Cuando las redes sociales irrumpieron en el panorama tecnológico, comunicativo y social lo hicieron presentándose como la alternativa que permitía a los ciudadanos compartir sus ideas, propuestas, críticas y alabanzas con miles de ciudadanos sin pasar el filtro editorial de los medios de comunicación tradicionales.

Por fin, después de siglos de peajes ideológicos, los ciudadanos podían expresarse a través de unas plataformas que no ponían cortapisas a los contenidos, más que las que fueran decretadas por un juez en su caso.

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Estas plataformas para la ‘autopublicación’ de contenidos, la creación de redes colaborativas de intereses, intercambio de experiencias y debate se hicieron imprescindibles en nuestras vidas, hasta el punto de que, en cierto sentido, estar fuera de estas redes supone una suerte de muerte civil a mayor o menor escala. Esto incluye desde los partidos políticos, las grandes corporaciones empresariales o los bancos a las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de todo tipo y, cómo no, hasta los grupos de padres que llevan a sus hijos al mismo colegio.

El proceso lo ha explicado de forma inmejorable el coronel Pedro Baños, precisamente en Twitter:

Todo iba bien y los propios medios de comunicación de masas (radios, periódicos, televisiones), accedieron a abajarse del pedestal en el que se encontraban para, casi en pie de igualdad, entablar conversaciones directas con sus públicos.

El proceso ha sido cada vez más asfixiante para quienes han sostenido discursos discrepantes respecto a la ‘verdad oficial’ del dogma progresista

Hasta que comenzó la pandemia de la censura en las redes sociales. Primero se hizo en función de las quejas de otros usuarios que denunciaban tal o cual mensaje a los administradores. El proceso ha sido cada vez más asfixiante para quienes han sostenido discursos -ya no abiertamente antidemocráticos o violentos- sino meramente discrepantes respecto a la ‘verdad oficial’ del dogma progresista cuyo epítome es la ideología de género.

Los Zuckerberg, Cook, Dorsey y compañía han ido apretando las tuercas a los usuarios de las plataformas poco a poco, año a año, actualización tras actualización de las condiciones de uso. Hasta que llegaron las elecciones de 2016 en los Estados Unidos y Trump venció contra todo pronóstico oficial. Su fuerza, como había sido la de Obama que además contaba con el respaldo de todo medio afín al poder establecido.

Cuatro años después, pese a sus buenos resultados económicos, a que se ha convertido en el primer presidente de los Estados Unidos en no declarar una guerra en su primer mandato, a sus avances en política exterior y a otros méritos objetivos de su gestión, sus enemigos quedaron conjurados para que no volviera a suceder.

Su discurso eminentemente provida (fue el primer presidente en unirse a la Marcha por la Vida que reivindica el fin de Roe contra Wade) y respetuoso de la libertad religiosa o la designación de jueces repudiados por su fe por la izquierda fueron demasiado para el poder global en su versión de redes sociales.

Y el controvertido asalto al Capitolio, con muchos cabos sueltos sin resolver aún, fue aprovechado para asesinar políticamente a Donald Trump con la inestimable ayuda de las redes sociales.

Sección 230

Estos gigantes tecnológicos, antiguas plataformas de servicio convertidas en censores de lo políticamente correcto, se han aprovechado en lo que parece un evidente fraude de ley de la regulación que reclamaron para sí en los Estados Unidos. La misma que les eximía de cualquier responsabilidad sobre los contenidos publicados a cambio de no poder ejercer ningún control editorial.

Así se recoge en la llamada sección 230 de la legislación sobre Internet de los Estados Unidos, por la las redes sociales renunciaban a tener línea editorial al no ser considerados como medios de comunicación, con un doble efecto: ninguna responsabilidad equiparable a los medios tradicionales y un crecimiento asegurado, porque era justo lo que millones de usuarios deseaban: plataformas de intercambio de ideas sin cortapisas editoriales.

Su compromiso era, pues, renunciar expresamente al control sobre el contenido, todo lo contrario de lo que ha sucedido en especial durante las últimas semanas: ocultación de mensajes, cierre temporal o definitivo de cuentas (Facebook, Twitter, Youtube), como las del mismísimo presidente de los Estados Unidos en ejercicio por el mero hecho de poner en tela de juicio los resultados electorales o por considerar su «potencial de violencia».

Para censurar, las redes sociales ya ni siquiera se molestan en calificar hechos bajo criterios más o menos cuestionables, sino supuestas intenciones o posibilidades.

Como me ha recordado recientemente mi estimado Carlos Beltramo, son 26 las palabras fundamentales de la Sección 230: «No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider» (Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o locutor de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido informativo).

Nada más lejos de la realidad.

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