Imagen intrauterina de un ser humano en desarrollo / Wikimedia
Imagen intrauterina de un ser humano en desarrollo / Wikimedia

El Comité de Investigación para la Defensa de Vidas Infantiles de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, formado por varios congresistas republicanos y demócratas provida, ha emitido un emplazamiento judicial para obtener los registros bancarios y de contabilidad de la compañía biomédica StemExpress. 

Se sospecha que esta empresa se ha podido asociar con la patronal del aborto Planned Parenthood para sacar beneficio económico de la venta de bebés abortados, según publica Breitbart.

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StemExpress asegura que su trabajo especializado en medicina regenerativa y extracción de tejidos y células madre tanto de fetos como de adultos es “legal y honesto”. Sin embargo, la presidenta del Comité, Marsha Blackburn apunta lo contrario al asegurar que el laboratorio podría haber violado la ley federal al sacar provecho de partes del cuerpo de bebés abortados en la multinacional abortista Planned Parenthood.

Congresista provida Marsha Blackburn
Congresista provida Marsha Blackburn/Wikipedia

“Creemos que esta investigación puede aclararnos lo que hay detrás del acuerdo entre ambas clínicas por lo que necesitamos recopilar todos los registros para obtener los datos”, ha afirmado.

Tejidos fetales de procedencia ilegal

La sospecha de este acuerdo ilegal se inició cuando en 2015 StemExpres dejó de registrar la obtención de tejidos fetales. A pesar de la acusación, la empresa biomédica ha declarado en un comunicado publicado en su página web que su trabajo “siempre ha sido salvar vidas”.

“Estamos cooperando con los organismos que nos acusan de que nuestro tejido fetal es ilegal y les hemos proporcionado más de 2.000 páginas de documentos incluyendo cerca de 900 páginas con nombres del personal clínico y clientes que testificarán a favor de nuestros programas médicos”, afirman en el comunicado.

Sin embargo, Blackburn ha asegurado que los documentos bancarios presentados por StemExpress deben ser revisados de nuevo con el fin de determinar si la empresa ha violado la ley federal para sacar provecho de la venta de tejidos fetales.

Las sospechas de los congresistas privida se basan en tres premisas. En primer lugar, el nombre de la empresa StemExpres apareció en los vídeos con cámara oculta grabados por la asociación ‘Center for Medical Progress’ donde tanto médicos como compradores de Planned Parenthood afirmaban traficar con bebés abortados y apuntaban las cifras millonarias que recibían por las ventas de fetos.

Uno de cada cinco centros de aborto en Estados Unidos vendió partes de cuerpo de bebés abortados a StemExpres

En segundo lugar, en los documentos de StemExpres se especifica que durante 2015 había trabajado con 100 clínicas abortivas. El grupo de investigación provida apunta a que aproximadamente uno de cada cinco centros abortistas en Estados Unidos vendió partes de cuerpo de bebés abortados a StemExpres.

Y en tercer lugar, Blackburn ha afirmado que en los documentos entregados por el laboratorio se reflejan muchas irregularidades en la venta de tejidos fetales.

Además, los congresistas acusan al laboratorio biomédico de apoyar a Planned Parenthood para que el jurado de Texas acusara con cargos criminales al autor de los vídeos, David Daleiden y su colega Sandra Merrit y eximiera de culpa al gigante abortista.

Daleiden: “Hay pruebas evidentes de que Planned Parenthood y StemExpres se han beneficiado económicamente de los fetos abortados”

Por su parte, David Daleiden ha apoyado a la presidenta del comité parlamentario provida , al asegurar que “hay pruebas evidentes de que Planned Parenthood y StemExpres se han beneficiado económicamente de los fetos abortados, a pesar de que ambas empresas aseguren que los vídeos “estaban manipulados”.

España también ha investigado los casos de irregularidades monetarias en abortorios. El año pasado la Consejería de Sanidad de Madrid sancionó a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), delegación española de Planned Parenthood Internacional, con 600.000 euros de multa por la financiación ilegal durante 7 años con dinero procedente de publicidad ilícita de fármacos sujetos a prescripción facultativa.

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​Madrileña, ​G​raduada en ​P​eriodismo y ​C​omunicación ​I​ntegral por la ​U​niversidad Francisco de Vitoria. Graduada en ​L​ocución de ​R​adio y ​D​oblaje de ​C​ine. Comenzó en el periódico universitario, ​se ha formado en ​E​uropa ​P​ress​ y colabora como bloguera en The Shed Coworking​. Está ​comprometida con la vida y los valores​ ​poniendo su voz allí donde lo importante este.