Al igual que hicieran con la ley de Transexualidad aprobada por la Comunidad de Madrid, los obispos de Getafe y Alcalá han querido dar una contundente respuesta a la extremista ley LGTBI de Cifuentes, que socava los derechos de miles de madrileños.
Conscientes del riesgo que corre la libertad con esta normativa los obispos Reig Plá, López de Andújar y Rico Pavés han hecho pública una nota dirigida a sus fieles en los que advierten de la ley aprobada por la presidenta madrileña con la unanimidad de la Asamblea.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLos prelados han dividido en seis puntos una valiente nota, sobre todo tras los duros ataques que recibieron con su anterior consideración sobre la ley de transexualidad.
En el primer punto los obispos madrileños afirman que «inspirada por una antropología no adecuada que niega la diferencia sexual varón-mujer y la unidad de la persona cuerpo-espíritu, esta ley se halla en contradicción con la moral natural, acorde con la recta razón, y pretende anular la enseñanza pública de la Biblia, del Catecismo de la Iglesia Católica y del resto del Magisterio de la Iglesia referido al designio de Dios sobre el varón y la mujer».
La ley supone «un ataque a la libertad religiosa y de conciencia» y una «censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias»
En segundo lugar los obispos de Getafe y Alcalá consideran sin ambages que la ley de Cifuentes supone “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” y una “censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones” así como un “atropello a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza”.
Del mismo modo, la nota deja muy claro que esta normativa que privilegia a una minoría de los ciudadanos frente a la inmensa mayoría de los madrileños es un “atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad, y a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aquello que crean necesitar”. Y es que la ley no permitirá las terapias que ayuden a personas a ser heterosexuales y prevé multas de hasta 45.000 euros.
En el tercer punto los obispos resaltan el poder de la dictadura del relativismo que impera en estos momentos en España. “Los partidos políticos del arco parlamentario, también los grandes sindicatos, la mayoría de los medios de comunicación y muchas de las grandes empresas quieren imponer ‘ideológicamente’ un `pensamiento único’ que anule la libertad y el coraje de buscar la verdad de la persona humana, en su unidad cuerpo-espíritu y en su diferencia sexual varón-mujer”, afirman.
Y es que los pastores de estas diócesis madrileñas creen que “cuando no se busca la Verdad, cuando no se respetan ni siquiera los argumentos de la biología inherente a la genealogía de la persona, se impone por ley la ideología -en este caso la ideología de género- y se coacciona la libertad con sanciones y persecución: nada nuevo bajo el sol”.
“Es necesario y urgente promover una acción conjunta de las familias y asociaciones católicas en orden a defender la libertad religiosa y de conciencia»
“No es tiempo de lamentaciones, sino de sanación”, aseguran los obispos en el quinto punto de la nota. Y aquí entra la sociedad civil y la valentía de los ciudadanos. En su opinión, “es necesario y urgente promover una acción conjunta de las familias y asociaciones católicas en orden a defender, con todos los medios legítimos y en todas las instancias que corresponda, la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones, la libertad de enseñanza y los demás derechos fundamentales, que, creemos, se conculcan gravemente en esta ley”.
Y es que citando al evangelista San Lucas los obispos agregan que “si nosotros callamos gritarán las piedras”.
Por último, los prelados hacen un llamamiento a los católicos de sus diócesis “comprometidos en el servicio de la política, de la sanidad y de la educación, así como a los esposos y padres de familia, a las personas consagradas y sacerdotes, a colaborar, cada cual según su propia vocación, en la edificación de una cultura que venza las mentiras de las ideologías y se abra a la verdad de la creación y de la persona humana, garantía ineludible de la libertad».
Lea aquí la nota íntegra sobre la ley LGTBI firmada por los obispos de Getafe y Alcalá
Así es una ley con tintes totalitarios
La Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó hace unas semanas por unanimidad la ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, más conocida como ley contra la LGTBfobia.
Es un texto con graves contraindicaciones constitucionales, comenzando por la premisa mayor: se titula Ley contra la Discriminación, pero discrimina a la inmensa mayoría de los ciudadanos que no son ni gays, ni lesbianas, ni transexuales; y no sólo eso, sino que los persigue y los multa.
La normativa no prueba que exista discriminación hacia gays y lesbianas. Todo el proyecto se apoya en… humo. Alegan que existe discriminación hacia el colectivo LGTBI y esa es la justificación de este proyecto. Pero no aportan ni un solo dato.
Además, la norma es claramente discriminatoria al convertir al LGTBI en privilegiado. El proyecto pretende luchar contra la discriminación, pero al hablar de discriminación positiva para los LGTBI, los está convirtiendo… en privilegiados.
¿Por qué tiene que ondear la bandera arcoíris en la sede de la Presidencia y de la Asamblea de Madrid, y no la banderita de cualquier otro colectivo, como un club deportivo, una asociación vecinal? Ese artículo del proyecto deja en evidencia cuál es la intención de la norma: privilegiar a una minoría.
La ley se lleva por delante un principio básico del Estado derecho: la presunción de inocencia, que también recoge la Constitución
Uno de los aspectos principales es que se carga la presunción de inocencia. La ley se lleva por delante un principio básico del Estado derecho: la presunción de inocencia, que también recoge la Constitución (art. 24.2) “(Todas las personas tienen derecho)… a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y la presunción de inocencia”.
La ley madrileña invierte ‘la carga de la prueba’, es decir, el acusado de discriminar a otros por orientación sexual, identidad o expresión de género tendrá que presentar las pruebas que demuestren su inocencia.
Además, vulnera el derecho de los padres a elegir la educación a sus hijos. Al incluir contenidos LGTBI en los planes de estudios, incorporando la realidad lesbiana, gay bisexual, transexual, transgénero e intersexual.
Es decir que los escolares deberán aprender esos contenidos, incluyendo los “distintos modelos de familia”. Según la ley, se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos.
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FIRMA contra el adoctrinamiento infantil que supondrá la nueva ley aprobada en la Asamblea de Madrid: https://t.co/HfFA0fzfCb
— HazteOir.org (@hazteoir) 7 de agosto de 2016
