Pulsera telemática para protección de mujeres amenazadas /EFE
Pulsera telemática para protección de mujeres amenazadas /EFE

La gestión de las pulseras telemáticas como elemento de protección de mujeres amenazadas por varones es «el elemento material, objetivo y cuantificable que demuestra que los gobiernos de España no tienen la menor intención de proteger efectivamente a las mujeres en situación de riesgo«, tal y como señala un informe elaborado por Jesús Muñoz, creador de la web malostratosfalsos.com y José Antonio Pallero, autor de ‘Yo maltratado(r). La increíble historia de Papá Maravilla‘.

El uso de pulseras telemáticas para el control de los agresores se puso en marcha cuatro años después de aprobada la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género. Fue el 21 de noviembre de 2008 cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega anunció que al año siguiente se destinarían 5 millones de euros para este fin.

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En efecto, en el mes de julio de 2009, los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior firmaron el acuerdo para la implantación de las pulseras telemáticas para órdenes de alejamiento superiores a 500 metros. 

Según el informe de Muñoz y Pallete al que ha tenido acceso Actuall, tanto la implantación, como el seguimiento o la actuación en casos de incidencias no fue encargado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que a través de un concurso público se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas conformada por dos compañías de Telefónica España, que subcontrató a la aseguradora Securitas Direct. 

Se estableció un centro de llamadas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón desde el que sus trabajadores (sin formación específica en la materia) atendían las incidencias del servicio, intemediando con la Policía y la Guardia Civil.

Los terminales están obsoletos al menos desde 2013, cuando se implantó la tecnología 4G

Tecnología obsoleta

El informe ‘Las pulseras telemáticas. La gran mentira del Estado sobre la violencia de género’ pone de relieve que las 3.000 pulseras se compraron con tecnología obsoleta, son infrautilizadas y están en su mayoría inutilizadas.

En 2009 se adquirieron a la empresa estadounidense 3M 3.000 pulseras que transmitían datos a través de Radiofrecuencia o tecnología 2G y 3G. Pese a que cuatro años más tarde se instaló en toda España la tecnología 4G, no se realizó ninguna mejora, por lo que los terminales están desde entonces obsoletos, o al menos ofreciendo un servicio muy por debajo de lo que podría ser en beneficio de las mujeres amenazadas.

Más allá de su obsolescencia, Muñoz y Pallero inciden también en el hecho de que las pulseras telemáticas apenas se había usado, como reconoció en 2016 el propio Estado: el 73% de las pulseras no estaba siendo usado.

Tan es así, que tanto el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava,Jesus Izaguirre; la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Ángeles Carmona; y la fiscal adscrita a la Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato reconocían en 2015 y 2016 el escaso uso que se estaba dando a las pulseras telemáticas.

El Gobierno reconoció que «a 31 de diciembre de 2017 el número de equipos de dispositivos de imposible utilización» ascendía a 1.902 de los 3.000 originales

«Estos dispositivos electrónicos no son útiles. Tiene años y no sirve, dan más problemas de los que solucionan y son las propias víctimas las que piden que se les retiren porque no les solucionan nada», explicaba Izaguirre.

Soleto reconocía por su parte que los dispositivos «nunca han sido muy apreciados. Los brazaletes han tenido problemas desde su implementación» mientras que Carmona señalaba que «en las poblaciones pequeñas no se suele usar porque si el términoes pequeño saltan las alarmas».

Peramato añadía a este diagnóstico que «los fiscales y jueces no piden el dispositivo cuando la medida cautelar o pena es inferior a 500 metros».

El 63,4% de las pulseras telemáticas, fuera de juego

En septiembre de 2017, casi una década después de que se empezaran a utilizar, el Gobierno de Rajoy autorizó la contratación de un nuevo servicio integral paralas pulseras telemáticas, con un presupuesto de 27,45 milones de euros para seis años. La idea entonces era «dar continuidad a este servicio, con tecnologías más modernas».

A dicho contrato púiblico no se presentó ninguna empresa, por lo que fue declarado desierto a finales de 2017. A comienzos de 2018 se publicó un nuevo pliego de condiciones para el contrato, que rebajaba algunas de las exigencias (como la obligación de tenr quesustituir las viejas pulseras por las nuevas en cuatro semanas) y aumentaba un 10% el presupuesto.

En aquél pliego se reconocía que «a 31 de diciembre de 2017 el número de equipos de dispositivos de imposible utilización» ascendía a 1.902 de los 3.000 originales, lo que representa un 63,4% del total. En concreto, 987 terminales estaban perdidos o robados y 924 se declaraban «irreparables».

Muñoz y Pallero concluyen a la vista de los datos, que «los Gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez no se han preocupado de verdad en proteger a las mujeres en situaciones de riesgo dentro de la Violencia de Género». A su juicio, «una niña de 12 años que juegue conun smaretphone tiene en sus manos más tecnología (4G) que las 1.000 mujeres que tienen este mecanismo de protección».

Con todo, la mayor preocupacion de los autores del informe ‘Las pulseras telemáticas. La gran mentira del Estado sobre la violencia de género’ es que la gestión de las pulseras telemáticas no se encuentre controlada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, sino por empresas privadas subcontratadas.

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