El presidente del Senado de España, Pío García Escudero. /Wikimedia
El presidente del Senado de España, Pío García Escudero. /Wikimedia

La aprobación el pasado mes de agosto del Real Decreto con el que le Gobiero pretende desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de Género y su tramitación actual como proyecto de ley, ha puesto en guardia a numerosas entidades ciudadanas.

Al menos 31 de ellas, que agrupan a personas que trabajan por la aplicación de la custodia compartida en beneficio de los menores en procesos de ruptura familiar, así como por ayudar a los varones que se enfrentan a las arbitrariedades y trucos procesales que devienen de la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de Género, se han dirigido al presidente del Senado, Pío García Escudero, para  que tome posición como cuarta autoridad de la nación tras el Rey, el presidente del Gobierno y la presidenta del Congreso.

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A juicio de las entidades solicitantes, existen dos peligros principales en este proyecto de ley.

El primero, la modificación del artículo 23 de la Ley Intergal de Medidas contra la Violencia de Género, que extiende la potestad para determinar una situación concreta de ‘violencia degénero’ a informes de «los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a vícitmas de violencia de género de la Administración Pública»

«No puede dejarse en manos de entes administrativos indeterminados, en momentos indeterminados y en circunstancias indeterminadas el reconocimiento de víctimas de violencia de género»

Esta disposición es criticada por esta treintena de organizaciones tanto en el fondo como en la forma. En concreto, se expone que «se deja un margen excesivamente amplio de potestad administrativa, hasta el punto de que podría entenderse que cualquier servicio y cualquier miembro de la administraciónpodrá determinar la condición de víctima violencia de género». 

De ser así, se producirá una «laguna legal» que será fuente de «inseguridad jurídica que dará lugar a conflictos interpretativos». «No puede dejarse en manos de entes administrativos indeterminados, en momentos indeterminados y en circunstancias indeterminadas el reconocimiento de víctimas de violencia de género», subrayan.

Pese a que la potestad de condena por un delito es exclusiva de los jueces, esta nueva norma puede conllevar «unas consecuencias perniciosas ytorticeras de por sí muy perjudiciales para la persona señalada» por el mero informe no judicial de una «situación de violencia de género», lo que implica un supuesto culpable y por tanto, una estigmatización en su entorno antes de una sentencia.

«¿Dónde queda el derecho del varón a defenderse de las manifestaciones de una mujer?», se preguntan, al tiempo que recuerdan que la Constitución española reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.

Patria potestad en peligro

Las 31 organizacioens que se han dirigido a Pío García Escudero, subrayan en segundo lugar el peligro de la modificaicón propuetsa del artículo 156 del Código Civil que supone la modificación de la institución de la patria potestad, que podrá ser retirada a uno de los progenitores «en escenarios jurídicos indeterminados» y «sustrayendo a los tribunales la potestad de decidir en sede de medidas cautelares o expediente contradictorio de jurisdicción voluntaria».

Así, «bastará la simple denuncia de violendia de género o violencia doméstica para que el denunciado o denunciada no pueda decidir sobre sus hijos, sin que esté a la resulta del procedimiento judicial», se explica.

Se acusa al Ministerio Fiscal de «inacción» frente a las denuncias instrumentales ya que «sólo en casos excepcionales, los que se teme que se puedan hacer públicos, deducen testimonio contra la mujer que ha acusado falsamente

Denuncias falsas e infundadas

Por otro lado, se le recuerda al presidente del Senado en la misiva que «actualmente existe mayor facilidad para que la mujer denuncie el varón, aunque esa denuncia sea falsa o infundada», de tal forma que la madre «tenga tiempo de influir negativamente en su progenie, conel fin de impedir o dificultar la relación paterno filial».

Por otro lado, se denuncia que en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial «nunca se hable de las causas sobreseídas» y se acusa al Ministerio Fiscal de «inacción» frente a las denuncias instrumentales ya que «sólo en casos excepcionales, los que se teme que se puedan hacer públicos, deducen testimonio contra la mujer que ha acusado falsamente, incluso ante la existencia de pruebas y evidencias».

Vulneraciones constitucionales

Las más de 30 organizaciones cívicas en defensa de la custodia compartida y la  igualdad efectiva que se han dirigido a García Escudero exponen asimismo que el proyecto de ley provoca discriminación por razón de sexo contra los varones; vulnera la tutela judicial efectiva; habilita una suerte de «tribunales de honor» prohibidos por el texto constitucional; e impide la obligación de los poderes públicos de asegurar la «protección integral de los hijos».

Las asociaciones que se han sumado a esta iniciativa son:

1. Segundas Mujeres e Hijos por la Igualdad 2. Cádiz Asociación por la Defensa de la Igualdad Efectiva CADIE 3. Córdoba para la Defensa de la Igualdad Efectiva CODIE 4. Asociación Custodia Compartida Las Palmas 5. Movimiento Femenino por la Igualdad Real 6. AIRE, Asociación por una Igualdad Real y Efectiva de Cartagena 7. Albacete Custodia Compartida Málaga por los Derechos Del Menor y Familia 8. Asociación por los Derechos de los Niños Custodia Compartida Villanueva de la Serna 9. Asociación Contra la Sustracción Internacional de Menores ACSIM 10. Asociación de Padres de Familia Separados APFS 11. Asociación por los Derechos de los Niños Custodia Compartida Extremadura 12. Asociación Pro Derechos del Niño SOS Papá 13. Asociación de Abuelos en lucha por sus Nietos 14. Asociación por los derechos de los niños custodia compartida Badajoz 15. Asociación de Padres y Madres Separados 16. Asociación Despertar Sin Violencia a Nivel Nacional 17. Asociación Custodia Compartida Tenerife 18. Federación Canaria de Asociaciones de Custodia Compartida Favor Filii 19. Asociación Custodia Compartida Lanzarote 20. Asociación Nacional de Afectados por el Síndrome de Alienación Parental 21. APFSIB, Asociación de Padres de Familia Separats de les Illes Balears 22. Granada por la Custodia Compartida Ya!!! 23. Rincón de la Victoria por la Custodia Compartida Ya 24. Custodia Compartida por Nuestros Hijos

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