Desde hace unas décadas varios organismos de la ONU, órganos de tratados, grupos de trabajo, expertos independientes y relatores especiales han buscado la mínima excusa para promover el aborto, la “agenda LGBTI” y la ideología de género.
En muchos casos han retorcido legislación internacional que de forma muy clara defendía la vida del no nacido para indicar que negar el aborto iba contra los derechos de la mujer y que le podía suponer un sufrimiento similar al de una tortura. Algunos lo acortaron diciendo que el negar el “derecho al aborto” era una forma de tortura.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraQuienes creíamos haber visto casi todo nos hemos sorprendido, una vez más. En esta ocasión ha sido Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la Libertad Religiosa o de creencias quien en vez de promover o defender la libertad religiosa la cercena y limita hasta puntos insospechados. Al mismo tiempo restringe y limita la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de asociación, entre otras libertades y derechos fundamentales.
El Informe A/HRC/43/48 presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 3 de marzo pasado se basa en la lucha contra «preceptos religiosos mundiales que subyacen a las leyes y prácticas legales que constituyen violaciones del derecho a la no discriminación de mujeres, niñas y lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBTI+)».
El relator especial fue criticado duramente porque su informe y ámbito de actuación está fuera del mandato recibido ya que este no incluye hacer una interpretación de las religiones ni un análisis teológico
El Dr. Shaheed, encontró un solapamiento entre la libertad religiosa o de creencias, la igualdad de género y la “no discriminación”. Su objetivo era abogar que es posible la libertad religiosa al tiempo que se promueve la igualdad de género y se promociona la “no discriminación” de mujeres, niñas, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI+).
«Existen normas religiosas discriminatorias que influyen en las leyes y políticas que restringen los derechos sexuales y reproductivos…, incluidas, entre otras, las prohibiciones parciales o totales del acceso al aborto y la anticoncepción, las prohibiciones de las tecnologías de reproducción asistida y la cirugía de reasignación de género, y los límites de la provisión de educación sexual basada en evidencia».
El informe suscitó una división de opiniones: algunos países lo alabaron por la brillante promoción del aborto como un derecho de la mujer y de las minorías sexuales mientras que otros lo criticaron por sus inconsistencias, incongruencias, por contar con información no contrastada y de grupos muy marginales y por promover unos valores que ni están fundamentados en la legislación internacional ni cuentan con el apoyo mayoritario de la sociedad.
El relator especial también fue criticado duramente porque su informe y ámbito de actuación está fuera del mandato recibido ya que este no incluye hacer una interpretación de las religiones ni un análisis teológico indicando como deben modificarse para promover el aborto o las minorías sexuales.
El nuncio, máximo representante de la Santa Sede en Ginebra, en un valiente y claro discurso citando al Papa Francisco lamentó: “La creciente preponderancia de poderes y grupos de interés en los organismos internacionales que imponen la propia visión e ideas, desencadenando nuevas formas de colonización ideológica, que a menudo no respetan la identidad, la dignidad y la sensibilidad de los pueblos”.
Muchas delegaciones occidentales junto con países hispanoamericanos como Argentina, México, Ecuador, Perú y Uruguay alabaron al relator especial e incluso algunas aprovecharon el informe para promocionar el aborto, el matrimonio homosexual y para criticar a las religiones, o las interpretaciones religiosas, que discriminan a mujeres, niñas y personas LGBTI+.
En realidad, lo que estaban diciendo es que las religiones pueden tener los preceptos que tengan por convenientes, si y solo si, respetan el “derecho al aborto”, no critican las relaciones sexuales fuera del matrimonio, aceptan las relaciones homosexuales y el matrimonio sin condiciones para las personas LGBTI+: «Las leyes que penalizan el adulterio a menudo se basan en interpretaciones patriarcales de la doctrina religiosa» (párrafo 25).
Los principales argumentos de Shaheed y de sus apoyos se basaban en que quienes están a favor del aborto y las personas LGBTI+ tienen su derecho a la libertad religiosa y de creencias, así como a pertenecer a “su religión de preferencia” y que se acepten sus ideas y actos, sin ninguna crítica ni discriminación. La pregunta abierta es si se pretende crear una suprarreligión mundial, igualitaria y en la que se acepte cualquier idea o comportamiento sin ningún tipo de cuestionamiento sobre su legalidad, moralidad o bondad.
Finalmente, el Relator Especial lamentó un hecho ya constatado por otros miembros de procedimientos especiales de la ONU y es que existen «grupos bien coordinados que, según los informes, están haciendo mal uso de la libertad de religión o creencias en los diferentes continentes en los medios de comunicación, a través de litigios y campañas políticas para contrarrestar los derechos humanos en nombre de la religión o las creencias».
Y añade: «En tres estados, los grupos de interés religioso han intentado cambiar la constitución para definir» la familia «de acuerdo con las normas heterosexuales fundamentadas en la religión».
¿Se acuerdan de la campaña del Bus de HO en la que se denunciaban las leyes de género y el adoctrinamiento LGBTI? Está claro que no admiten ninguna opinión diferente y que se parece mucho a lo que critica Shaheed en este informe.
