«En defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y res sacra católicas (que es parte inseparable de nuestra libertad religiosa) le comunico que esta abadía no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una res sacra (sepultura)».

Así de contundente responde el prior de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos Santiago Cantera O.S.B. a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, después de que le diera un plazo de cinco días para comenzar los trabajos de exhumación del general Francisco Franco, cuya sepultura está situada en la parte posterior del altar mayor del templo por orden del Rey Juan Carlos I a la muerte de su predecesor en la Jefatura del Estado.

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En una misiva estructurada en seis apartados, el prior alega que «los bienes inmuebles del Valle de los Caídos pertenecen a la Fundación de la Santa Cruz» y parte de ellos, incluida la basílica -que tiene consideración jurídica de «lugar de culto»- fueron cedidos en administración a esta Abadía».

Respecto a la Sentencia del Tribunal Supremo que autoriza la exhumación del general Franco, y que el gobierno presenta como aval de sus intenciones, Cantera considera que han demandado «vulneraciones de derechos fundamentales cuya última palabra, como bien sabe, no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional […] y en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo».

Razones «agravadas» para oponerse

El superior de la Abadía subraya que el sometimiento a los tribunales no significa renuncia a todos los recursos que el ordenamiento jurídico ofrece «ante una violación de derechos fundamentales».

Por tanto, prosigue, «se siguen manteniendo las razones por las que denegábamos nuestra autorización» -que el Tribunal Supremo reconoce como preceptiva-. Se refiere así Cantera a la negativa de la familia del general Franco al traslado de sus restos y a los «principios religiosos y morales afectados que motivaron dicha denegación».

Aún más, considera «agravadas» las razones de su postura contraria a la exhumación por el hecho de que el gobierno entienda que «la inviolabilidad de los lugares de culto /y de las cosas sagradas) depende de lo que decida una ley nacional […] lo que es inadmisible, para esta Abadía -y entendemos que para la Iglesia católica- sin agotar todos los recursos jurídicos a nuestro alcance, tanto a nivel nacional como internacional, al afectar, directamente, a su derecho a la libertad religiosa», tal y como se puede leer en la carta adelantada por eldiario.es.

Fray Cantera considera de igual modo que si autorizara ahora la exhumación «no sólo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán, sino que careceríamos de justificación para oponernos -como nos opondremos- a la exhumación -anunciada en los escritos del Estado- de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía».

Por último, y tras subrayar que no se autoriza el acceso a la basílica, el padrre cantera se pone a disposición del Gobierno para encontrar una solución «respetando nuestra libertad religiosa y demás derechos implicados».

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