Imagen del informe de Amnistía Internacional sobre la persecución china a los musulmanes
Imagen del informe de Amnistía Internacional sobre la persecución china a los musulmanes

Como bien sabemos, un campo de concentración es un lugar en el cual se detiene o se confina a seres humanos bajo durísimas condiciones y sin respeto a las normas legales de arresto o encarcelación ‘aceptables’ en democracias constitucionales. 

Se suelen emplear estos recintos de internamiento para encerrar a opositores políticos, grupos étnicos o religiosos específicos, personas de una determinada orientación sexual, prisioneros de guerra, civiles habitantes de una región en conflicto u otros colectivos.​

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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Europa permite que China -dirigida por el Partido Comunista Chino (PCCh) bajo la denominación de República Popular China, un estado socialista con economía de mercado encabezado por su líder supremo, el secretario general del PCCh, Xi Jinping 习近平- ​mantenga relaciones comerciales mientras que en la región Pekín (Beijing) se construyeron al menos 347 centros de detención desde 2016, según se desprende de una investigación de BuzzFeed News. 

Abusos contra los musulmanes uigures y otras minorías

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha acusado a China de «graves violaciones de los derechos humanos», según un informe de 2018 sobre denuncias de abusos contra los musulmanes uigures y otras minorías étnicas y religiosas en la provincia de Xinjiang, elaborado por la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la socialista expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, minutos antes de dejar el cargo.

Xinjiang, oficialmente Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, tiene una extensión de 1,6 millones de kilómetros cuadrados desde la meseta tibetana en el sureste hasta Kazajstán en su frontera noroeste, la zona administrativa más grande del país, remota, extensa y una de las menos pobladas del país. De hecho, eso es espacio suficiente para encarcelar simultáneamente a más de 1 de cada 25 residentes en esa región, una cifra siete veces mayor a la capacidad de detención penal de Estados Unidos, el país con la mayor tasa oficial de encarcelamiento del mundo.

Pekín, que había instado a la ONU a no publicar el informe, lo calificó de «farsa» organizada por las potencias occidentales y negó las acusaciones de abuso argumentando que los campamentos son una herramienta para combatir el terrorismo. De hecho, ese mismo 2018, un alto funcionario del Gobierno de Xinjiang indicó que los campos de concentración están destinados a “deshacerse del ambiente y el suelo que engendra el terrorismo y el extremismo religioso, y a detener las actividades terroristas violentas”. La realidad es que la mayoría de los detenidos son civiles sin ningún tipo de vinculación política.

La campaña de detención de China en Xinjiang es la mayor dirigida contra una minoría religiosa desde los campos nazis de la Segunda Guerra Mundial.

La ONU acusa a China de:

  1. Utilizar vagas leyes de seguridad nacional para reprimir los derechos de las minorías y establecer «sistemas de detención arbitraria».
  2. Someter a algunos presos a «patrones de malos tratos» que incluían «incidentes de violencia sexual y de ‘género’».
  3. Imponer tratamientos médicos forzados y «aplicación discriminatoria de políticas de planificación familiar y control de la natalidad».

Con todo, reclama a Pekín que tome medidas de inmediato para liberar a «todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad» y sugirió que algunas de las acciones de Pekín podrían equivaler a «crímenes contra la humanidad».

“Crímenes de lesa humanidad”

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional ha calificado de “crímenes de lesa humanidad” las medidas y políticas puestas en marcha por el Gobierno chino contra las minorías étnicas y religiosas, principalmente la uigur, en la región de Xinjiang. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sostiene que “el documento de 46 páginas de la ONU pone en evidencia la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Xinjiang, respecto a las cuales Amnistía Internacional ya llegó a la conclusión de que constituían crímenes de lesa humanidad”.

En un informe escrito en chino en 2021, la organización ha alertado que las medidas “draconianas” impuestas por Pekín llevaron a miles de personas de varias minorías musulmanas a ser sometidos a una internación masiva que, en numerosas ocasiones, conlleva abusos y tortura.

