Numerosos profesionales están en la diana de la Ley Mordaza LGTBI impulsada por Podemos en el Congreso.
Numerosos profesionales están en la diana de la Ley Mordaza LGTBI impulsada por Podemos en el Congreso.

La proposición de ley de Podemos, conocida como Ley Mordaza LGTBI, se presentó el 12 de mayo de 2017 y, tras el rechazo a la enmienda a la totalidad que presentó el Partido Popular y la admisión a trámite de ley, comenzó el periplo legislativo que acabará en una ley que en lugar de ayudar a evitar discriminaciones, lo que va a hacer, al menos en su escrito actual, es transgredir el principio de igualdad constitucional.

Esto es lo que ha destacado el jurista y notario José Javier Castiella en el análisis que ha realizado de la proposición de ley donde muestra que muchos aspectos llaman la atención y que, entre ellos, dos destacan sobre los demás: el amplio elenco de definiciones y el régimen de infracciones y sanciones.

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En el primero de los aspectos aparece la definición de discriminación indirecta, que se da «cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar». Según este concepto, la ayuda que incentive la natalidad o tenga relación directa con ella, podría interpretarse como discriminación indirecta.

Castiella: «Con esta nueva ley, para el legislador, el miembro del colectivo LGTBI es víctima inocente siempre y el demandado, culpable, si no demuestra su inocencia»

Y otra discriminación, en este caso positiva, que constituye una protección jurídica o económica, que encaja más en el campo de determinados privilegios que en la igualdad que emana de la Constitución. De esta manera, se da una protección, promoción e imposición de ideas discutibles a nivel social.

Según Castiella, «la parte más evidente se encuentra en el decaimiento de la presunción de inocencia de la persona demandada. Con esta nueva ley, para el legislador, el miembro del colectivo LGTBI es víctima inocente siempre y el demandado, culpable, si no demuestra su inocencia».

En su análisis, el jurista muestra cómo la nueva ley, en su primera redacción, afectaría a distintos sectores de la sociedad. En concreto, señala ocho:

1.- Educación

Según la ley de Podemos, se realizará un plan integral de educación en el que se proteja el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar de manera transversal en todas las asignaturas. En Infantil  se incluirá la diversidad familiar, en Primaria la diversidad sexual en Conocimiento del Medio y en Secundaria el movimiento LGTBI en Historia.

Tal y como afirma José Javier Castiella «en el desarrollo del menor, entre los 3 y los 4 años se produce la autoconciencia de identidad sexual y en la pubertad, a partir de los 12 años, surge el impulso sexual con un cierto grado de indeterminación inicial. Es en estas edades, de especial vulnerabilidad, en las que se incluyen los contenidos educativos lgtbi»

Además, en las bibliotecas del centro se incluirán libros LGTBI para todas las edades, tal y como se incluye en el artículo 45 de la ley, lo que según Castiella es «publicidad lgtbi que sobra».

Para ofrecer esta formación la Administración impartirá cursos a los profesores, además de cursos de sensibilización a padres los colegios, tal y como indican los artículos 40, 41 y 42 de la propuesta de Podemos. Pero para el jurista, «estos cursos deben ser voluntarios».

Los baños podrán usarse según  «la identidad de género sentido», y usar el nombre elegido

Además, los baños podrán usarse por todos los miembros de la comunidad escolar según  la «identidad de género» sentido y usar el nombre elegido. En este sentido, el experto considera que «habría que distinguir: respecto de los menores, tratarlos conforme a su sexo biológico (la explicación científica dad por pediatras y psiquiatras debe facilitarse a quien la necesite); en cuanto a los adultos, tratarlos confirme a su sexo legal.

Otro de los aspectos de la ley indica que la concesión de subvenciones y ayudas a los centros dependerá del cumplimiento de esta ley en los centros. Pero para Castiella, esto hace «imposible un centro educativo con un ideario que no sea LGTBI, máxime si pretende, como es derecho de los padres, contar con la ayuda del Estado en la educación».

«Entiendo que si la proposición de ley sobre ideología de género tiene el apoyo social necesario para iniciar su andadura legislativa, respetando a quienes la defienden, debe enmendarse el proyecto para respetar también a quienes no la comparten», afirma el experto. «El respeto al derecho-obligación de los padres respecto de la educación de sus hijos contenido en el artículo 27 de la Constitución y la consiguiente libertad de erección de centros educativos de ideario, con libertad de ideario dentro del marco constitucional, conlleva el respeto a la libertad de padres y educadores en una doble dirección: la de los padres y educadores que, defendiendo como progreso la ideología de género, la eligen como mejor ideario educativo y la de quienes, en sentido contrario, no la quieren para sus hijos y educandos», concluye José Luis Castiella.

«La responsabilidad de la educación y las condiciones adecuadas para el óptimo desarrollo del menor corresponden a sus padres o representantes legales y, por delegación de estos, a los educadores elegidos por aquellos», insiste el experto.

2. Sanidad

Para los trabajadores de la Sanidad, el artículo 16 impone que los profesionales sanitarios que detecten cualquier discriminación lgtbi la obligación de informar a las autoridades  competentes. Pero para José Luis Castiella, «habrá que ver en qué consiste el protocolo de actuación específico».

Se despatologiza la realidad transgénero, pasando a ser aceptada como manifestación de la diversidad humana

Además, en el artículo 20.3 se despatologiza la realidad transgénero, pasando a ser aceptada como manifestación de la diversidad humana. Sin embargo, para el jurista, «considerar que la discordancia entre el sexo biológico y el sentido por una persona es una patología puede ser científicamente discutible pero imponer una de las opciones como la única posible y tipificar la otra como infracción grave es injusto y supone confundir patología con culpabilidad».

