No van a contentarse con la exhumación de Franco, ese señor que estuvo enterrado durante los casi catorce años de Gobierno de Felipe González sin que éste se plantease moverle. Una vez que han metido el pie izquierdo en la abadía del Valle de los Caídos seguirán hasta demoler la cruz, que es lo que de verdad molesta a nuestros progresistas.

Ahora se proponen retirar a José Antonio Primo de Rivera. En un intento de endulzar el trago, Carmen Calvo lo calificó de “víctima de la guerra” y en seguida saltaron los más crueles de sus aliados a negarle al fundador de la Falange incluso esa condición.

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El comunista Alberto Garzón, el mismo que afirmó que para él “una persona que roba no puede ser de izquierdas”, escribió un tuit en el que venía a decir que José Antonio estaba bien fusilado, por fascista.

https://twitter.com/agarzon/status/1188819098039410690?s=20

Así piensa un admirador de Lenin y Castro que, desde su superioridad moral, se apropia de la condición de demócrata y arroja a los demás al foso del fascismo, donde pueden ser devorados.

Al comunista Garzón la pena de muerte le gusta sólo si se aplica a los «enemigos de clase»

Por cierto, ¿no está Alberto Garzón contra la pena de muerte?, ¿o hace excepciones si se aplica a fascistas, curas, burgueses, monárquicos, capitalistas, social-traidores, trotskistas, contrarrevolucionarios, etc, etc, etc?

Veamos brevemente cómo Primo de Rivera fue una de las primeras víctimas del Frente Popular.

Después de que las izquierdas robasen la primera vuelta de las elecciones de febrero de 1936 y Niceto Alcalá Zamora nombrase ilegalmente (no había Cortes) a Manuel Azaña presidente del Gobierno, José Antonio no reaccionó con atentados terroristas.

Como dice Stanely Payne (El camino al 18 de Julio), “declaró una tregua incluso en los ataques propagandísticos de su partido al nuevo Gobierno, así como en otros actos hostiles contra las izquierdas. Hasta cierto punto José Antonio también se sentía cautivado por el «mito de Azaña», a quien creía un gran líder potencial capaz de llevar a cabo la «revolución nacional»”. Aquí tenemos un ejemplo de la sempiterna torpeza política de los falangistas.

Cuando Azaña fue nombrado presidente del Gobierno, José Antonio ordenó que cesaran incluso las puyas humorísticas contra él

Sin embargo, el Gobierno de izquierdas tenía claro que Falange era uno de sus principales enemigos y se dedicó a aplastarla, vulnerando las leyes, la primera la Constitución republicana. El 27 de febrero, la Policía clausuró las sedes locales de la Falange en toda España con la ridícula acusación de tenencia ilícita de armas. En las sedes socialistas y comunistas, donde se habían ocultado armas para la revolución de octubre de 1934, no se practicaron registros.

Días más tarde empezaron a ser asesinados falangistas: catorce en Almoracid, Madrid, Palencia y Galicia. El 5 de marzo la Policía recogió el semanario falangista Arriba. Los azules respondieron con un atentado el 13 de marzo contra el socialista Luis Jiménez de Asúa, en que murió su escolta.

El 14 de marzo, se arrestó a toda la Junta Política de Falange, incluido a José Antonio, que al no ser elegido diputado había perdido la inmunidad parlamentaria. La acusación se limitaba a la rotura de los precintos de la sede nacional, pero en el informe policial aparecía otro motivo: “Detenido por fascista”, aunque ese delito no aparecía en el Código Penal, como tampoco aparecía ser socialista o anarquista. A José Antonio se le abrió un segundo proceso por haber declarado que esos precintos los había roto el director general de Seguridad Alonso Mallot con sus cuernos. De eso se preocupaba el jefe la Policía cuando había tiroteos y quemas de iglesias.

Primo de Rivera no volvería a pisar la calle como un hombre libre.

