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Constitución española

Comprobamos con una mezcla de tristeza, rabia y vergüenza cómo un Gobierno de cobardes y felones se atreve a intentar arrastrar un país por el fango. Se necesita continuar con la unidad de los constitucionalistas y con la realización de más manifestaciones masivas en las calles, pueblos y ciudades.

Es cierto que en ocasiones, la abolición de los fueros y de los privilegios, o el mero reconocimiento de derechos en el plano legal, no ha bastado para la consecución de la igualdad en todas las esferas de la participación pública y política.

La Carta Magna reconoce una serie de derechos fundamentales que en la práctica son papel mojado. Legisladores y gobernantes se han encargado de ello, convirtiendo en proscritos al idioma español, los heterosexuales o los padres con hijos en edad escolar.

La Constitución de 1978 reúne suficientes virtudes para merecer nuestro respeto, pero también suficientes defectos para no incurrir en lo que mi colega Luis Prieto ha llamado “beatería constitucional”.

Después de 44 días de que se iniciase el golpe de Estado separatista en Cataluña, el Gobierno de España ha decidido por fin aplicar el Artículo 155 de la Constitución Española.

El presidente del Gobierno juega al despiste en una entrevita concedia a 'El País'. Dice que la negociación es "imposible", pero tampoco actúa ya. El jefe del Ejecutivo hace como si el discurso del Rey no le interpelara: "No me parece que fuera un discurso dirigido al Gobierno".

"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma".

Pero lo que está en juego es la unidad de España. Algo tan serio que la misma Constitución contempla que sean las Fuerzas Armadas las que garanticen la soberanía e independencia de España

No ha tardado mucho Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, en rechazar la petición de un centenar de Asociaciones y Entidades de la sociedad civil española para que interpusiese un recurso de anticonstitucionalidad contra la ley Cifuentes.