Además, se sancionará gravemente las terapias de reversión, negando a las personas que quieran hacerlo su propia identidad u orientación sexual. Esto implica para Castiella que esa norma sea «inconstitucional respecto del miembro lgtbi al que se niega capacidad de obrar para decidir sobre su propia identidad u orientación sexual». Además, «está contradicha por la realidad de que el cambio en la orientación sexual es posible, si el sujeto lo desea voluntariamente y ayudarle técnicamente no debe en ningún caso considerarse ilícito ni sancionable», asegura.

3. Funcionarios

Todos los funcionarios de la Administración General de Justicia, y principalmente los de Justicia, deberán formarse sobre la diversidad sexual y de género y tratar a las personas transexuales según su identidad sentida.

4. Empleadores

La intención es ofrecer igualdad de oportunidades pero se produce una discriminación positiva de las personas LGTBI. Recabar información sobre el personal a contratar, especialmente si hay que conocer actitudes personales, se consideraría una falta grave.

Cualquier miembro LGTBI podría, por la extensión del concepto de discriminación, alegar que si le despiden o no le contratan en una empresa es por discriminación LGTBI

En ese sentido, según el jurista, «será muy difícil, para cualquier empleador, no incurrir en alguno de los supuestos de falta grave o muy grave» que han señalado en la ley . Casi cualquier miembro LGTBI podría de una manera u otra, por la extensión del concepto de discriminación, alegar que si le despiden o no le contratan en una empresa es por discriminación LGTBI.

Por eso mismo, para el experto «deben hacerse algunas matizaciones: si la orientación sexual va ligada a determinados comportamientos, no será aquella sino estos los que pueden ser causa justificada de un despido laboral».

5. Empresarios de restauración y espectáculos

El derecho de admisión pierde su sentido, pues como dice Castiella «el derecho de admisión siempre comporta una discriminación de aquellos a los que su titular excluye», de manera que si se aplicara al colectiva LGTBI, debería aplicarse en todos los locales y, en definitiva, eliminar el derecho de admisión.

Castiella expone un ejemplo clarificador: «Que un club homosexual excluya heterosexuales no está prohibido por ninguna ley. Por recíproca razón entiendo que debería poder ocurrir lo mismo a la inversa», afirma.

6. Medios de comunicación

Los medios que reciben dinero de la Administración General del Estado, que son casi todos, deberán divulgar y transmitir respeto a la diversidad sexual. De esta manera, todos aquellos medios críticos con esta ley, deberán pasar por el aro, en muchos casos, para sobrevivir.

Como explica Castiella, «con el dinero de todos se promueve, divulga y publicita gratuita e imperativamente la ideología de género y el colectivo lgtbi. Es esta una norma absolutamente rechazable». Y es que según afirma el jurista, «ni siquiera se limita a prohibir la discriminación. Se convierte netamente en un imperativo publicitario y divulgador».

¿Describir una realidad biológica -«los niños tienen pene y las niñas vagina» sería una ofensa y una vejación? La experiencia del autobús de HazteOir.org nos muestra que sí

Además, se sancionarán las ofensas y vejaciones. El mismo Castiella se pregunta si «describir una realidad biológica amparada en los conocimientos científicos sobre la materia de que se trata, distinguiendo y respetando en todo caso a las personas, pero calificando fría y rigurosamente, conforme a su realidad fáctica los hechos, actitudes y comportamientos» como por ejemplo que los niños tienen pene y las niñas vagina» sería una ofensa y una vejación. La experiencia del autobús de HazteOir.org nos muestra que sí.

7. Profesionales del deporte

Afecta especialmente a la categorización en los deportes de masculino y femenino. El deporte sufrirá un dopaje en su base si como pide la ley, «se considerará a las personas transexuales y transgénero de acuerdo con su identidad sentida a todos los efectos». De esta manera las diferencias biológicas de constitución entre hombre y mujer sentarán «las bases para un fraude legal», según el experto.

Y además, «si alguien -un deportista- se permite criticarla (la ley reguladora) de algún modo será sancionado», afirma Castiella.

8. Padres de menores

Aunque los padres de familia no son un sector social, Castiella se detiene también en ellos ya que según él, «el criterio del legislador de tratar al menor trans según su identidad sexual sentida supone un perjuicio para éste y, de rechazo, para sus padres que, si se informan bien al respecto, querrán para su hijo otra estrategia de trato al error de género confuso de su hijo/a».

«Esta norma priva a los padres de la patria potestad como facultad tuitiva del hijo menor de edad, en una cuestión de enorme trascendencia para su futuro»

«Esta norma priva a los padres de la patria potestad como facultad tuitiva del hijo menor de edad, en una cuestión de enorme trascendencia para su futuro y a los propios menores, les hace el regalo envenenado de poder decidir durante su minoría de edad, sin contar con quienes más les quieren y pueden protegerles, sobre una cuestión de suma importancia», afirma el autor del análisis.

Por último, otro campo que también se vería afectado son las confesiones religiosas. Para Castiella, «muchos de sus contenidos normativos contradicen principios básicos de fe y moral de las tres religiones monoteístas: cristianismo, islam y judaísmo que, en su conjunto, engloban a la inmensa mayoría de la población española».

Además, «frente al concepto de  persona dotada de una sexualidad biológica ligada a una naturaleza antropológica binaria que lo define como hombre o mujer, la ideología de género que inspira esta ley sustituye la naturaleza, que le viene dada al hombre y la mujer, por la autonomía para definirse sexualmente sin referente biológico determinante de modo que cada persona define su género y la sociedad acepta esa decisión del individuo y se presta a cambiar lo que, en la biología de esa persona, contradiga su decisión de identidad u orientación sexual sentida», concluye José Luis Castiella.

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