La persecución comenzó. Un sacerdote católico del noreste de Brasil criticó durante una misa el activismo ideológico del Supremo Tribunal Federal (STF), que recientemente equiparó la “homofobia” al crimen de racismo. Resultado: ahora es investigado por “violar los derechos de la comunidad LGBT”.

El padre Rodrigo Alves de Oliveira Arruda, de la Arquidiócesis de Olinda y Recife, fue intimado a presentarse ante el Ministerio Público de Pernambuco después de que el promotor Maxwell Anderson de Lucena Vignoli abriera una investigación por presunta “lgbtfobia”; sí, esa es la palabra que el fiscal ha usado.

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El pasado 30 de junio, al final de una celebración eucarística dominical en la capilla de San Juan Batista, al oeste de Recife, el presbítero cuestionó la actitud de los magistrados del STF que vienen legislando – especialmente en temas de valores – a través de fallos que extrapolan sus funciones.

Para ejemplificar, citó la determinación de que las llamadas “homofobia y la transfobia” fueran encuadradas en la actual Ley de Racismo, debido a una supuesta omisión del Congreso Nacional para legislar sobre esa materia.

La verdad es que hay diversos proyectos en el Legislativo para criminalizar la “homofobia”, pero o han sido derrotados en votación o están en tramite. Objetivamente, no hay tal omisión.

Con todo, los magistrados impusieron, por 8 votos a favor y 3 en contra, la determinación de que cualquier manifestación o acción de prejuicio, discriminación o violencia contra homosexuales debería ser castigada tan duramente como el racismo hasta que el Congreso emita una ley específica y en los moldes que los ministros de la Corte quieren.

Tal decisión fue tomada el 13 de junio, tan solo dos semanas antes del comentario del padre, que explicó: “Se trata de una mordaza para callarnos” al respecto de la ideologia de género, y de lo que la Iglesia enseña sobre la sexualidad.

“Yo mismo podría ser acusado de homofobía” y “ser preso por decir lo que está en la Sagrada Escritura», explicó el sacerdote antes de ser denunciado

Dijo que el Supremo Tribunal Federal estaba pasando por encima del Congreso e invitó a los fieles que quisieran a firmar una petición dirigida al Senado para legislar garantizando la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Cualquier sacerdote, “yo mismo podría ser acusado de homofobía” y “ser preso por decir lo que está en la Sagrada Escritura y lo que la Iglesia enseña” sobre la homosexualidad.

Pues dicho y hecho. Desde el 15 de octubre, exactos 4 meses después de la decisión de la Corte que aún no se ha publicado, el religioso de la Congregación del Sagrado Corazón es objeto de una investigación por conducta “lgbtfóbica”.

En un vídeo en el que el sacerdote habla no hay ninguna expresión ofensiva, sin embargo el Movimiento LGBT Leões do Norte – que presentó queja – dice que los «dichos del padre están errados” por supuestamente inflamar el odio contra ellos y quieren que pague por ello o cuando menos «haga una retractación pública en el mismo púlpito donde cometió esta violación».

Libertad religiosa y de expresión

Para la Arquidiócesis de Olinda y Recife “en ningún momento el discurso de los religiosos era homofóbico o tenía la intención de fomentar cualquier forma de odio».

Aunque el activismo progresista dentro del Ministerio Público (MP) es muy intenso y ha cooptado a parte significativa de sus miembros, no todos están de acuerdo con  la acción contra el presbítero.

La asociación Ministerio Público Pró-Sociedade, que integra a promotores y procuradores que no compactan con la agenda “progresista”, publicó una nota pública de repudio a la investigación y de apoyo al sacerdote.

“El Ministerio Público no puede usar sus poderes legales para patrocinar la causa de grupos ideológicos contra el derecho de segmentos de la sociedad que actúan dentro de la estricta legalidad”, subrayan.

“De hecho, el sacerdote solo expresó sus convicciones religiosas, basado en la doctrina que guía su fe, y al hacerlo, uso de sus libertades constitucionales”.

El artículo 220 de la Constitución Federal consagra expresamente la libertad de expresión en cualquier forma. Por tanto, “la apertura de un proceso de investigación contra el padre Rodrigo Alves de Oliveira Arruda es una restricción obvia a la libertad de expresión y libertad religiosa”.

«El hecho confirma la sospecha de muchos que la decisión del Supremo Tribunal Federal sería usada para que segmentos de la población fueran perseguidos por sus convicciones», concluyen.

El sacerdote también ha sido defendido públicamente por evangélicos

El Foro Evangélico Nacional de Acción Social y Política (FENASP) emitió una nota de repudio a la investigación por violar las libertades de conciencia, de creencia, de culto y de manifestación del propio pensamiento garantizadas por la Constitución.

“Nada justifica callar la voz de un religioso solo porque no se molda a la sexualidad secularizada”, apuntan.

Para Luigi Braga, miembro de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure), la crítica del padre al STF es legitima y “la ley en la que se enmarcó la ‘homofobia’ es la misma que prohíbe la discriminación por motivos religiosos; es decir, el sacerdote puede defenderse de la acusación utilizando la misma ley por la que se le acusa”.

«La decisión del STF creó una situación de inestabilidad jurídica que coloca en riesgo la libertad religiosa; la situación de este sacerdote es una prueba de ello», dice Braga.

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