Las autoridades habían rechazado la petición de una pareja para adoptar por sus creencias religiosas.
Las autoridades habían rechazado la petición de una pareja para adoptar por sus creencias religiosas.

La odisea de una pareja C.D. y N.D., comenzó en octubre de 2016. No tenían hijos y no iban a ser capaces de concebirlos por complicaciones médicas. La propia N.D. había sido adoptada. Por ese motivo solicitaron en ese mes la adopción de un niño. Su caso fue asignado a los Servicios Sociales Católicos en Edmonton, Canadá, que comenzaron el estudio de la pareja para finalmente considerarles aptos para la adopción.

El siguiente paso fue notificarlos a los Servicios para la Familia y la Infancia. En marzo de 2017 les notificaron que querían hacerles más preguntas en relación con su postura sobre la sexualidad. Habían detectado que la familia era cristiana evangélica y que su postura sobre el matrimonio y la sexualidad tenía connotaciones de la Biblia. La pareja reiteró su compromiso a querer al hijo que recibieran con un amor incondicional y con respeto hacia lo que el niño eligiera.

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Una semana después de retiró su visto bueno inicial y finalmente se les comunicó que no podían adoptar a causa de sus creencias ya que no serían capaces de «ayudar» a un niño que «tuviera problemas con su identidad sexual«. En la carta no se indicó por qué la pareja sería incapaz de ayudar a su hijo en ese caso.

Esa decisión violaba «el derecho a la libertad religiosa y de igualdad de todos los canadienses» recogidas en la Carta Magna

En el mes de mayo, el equipo de los Servicios para la Familia y la Infancia confirmó que no podían adoptar porque sus creencias religiosas serían un «rechazo» para un niño que tuviera una identidad sexual LGTB.

Ante esta decisión final, la pareja acudió a la Justicia al considerar que esa decisión violaba «el derecho a la libertad religiosa y de igualdad de todos los canadienses» recogidas en la Carta Magna y en la propia Carta de Derechos y Libertades de Alberta.

Los Tribunales ha dado finalmente la razón a la pareja y ha declarado que la decisión tomada por los Servicios para la Familia y la Infancia es «no es razonable, está vacía por su arbitrariedad, es tendenciosa, en mala fe,a demás de violar la imparcialidad procesal y la justicia natural».

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