José Luis Martínez Almeida e Isabel díaz Ayuso, líderes del Partido Popular en Madrid. /A. Velázquez- Actuall
José Luis Martínez Almeida e Isabel díaz Ayuso, líderes del Partido Popular en Madrid. /A. Velázquez- Actuall

En pleno mes de agosto del verano más extraño de nuestras vidas la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso con la ayuda de Ciudadanos y bajo la atenta mirada de Vox, nos ha vuelto a sorprender. Y eso que nuestra capacidad de asombro estaba ya más que amortizada en lo que a privilegios LGTBI se refiere. 

Y es que el Boletín Oficial de la región publicó, el pasado 12 de agosto, una Orden de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que las ‘entidades sin ánimo de lucro’ soliciten subvenciones para realizar proyectos de “atención a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”.

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¿Y cuánto va a pagar a las entidades LGTBI el señor Reyero, que es el titular de la Consejería? Pues entre 30.000 y 50.000 euros por proyecto. El importe total y las ayudas y proyectos beneficiados lo sabremos cuando se concedan pero, no les quepa duda, que Actuall se lo contará. El dinero, recuerde amigo lector, sale del bolsillo de los residentes en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el mío.

Lo cierto es que la generosa oferta económica se ampara en las normas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes, cuando el Partido Popular gobernaba en solitario en Madrid

¿Y qué se va a subvencionar? Pues el coste del personal dedicado al proyecto LGTBI en cuestión, los suministros y materiales, las dietas y los gastos de transporte, los seguros exigidos en la convocatoria y otras “necesidades básicas” de los participantes en el proyecto LGTBI que pagamos los madrileños.

Para ser sinceros, esta convocatoria de ayudas públicas a entidades LGTBI no se puede atribuir únicamente al equipo de Isabel Díaz Ayuso ni de Ignacio Aguado, presidenta y vicepresidente de la Comunidad. Lo cierto es que la generosa oferta económica se ampara en las normas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes, cuando el Partido Popular gobernaba en solitario en Madrid. 

En concreto, las generosas ayudas económicas desarrollan “los derechos de las personas LGTBI” y son, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación d y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

Y la consecuencia de esta perorata retórica y melodramática es, señoras y señores, el diseño de “un conjunto de acciones subvencionables, que den cabida a actuaciones de atención, asesoramiento e información dirigidas de manera específica a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad”.

En la extensa justificación de la convocatoria de ayudas que ha publicado el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid se nos recuerda “la situación de discriminación y privación de derechos que las personas LGTBI han sufrido a lo largo de la historia”. También que “existen aún muchos obstáculos y barreras a los que las personas LGTBI se enfrentan a diario, siendo en muchas ocasiones víctimas de trato discriminatorio, vejaciones, agresiones o delitos de odio”.

Y la consecuencia de esta perorata retórica y melodramática es, señoras y señores, el diseño de “un conjunto de acciones subvencionables, que den cabida a actuaciones de atención, asesoramiento e información dirigidas de manera específica a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad”. 

Para este viaje, amigos, no necesitábamos alforjas. Se trata de justificar con un poquito de prosa (el relato, que dicen ahora), apelando a tragedias de origen milenario (les ha faltado citar la Biblia) y tono victimista, que se riega de millones -procedentes de las arcas públicas- a una serie de entidades LGTBI que realizan actividades dirigidas a favorecer a las personas LGTBI. Y lo demás es palabrería hueca.

No sé, querido lector, si usted vive en la Comunidad de Madrid. En todo caso, le cuento que la situación provocada por la pandemia, el COVID-19, ha golpeado duramente a los madrileños. Con 100.688 positivos detectados con pruebas PCR (datos a 19 de agosto de 2020), 15.304 fallecidos (que seguro que son más) y 423.538 personas en situación de desempleo. Con una caída del PIB en el primer trimestre de este año del 4% y un total de 81.000 ERTEs tramitados entre abril y junio). Y por si fuera poco, con más de 350.000 personas, un 6 % de la población residente en la región madrileña, alimentada por instituciones benéficas o servicios sociales de la Administración. 

No cuestiono las ayudas a personas vulnerables por infinitos motivos. Lo que me indigna es la injusticia y la discriminación de que un individuo, por ser LGTBI, sea beneficiado con prebendas y privilegios frente a cualquier otra persona

Pues en este contexto dramático y real, en el contexto de una crisis sanitaria, económica y social mundial sólo comparable a la de las últimas posguerras, vamos a financiar sus proyectos a las entidades LGTBI. Es lo que se llama “empatizar” (cursi término donde los haya) con las demandas de los ciudadanos. 

“Mujer, no se ponga así. Se especifica que son personas LGTBI en situación de vulnerabilidad, gente necesitada por tanto”, me puede decir algún amable y caritativo lector. No cuestiono las ayudas a personas vulnerables por infinitos motivos. Lo que me indigna es la injusticia y la discriminación de que un individuo, por ser LGTBI, sea beneficiado con prebendas y privilegios frente a cualquier otra persona. Vamos, que en función de la “identidad sexual” uno obtenga determinadas ayudas y otros que tienen otra “identidad sexual” (hombres y mujeres, por ejemplo) sigan mendigando o sobreviviendo como pueden. Ya sean huérfanos, viudas, separados y divorciados, personas con alguna discapacidad, desempleados, empresarios arruinados por la pandemia o ancianos abandonados.

No cabe mayor injusticia y discriminación que la que se ejerce contra el ciudadano de a pie en nombre de una supuesta igualdad y a favor de una minoría presuntamente agraviada desde hace milenios

Sin contar con un detalle nada insignificante: ¿cómo acredita una persona que pertenece al ‘colectivo LGTBI’? ¿Formando acaso parte del registro de socios de las entidades benefactoras? ¿Cuál es el indicador, el carné o el salvoconducto para obtener ayudas? ¿Acude un inspector a la habitación donde pernocta el sujeto? ¿O basta con llegar a la entidad sin ánimo de lucro que reparte beneficios y otorga prebendas y decir que ese día, justo ese que está abierta la caja para pagar, uno se siente LGTBI? Lo siento, pero me huele a chamusquina, timo o corruptela. Un Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.

No cabe mayor injusticia y discriminación que la que se ejerce contra el ciudadano de a pie en nombre de una supuesta igualdad y a favor de una minoría presuntamente agraviada desde hace milenios. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos del llamado centro-derecha, entusiasmado, aplaudiendo y pagando con nuestro dinero como un nuevo rico invitando a sus colegas a cenar en sitios caros.  

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