El Gobierno encarceló a José Antonio el 14 de marzo y acumuló denuncias falsas para tenerle preso

Cuando un tribunal anuló los cargos contra José Antonio, “el Gobierno siguió presentando nuevas acusaciones, algunas de ellas de dudosa autenticidad, con el fin de mantenerle sometido a detención permanente”, como dice Payne.

El 27 de abril, se le abrió otro proceso por la posesión de armas encontradas en su domicilio en Madrid, ya registrado varias veces por los policías. Uno de éstos había colocado las pistolas.

La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 30 de abril, declaró que la ideología de Falange era legal, por lo que José Antonio y sus camaradas quedaban absueltos de asociación ilícita y, por tanto, de ese “delito de fascista” que siempre emplea la izquierda para aniquilar a sus enemigos, aunque sean monjas de clausura. El Gobierno apeló al Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia absolutoria el 8 de junio.

El Tribunal Supremo se negó a ilegalizar Falange por “fascista” tal como había pedido el Frente Popular

La única manera de sacar a José Antonio de la cárcel era con un acta parlamentaria. Como parte del pucherazo, la comisión de actas, controlada por el Frente Popular y el PNV arrebató varias de ellas a las derechas y ordenó la repetición de elecciones en unas provincias. Una de éstas fue Cuenca. Las derechas quisieron presentar a José Antonio y al general Franco, pero el primero se opuso a compartir la lista con el segundo y el militar renunció.

Dio lo mismo, porque el Gobierno, desdiciéndose del decreto de anulación y convocatoria, no permitió nuevos candidatos. En mayo, el Frente Popular, con tiros y palizas, le dio la vuelta a los resultados: de cuatro diputados para las derechas y dos para el Frente Popular en febrero, se pasó a dos y cuatro respectivamente.

El 28 de mayo, José Antonio fue condenado a cinco meses de cárcel por las armas colocadas por la Policía. Al comunicársele la sentencia en la sala de vistas de la cárcel Modelo madrileña, insultó a los magistrados y golpeó a un oficial judicial. En consecuencia, se le procesó por dos delitos: desacato y agresión a un funcionario.

Las izquierdas impidieron que el falangista se pudiera presentar a la repetición de elecciones en Cuenca

El 5 de junio el Gobierno rojo ordenó el traslado de José Antonio a la cárcel de Alicante. Durante el viaje, el político temió que los sicarios le diesen el paseo. Allí fue condenado a muerte y asesinado después de un juicio farsa.

Por todo lo anterior, resulta bastante difícil afirmar que José Antonio participó como autor en la conspiración que condujo al alzamiento y, también, que el Gobierno no procediera con abuso contra él.

Portada de El Socialista del 24 de septiembre de 1933 en e que Largo Caballero llama a la violencia.

A finales de octubre de 1933, el discurso fundacional de Falange Española, José Antonio pronunció las palabras que siempre se le echan en cara por parte de los izquierdistas para culparle de incitar a la violencia: “Bien está la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Después, cuando se ofende a la justicia y a la patria, no hay más dialéctica admisible que la de los puños y las pistolas”.

Antes de que se fundase la Falange, Largo Caballero ya anunciaba la “dictadura del proletariado”

Semanas antes, en septiembre de 1933, Francisco Largo Caballero, ministro del Gobierno de la República hasta unos días antes, declaró a Renovación las siguientes barbaridades:

  • “¿En qué se diferencia el Partido Socialista del partido comunista? Doctrinalmente, en nada. Nosotros profesamos el marxismo en toda su pureza».
  • “¿Llegar al Socialismo dentro de la democracia burguesa? ¡Eso es imposible!”
  • “Yo no sé cómo hay quien tiene tanto horror a la dictadura del proletariado, a una posible violencia obrera. ¿No es mil veces preferible la violencia obrera al fascismo?”
  • “El Socialismo tendrá que llegar también a la violencia máxima para desplazar al capitalismo”.
  • “Estamos a las puertas de una acción de tal naturaleza que conduzca al proletariado a la revolución social”.

Pero para la universidad los violentos son los falangistas… ¡que todavía no existían!

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