Pablo Casado, presidente del Partido Popular. / EFE
Pablo Casado, presidente del Partido Popular. / EFE

La Oficina de Información del Partido Popular ha vetado la asistencia de dos periodistas de Actuall en una rueda de prensa protagonizada por el secretario general del partido, Teodoro García Egea, convocada para este martes 23 de abril de 2019, en el marco de la recta final de la campaña de las elecciones generales previstas para el domingo 28 de abril de 2019.

Uno de los redactores, se puso en contacto con los responsables de prensa del PP, que debido a que la dirección del correo electrónico de la petición era del dominio citizengo.net, grupo al que pertenece Actuall, requirió más datos del medio.

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Todas estas comunicaciones se realizaron con el correo electrónico correspondiente a María José Mazas Gómez, de la Oficina de Información del Partido Popular. 

El director de Actuall confirmó a todos los efectos la pertenencia de ambos redactores a la plantilla del diario, pero el Partido Popular no consideró suficiente esta comunicación.

Así, esta vez desde un correo electrónico anónimo, pero dirigido igualmente al redactor por su nombre, se alega lo siguiente:

«No tenemos registro en nuestro medios habituales de Actuall, ya que aparentemente forma parte de Citizengo, y no es, por tanto, un medio de comunicación.

Necesitaríamos los datos de la web para poder acreditarte a nuestros actos, ya que no podemos abarcar a todas las páginas web informativas que hay. 

De todos modos, el contenido de la rueda de prensa de hoy la tienes disponible en los canales de comunicación del partido».

Actuall se ve en la obligación de hacer pública la protesta que de manera tan respetuosa como contundente ha trasladado al Partido Popular

Esta respuesta, que supone de facto un veto a Actuall, fue respondido en los siguientes términos, al correo personal de Mazas:

«Me comunica mi compañero Miguel que no van a acreditarnos porque «aparentemente forma parte de CitizenGo, y no es, por tanto, un medio de comunicación». 

La respuesta, enviada desde un correo corporativo sin firma, es absolutamente improcedente.

Primero, porque vinculan la condición de «medio de comunicación» ya no a la propiedad del medio, lo cual sería un atropello, sino a su apreciación sobre la «apariencia» de vinculación de un medio con una Fundación, por otro lado legalmente constituida. 

En segundo lugar, nuestro diario, con independencia de quién asegure su subsistencia (sin publicidad ni subvenciones, todo sea dicho) es un medio de comunicación online perfectamente homologable a cualquier otro.

Ustedes reclaman «los datos de la web». ¿Cuáles necesitan?

Ruego que reconsideren esta decisión. 

Reciba un cordial saludo, a la espera de su segura respuesta».

Casi 24 horas después de enviado el correo, María José Mazas Gómez no ha tenido a bien responder a la reclamación presentada por Actuall, por lo que este medio de comunicación se ve en la obligación de hacer pública la protesta que de manera tan respetuosa como contundente ha trasladado al Partido Popular.

El PP y la censura a HazteOir.org

Se da la circunstancia de que esta decisión del departamento de comunicación del Partido Popular se ha producido a pocas horas de que la formación liderada por Pablo Casado haya pedido a la Junta Electoral, en una decisión sorprendente, que se vete la difusión de una declaración de uno de sus dirigentes. O lo que es lo mismo, el Partido Popular parece que también está dispuesto a vetar a los suyos con tal de vetar a otros.

Se trata de unas vallas informativas pertenecientes a la campaña Vota Valores impulsada por HazteOir.org en las que se recogen, en su literalidad, declaraciones de diferentes políticos, entre ellos Javier Maroto, jefe de campaña del PP para estas elecciones generales. En concreto, HazteOir.org está colaborando en la difusión de una declaración inequívoca de líder popular –«La ley LGTB se queda»– que publicó en su cuenta de Twitter y que la asociación entiende como importante para el ejercicio del voto informado el 28 de abril.

En el pasado, el PP también censuró, con la colaboración de la Junta Electoral, una campaña informativa sobre las posturas proaborto de la malograda expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Aunque se logró el veto a la campaña de Hazteoir.org, el Tribunal Supremo, en una sentencia que consideró de especial relevancia, dió la razón a la asociación presidida por Ignacio Arsuaga frente a la Junta Electoral y al PP y anuló “por no ser conformes a Derecho” los acuerdos que censuraron la iniciativa #YoRompoConCifuentes.

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