. Aunque posteriormente se demuestre que la denuncia era falsa y sea archivada.

Pero el varón ya ha sufrido la humillación de ser esposado y -en algunos casos- el daño moral de pasar alguna noche en el calabozo, como le ocurrió al profesor Luceño. Y así lo denuncia la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción.

Eso significa que los agentes incumplen el protocolo… cuando se trata de denuncias de mujeres. Y no se puede decir que aquel no está perfectamente claro.

Los dos documentos que definen la actuación policial en estos casos son el ‘Protocolo de Actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género’ y la Norma Técnica número 1/2008 que se aplica en la Guardia Civil.

Lo primero es realizar “acciones de averiguación» sobre la situación de riesgo debido a su “relevancia para establecer las medidas policiales y judiciales”

Cuatros pasos definidos en la fase de Investigación

En el Protocolo se especifica cuatro pasos bien tasados.

  1. Realizar “acciones de averiguación» debido a su “relevancia para establecer las medidas policiales y judiciales”. Esto incluye la toma de declaración a la denunciante y a los testigos recabar “urgentemente información de los vecinos, personas del entorno familiar, escolar, Servicios Sociales, etc».
  2. Una vez hechas estas averiguaciones, se requiere “adoptar medidas específicas dirigidas a proteger la vida, la integridad física”.
  3. Se procede después a la “incautación de las armas o instrumentos peligrosos”.
  4. Y por último, “cuando la entidad de los hechos o la situación de riesgo lo aconseje, se procederá a la detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor».

El modelo de atestado en detenciones por violencia de género obliga a averiguar hasta 48 datos diferentes que necesitan de una investigación exhaustiva

Contenidos mínimos del atestado

El número de puntos que han de ser cubiertos para realizar el atestado precisa de una investigación exhaustiva que se hace imposible con la celeridad con la que se producen habitualmente las detenciones.

Se requiere un total de 48 datos: 18 informaciones relativas a la víctima y el agresor; 10 sobre el denominado “grupo familiar”; 7 datos patrimoniales y sobre la vivienda y 13 acerca de los hechos acaecidos.

El Protocolo además especifica que las declaraciones de la denunciante «han de ser contrastadas con la formulación de otras tantas preguntas al denunciado que permitan esclarecer los hechos de la investigación”.

Por otro lado, queda establecido que el atestado “debe recoger igualmente, las diligencias que sean necesarias para reflejar las actuaciones que hayan practicado la Policía Judicial y la Policía Científica para la averiguación y comprobación de los hechos denunciados”.

Cualquier hombre que sea denunciado por una mujer puede ser detenido por un agente de la autoridad. Eso no excluye a los propios varones que sirven en Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas y locales. En total, unos 200.000 agentes varones.

Precisamente son ellos lo que mejor conocen como se incumple sistemáticamente el Protocolo de Actuación (aprobado por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial).

Actuall se ha puesto en contacto con algunos agentes de la autoridad que han sido detenidos por denuncias que finalmente quedaron archivadas o sobreseídas

Actuall se ha puesto en contacto con algunos agentes de la autoridad que, además de conocer la dificultad en la aplicación de estas normas, han sido detenidos por denuncias que finalmente quedaron archivadas o sobreseídas.

En los próximos días iremos publicando algunos de esos testimonios que sirven para señalar un problema doloroso e injusto.

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