Más de 20.000 españoles se han dirigido al secretario de Estado de El Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para pedir que apoye al prior de la comunidad benedictina de la abadía del Valle delos Caídos en su defensa de la liberta religiosa y la inviolabilidad de los lugares sagrados y las sepulturas.

La petición, que puede ser suscrita por cualquier ciudadano a través de la web de la asociación HazteOir.org, expone cómo «el Gobierno socialista español, sin que se hayan resuelto todavía los recursos judiciales pendientes, ha enviado una carta al Padre Prior de la Basílica pontificia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos urgiéndole a que abra las puertas del templo para sacar a un difunto de su tumba sin el permiso de la familia».

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Los firmantes instan al cardenal Parolin a que «no consienta la profanación del templo y apoye al Prior frente a esta posible vulneración de los derechos fundamentales de los monjes» porque, alegan, «el único propósito del Gobierno, con sus prisas, es consumar una revancha histórica con fines electoralistas».

Al mismo tiempo, los ciudadanos defienden que «hay motivos para pensar que la profanación de la Basílica es solo el primer paso para una operación de mayor calado: desalojar a los monjes, cerrar el colegio de escolantes que alberga, desacralizar la Basílica e incluso, demoler la Santa Cruz».

«Los partidos de izquierda en España ya presionan al Gobierno para que autorice estas medidas, que supondrían un duro golpe para los creyentes españoles y un ataque a la libertad religiosa», concluyen.

Aclaración de la Abadía

Por su parte, ante las informaciones que han calificado de «desacato» la defensa del prior de la inviolabilidad de los espacios sagrados y muy en especial la de una sepultura, la Abadía del Valle de los Caídos ha emitido un comunicado en el que subraya que no se ha producido tal desacato a los tribunales porque todavía no ha sido dictada ninguna sentencia en el procedimiento en el que está personada y porque «lo recurrido ante el Tribunal Supremo es un acuerdo del Consejo de Ministros que reconoce, expresamente, necesitar de la autorización eclesiástica para proceder a la ejecución de dicho acuerdo y, desde luego, el Tribunal Supremo no pude modificar el contenido del acto recurrido».

Elprior de la abadía, el padre Santiago Cantera, reitera que si no autoriza el acceso es «en defensa del principio de inviolabilidad de los lugares de culto y en defensa de la correcta interpretación de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, sin prejuicio de otros derechos fundamentales y valores morales y religiosos que entendemos vulnerados».

«La Abadía benedictina defenderá sus derechos y, en especial, el concepto de inviolabilidad de los lugares de culto en todas las instancias nacionales e internacionales a las que tenga acceso con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable», concluye.

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