La Asociación Enraizados ha impulsado un petición suscrita en las primeras horas por 3.000 ciudadanos en la que se solicita a la Jerarquía de la Iglesia católica que no sea «colaboradora necesaria» en la exhumación de los restos de Francisco Franco de la basílica de la Santa Cruz en el Valle de los Caídos y su traslado a un lugar no designado por sus familiares.
La carta está dirigida a fray Santiago Cantera, prior de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos; monseñor Osoro, cardenal arzobispo de Madrid; monseñor Bernardito Auza, nuncio de Su Santidad en España; y monseñor Luis Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid en calidad de secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn un comunicado, Enaizados expone que los fieles que se han adherido a la misiva «consideran que la Ley de Memoria Histórica es una ley injusta, como bien razonó el portavoz de la Conferencia Episcopal en sus últimas declaraciones. Por ello no entenderían que la Iglesia colaborase en su cumplimiento, máxime cuando la misma Ley y la reciente sentencia del Tribunal Supremo, reconocen la inviolabilidad de los templos católicos».
«No es posible la entrada en la Basílica sin la autorización de los responsables de la Iglesia», enfatizan desde Enraizados, al tiempo que aseguran que «los fieles dan su respaldo a la firme y valiente actitud de la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos. Su caridad y su amor a la verdad son dignos de elogio».
Por esta razón, prosigue la asociación, los benedictinos «no entenderían que sufrieran presiones no solo de los poderes públicos, especialmente del Gobierno, sino de dentro de la misma Iglesia».
Los fieles recuerdan que la misma sentencia del Supremo indica que:
1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.
2. El Gobierno debe negociar con la Iglesia “la oportuna autorización”.
3. Varios miembros de la comisión de memoria histórica reconocieron que: (i) “resultaría hoy impropia en nuestro contexto europeo y occidental presente, donde no se ha dado nada semejante”, la “exhumación y traslado de los restos de un jefe de Estado, por incompatibilidad con su régimen político”; (ii) la resignificación del monumento no requiere esa exhumación; (iii) la intervención en la Basílica “exige negociación con la autoridad eclesiástica y la autorización de la misma”; (iv) “la exhumación y correspondiente traslado, es, al menos hoy, inoportuna y contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública”.
En conclusión, los fieles firmantes reclaman a su Jerarquía «que no sea cómplice de estos errores señalados por los expertos» al tiempo que muestran su solidaridad a la perseguida Comunidad del Valle, a quienes tratan de asfixiar, negándoles arbitrariamente la ayuda económica que Patrimonio Nacional les entregaba anualmente.
