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Aborto

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide al país centroamericano que cumpla con sus obligaciones en derecho humanos permitiendo el aborto.

Guillermo Sánchez Andrés es propietario de Partner Line SA, propietaria de la Clínica Dator, que pese a encontrarse en concurso de acreedores desde hace varios años, sigue siendo el mayor centro abortista de España

La clínica Dator, con un largo historial de irregularidades, y un dramático balance de bebés asesinados en el vientre materno, se enfrenta ahora a una investigación policial. ¿El motivo? Practicar abortos para una mafia nigeriana.

Justo este pasado miércoles día 8 de noviembre, hace un año, contra todo pronóstico del unísono mediático progre-socialdemócrata, el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales estadounidenses, a pesar de la oposición del establishment de su propio partido.

Abortos sin documentación, una menor de edad, chicas empujadas a hacer la calle, trata de prostitutas procedentes de África... Sangriento culebrón con la Dator, el mayor abortorio de España, en el epicentro. La Policía la investiga por practicar abortos para una mafia nigeriana.

La agencia estatal está recopilando los documentos y testimonios del Congreso de Estados Unidos relacionados con la supuesta de partes de bebés abortados por Planned Parenthood, lo que violaría las leyes federales y estatales.

Un profesor universitario expresa en el New York Times que Trump y la Policía son motivos para dudar si sus hijos pueden trabar amistad con blancos. Preso de lo políticamente correcto desconoce, o ignora a propósito, que mueren más negros en EE.UU. a manos de Planned Parenthood.

Desde que Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos ha ido acabando con el apoyo político y financiero de los grupos abortistas. Su objetivo ha llegado a los niveles más altos de la diplomacia internacional, incluidas las reuniones más recientes del G7 y el G20.

La audiencia nacional estudia esta semana rehabilitar la condición de 'utilidad pública' a la Federación Estatal de Planificación Familiar. La filial española de la multinacional del aborto y la venta de órganos de bebés fue condenada por financiación ilegal a través de su revista.