El vicepresidente de Castilla y León Francisco Igea, de Ciudadanos ha asegurado que si hubiera podido, habría ordenado el cierre de todas las iglesias en Castilla y Léon el pasado mes de enero «porque la situación así lo indicaba» en el dñia en el que ha anunciado que el límite de aforo se amplia a un tercio del aforo, más liviana que la restricción anterior a un máximo de 25 personas con independencia dela capacidad.
Igea, además de polemizar con las críticas que miembros de la Iglesia había vertido contra las estrictas restricciones a la libertad religiosa y de culto, se ha dedicado a pontificar sobre el mensaje evangélico: «No me importa quien lo diga, no está en la Biblia, ni el Nuevo Testamento decir amén a todo lo que diga un cardenal» ha espetado Igea antes de asegurar: «Tengo mucho respeto por la jerarquía católica, pero tengo más respeto por el mensaje y el mensaje evangélico me lleva a proteger la vida de mis hermanos y yo hago lo que creo que tengo que hacer como político y como cristiano».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraIgea tampoco ha tenido empacho en hacerse portavoz de todos «los creyentes» para desmerecer a la Iglesia: «Los creyentes creemos que lo importante es el mensaje, no el mensajero y la mejor de las cartas puede ir de las manos de un mensajero andrajoso»,
Procedimiento judicial abierto
Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos celebra la decisión de la Junta de Castilla y León de ampliar el aforo de los templos y suprimir el límite de aforo en 25 personas.
No obstante, desde la asociación mantienen su intención de seguir adelante con el procedimiento judicial «para evitar que este tipo de abuso se vuelva a repetir».
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recuerda que era «una medida totalmente discriminatoria» similar a la impuesta en Francia (donde limitaron el aforo a 30 personas) y cuyo Tribunal Supremo «tumbó al considerarla ilegal por no ser proporcionada».
Castellanos recuerda que «ningún gobernante autonómico tiene competencias para limitar un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa».
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