Millones de uigures han sido detenidos en los últimos años y sometidos a trabajos forzados por el régimen chino en estos lugares. Las minorías étnicas y religiosas son sometidas a trabajos forzados, y recluidas en celdas “abarrotadas” de personas, pese a la gran cantidad de denuncias por parte de la comunidad internacional y de organizaciones humanitarias.

Un millón de detenidos

Las prisiones del régimen comunista podrían albergar a más de un millón de personas al mismo tiempo, exactamente 1.014.883 en Xinjiang, según se desprende de la investigación de BuzzFeed News. 

En China, según un documento del Instituto de Investigación de Política Criminal de Estados Unidos (ICPR, por sus siglas en inglés), de finales de 2016, hay cerca de 1,6 millones de presos de los casi 1.400 millones de chinos. En cualquier caso, según este trabajo, el país se sitúa en el lugar 134 del mundo, con una tasa de 118 por cada 100.000 habitantes. El cálculo varía si sumamos las 650.000 personas en centros de detención administrativa. Y de hecho, el Pew Research Center advierte de que la falta de datos oficiales o el hecho de que haya personas en detención bajo causas indeterminadas son obstáculos para determinar el lugar en el ranking de algunos países.

Según esta clasificación del ICPR, que establece la proporción de población tras las rejas por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos y El Salvador ocupan, respectivamente, el primer y el segundo puesto, con 2,16 millones de personas en prisiones federales y locales -tasa de 655 presos por cada 100.000 habitantes- y 39.274 personas encarceladas en el país más pequeño de Iberoamérica, con una población 50 veces menor a la de EE.UU -tasa de 614 presos-.

En el podio de este trabajo también se halla Turkmenistán, país de Asia central, que se gana la tercera plaza con una tasa de 583. Les siguen en cuarto y quinto puesto las Islas Vírgenes de EE.UU. -tasa de 542- y Maldivas, al sur de India -514-. La Cuba comunista está en el sexto lugar de la lista con datos de mayo de 2012 del diario oficial Granma, recogidos por el  ICPR, con 57.337 prisioneros y una tasa de 510 por cada 100.000 habitantes.

Las conclusiones de los estudios, de la ONU, de los gobiernos occidentales y de las asociaciones humanitarias son claras:

“La campaña de detención de China en Xinjiang es la mayor dirigida contra una minoría religiosa desde los campos nazis de la Segunda Guerra Mundial”.

Y entretanto, según crecen las denuncias, Xi Jinping sostiene que se trata de “centros de educación y formación profesional” diseñados para “erradicar los pensamientos extremistas”. 

La realidad es que desde 2016 escuelas, hospitales y otros edificios públicos se fueron convirtiendo en centros de detención de musulmanes y otras minorías étnicas y religiosas mientras se iban construyendo nuevos centros de detención de alta seguridad, fundamentalmente entre 2017 y 2018. 

En abril de 2021, las instalaciones examinadas por BuzzFeed News tenían ya una superficie combinada de más de 19,2 millones de metros cuadrados, con celdas para albergar entre ocho y 16 personas, con un espacio de entre 5 y 7 metros cuadrados por cada una, cita Infobae. De hecho, la investigación de BuzzFeed News sobre un centro de reclusión en la ciudad montañosa de Mongolküre descubrió que las celdas que, según las normas penitenciarias chinas sólo deberían tener capacidad para cuatro personas, en realidad albergaban hasta diez. Algunos, de hecho, revelaron que se les obligaba a dormir por turnos debido a la falta de camas, o incluso a dormir uno al lado del otro en catres individuales.

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Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en redacción de noticias, gestión de contenidos informativos, gestión de medios de comunicación, relación con periodistas y comunicación corporativa. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en Europa Press, donde concluyó su etapa profesional como subdirectora de Sociedad. Ha sido profesora colaboradora de la Universidad San Pablo CEU y de la Villanueva. Ha sido directora adjunta de este diario y ahora es columnista de opinión. Colabora, además, con varios medios de comunicación y desarrolla Comunicación Corporativa para varias empresas y asociaciones. Es licenciada en Periodismo y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU.