El 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto internacional “Miguel Hidalgo”, de Guadalajara, Jalisco fue asesinado el Arzobispo de Guadalajara Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo junto con su chofer, Pedro Pérez Hernández y cinco personas más.
Han transcurrido 30 años y hasta ahora los mexicanos no conocemos la verdad de los hechos. No sabemos quiénes fueron los homicidas y no conocemos el móvil. No hay ningún sentenciado por el caso y la Averiguación Previa sigue abierta.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl Arzobispado de Guadalajara y sus abogados, José Antonio Ortega, Fernando Guzmán y Jesús Becerra aportaron al expediente un gran número de evidencias legales para sustentar que se trató de un crimen de Estado, pero las autoridades federales nunca quisieron seguir esa pista; desaparecieron documentos, desviaron la investigación y ajustaron el expediente para imponer la tesis del fuego cruzado.
Desde un primer momento y basados solo en una declaración de un sicario, borracho y drogado que había estado en el aeropuerto, Alberto Bayardo, “El Gori”, las autoridades federales aseguraron que el Cardenal y las otras personas habían sido asesinadas en un fuego cruzado entre dos bandas de narcotraficantes.
Según esa versión, la banda de los hermanos Arellano Félix había intenado asesinar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en el aeropuerto lo cual habría desatado un fuego cruzado en donde el Cardenal y su chofer habrían quedado atrapados.
Esa hipótesis fue desmentida científicamente por el médico forense, doctor Mario Rivas Souza quien examinó el cuerpo del Cardenal y dijo que recibió 14 impactos de arma de fuego y en el mentón tenía una mancha de pólvora, lo cual le permitió afirmar que los disparos fueron hechos de manera directísima y a menos de un metro de distancia.
Las constancias que obran en la Averiguación Previa de las conductas desplegadas por funcionarios, por militares, por delincuentes del orden común, presentan una hipótesis sólida en el sentido de que el homicidio del Cardenal, fue doloso, premeditado, elaborado y ordenado, y en el que el Cardenal fue la víctima escogida de sus asesinos.
Ese día en el aeropuerto actuaron tres grupos:
- El de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus escoltas, quienes, hipotéticamente, serían las víctimas. En las declaraciones y en la reconstrucción de los hechos queda claro que ellos llegaron al aeropuerto y se desató una balacera, por lo cual, los sicarios de Guzmán Loera lo sacaron brincándose los mostradores y las bandas donde se transportaba el equipaje. La versión oficial dice que cruzaron corriendo la pista del aeropuerto hasta salir a la carretera a Chapala. Uno de los sicarios, Antonio Mendoza Cruz fue enfático en su declaración: “los balazos no iban dirigidos a nosotros”.
El grupo de los Arellano Félix, divididos en dos facciones:
- El primero, donde iba Ramón Arellano Félix, que durante la semana previa había buscado infructuosamente al “Chapo” Guzmán en Guadalajara. La mayoría de ellos provenían del Barrio Logan de San Diego. Iban de regreso a Tijuana, los testimonios dicen que ya no iban armados, aunque algunos de ellos sí hicieron disparo; 13 de ellos lograron abordar el vuelo 110 rumbo a Tijuana.
- El segundo grupo, comandado por Humberto Rodríguez Bañuelos, “La Rana”. Este grupo solo debía vigilar la salida de los Arellano Féilx. Iban armados, pero al llegar al aeropuerto la balacera ya había iniciado.
Entonces: ¿quién mató al Cardenal?
En el expediente se encuentran evidencias documentales sobre la presencia de cuatro altos funcionarios de la Procuraduría General de la República que arribaron al aeropuerto una hora antes de los hechos y se regresaron a la Ciudad de México 20 minutos antes de la ejecución del Cardenal.
En el expediente constan testimonios de cómo desde las primeras horas de ese 24 de mayo el aeropuerto fue tomado por hombres con armas largas, vestidos de civil, sin que nadie los molestara.
De acuerdo a los testimonios de dos sicarios, que actuaron en distintos momentos y en distintos grupos, adentro del aeropuerto estaba Rodolfo León Aragón, entonces director de la Policía Judicial Federal; Jorge Núñez Mora, director operativo de la misma Policía Judicial Federal y José Gastón Galindo López, entonces delegado en Jalisco de la PGR.
Dos sicarios, de distintos grupos y en distintos momentos, Juan Enrique Vazcones Hernández “El Puma” y Humberto Rodríguez Bañuelos, “La Rana” vieron a León Aragón en dos distintos lugares acompañado por agentes que portaban armas largas. El segundo dice que León Aragón iba a acompañado del “Chapo” Guzmán con cinco o seis personas que iban escoltándolos y llevaban armas largas “embrazadas”, es decir, listas para accionar y que también llevaban conchas de las que usaba la Policía Judicial Federal.
Pero las autoridades siempre desdeñaron esas informaciones, las minimizaron, interrogaron a León Aragón en lo oscurito, sin avisar a los abogados del Arzobispado; desaparecieron documentos del expediente.
En los últimos meses, las autoridades judiciales federales pelean en los tribunales la sentencia de nueve sicarios de los Arellano Félix para justificar su retorcida hipótesis del fuego cruzado y cerrar legalmente el caso.
De consumarse, sería la mejor prueba del pacto de impunidad entre las mafias del sistema político, pues desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador, no se le ha movido una coma a la versión oficial.
Pueden incluso cerrar legalmente el expediente, pero la verdad saldrá a flote tarde o temprano.
Los tiempos de los políticos y de las mafias son distintos de aquellos quienes realmente buscan y trabajan por la verdad.
A 30 años de impunidad, los mexicanos seguimos sin saber quiénes fueron los homicidas ni el móvil. Seguimos sin saber a quién perdonar.
Héctor Moreno, editor de CitizenGO México
