«Amenaza para la libertad», «innecesaria», «sin motivación», «amenazante y sancionadora», «totalitaria», «sectaria», «discriminadora»… Un chorreo. El proyecto de ley para «garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad de Castilla y León» ha cosechado una catarata de comentarios negativos en el preceptivo proceso de consulta pública que concluyó este miércoles.

El rechazo a la ley LGTBI en Castilla y León es masivo en el canal oficial de consulta, no sólo porque el número de comentarios negativos es muy superior, sino porque además las aportaciones que rechazan la tramitación de una ley de estas características son las que más apoyos han recibido de los ciudadanos que han participado en el proceso.

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Entre las 40 aportaciones más votadas, sólo 2 apoyan la pretensión del gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos y recaban menos de 190 votos. Por su parte, la más votada de todo el escalafón (con cerca de 10 veces más respaldo), elaborada por el Foro de la Familia de Castilla y León considera que la ley LGTBI de Castilla y León «presentaría un error conceptual de partida, supondría una amenaza para la libertad y sería innecesaria por redundante».

Cuatro son los argumentos que aporta la opción preferida por los viejos castellanos y que rechaza la ley LGTBI.

Errores conceptuales

En primer lugar, se critica el «error conceptual» que supone «considerar que hay personas LGTB, como si fuesen una categoría distinta de las personas a secas y con derechos distintos que los de los demás». A esta confusión, se añade otra: «se pretende dar el mismo tratamiento a la persona, a su comportamiento sexual y a ciertas opiniones (las propias del movimiento LGTB) sobre la sexualidad, cuando de hecho son tres realidades distintas».

En este sentido, se argumenta que las personas en cuanto tales merecen respeto «siempre»; que las conductas sexuales «son respetables si no incurren en materia delictiva, pero no es discriminatorio un juicio crítico sobre ellas»; y que «respecto a las opiniones en materia de sexualidad, se aplica la libertad de pensamiento e ideológica sin más límites que los generales de estas libertades».

Amenaza para la libertad

En segundo lugar, se critica que la ley permite «que se identifique el rechazo a las teorías de género o la no adhesión a dicha visión de la sexualidad como discriminación hacia las personas que sí la secundan», de tal forma que se privilegia una forma concreta de entender la sexualidad.

«Todo lo que tiene que ver con la conducta sexual no define a la persona, sino que expresa su libertad. Con estas leyes será posible perseguir la discrepancia de opiniones sobre sexualidad y conductas sexuales como si de discriminación a las personas se tratase», se añade.

Redundancia e inseguridad jurídica

La pretendida ley LGTBI en Castilla y León tanmbién es criticada porque, como el resto de leyes del mismo carácter aprobadas en tras comunidades autónomas, no suponen ninguna novedad normativa, ya que se limitan a «reproducir lo que ya recogen los Tratados internacionales, la CE y la normativa antidiscriminación europea y española respecto de todos los seres humanos, pero aplicado específicamente para las personas denominadas (por dichas leyes) LGTBI».

En este mismo ámbito, se alerta de que la ley creará inseguridad jurídica ya que utiliza «un lenguaje no estandarizado, de interpretación discutible», en el que se describen «potestades y competencias administrativas igual de vagas» y se establecen «infracciones tan poco definidas que todos podemos ser considerados infractores por el mero hecho de ejercer derechos fundamentales básicos».

Abandono de la neutralidad de la Administración

Por último, se señala que «el concepto de visibilidad obligatoria equivale a imposición totalitaria» ya que «las leyes y las administraciones no pueden apoyar, hasta el punto de hacer suya e imponerla al conjunto de la sociedad, una visión concreta de la sexualidad, ya que esto es incompatible con una sociedad plural y libre».

En la pasada legislatura el Partido Popular bloqueó las propuestas legislativas de la izquierda en esta materia, pero en el acuerdo de coalición de gobierno con Ciudadanos tras las últimas elecciones autonómicas está previsto impulsar una ley LGTBI.

Según el gobierno castellanoleonés, «la ley pretende garantizar plenamente la igualdad real y efectiva de los derechos de las personas (…) LGTBI+, previniendo y eliminando cualquier discriminación derivada de la orientación sexual y la identidad de género» y se justifica como «respuesta a la demanda social existente», que queda en evidencia en el propio proceso de consulta pública.

El gobierno de Partido Popular y ciudadanos no aprecia «ninguna solución alternativa» regulatoria o no regulatoria para la consecución de los objetivos de la ley LGTBI.

Por su parte, la asociación HazteOir.org ha puesto en marcha una campaña dirigida a Alfonso Fernández y Francisco Igea en la que los ciudadanos les reclaman que «frenen el desarrollo de la ley LGTBI que tienen pensado para Castilla y León. Abandonen este proyecto destructivo que consiste en adoctrinar a cuantos se pueda en ideología de género, dañando a cuantos se encuentran sometida a ella».

La campaña ya ha concitado el apoyo de más de 12.000 ciudadanos y puede ser firmada en la web de HazteOir.org.

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