Pedro Sánchez y Ramón Sampedro.
Pedro Sánchez y Ramón Sampedro.

El pasado mes de marzo, Pedro Sánchez prometió poner “encima de la mesa” durante la legislatura que acaba de comenzar “el derecho a la eutanasia y a una muerte digna”. Y si la maraña de pactos postelectorales no lo impide, es más que probable que sea una de sus primeras iniciativas legislativas.

Se trata de un debate que ha tardado  décadas en llegar a la sociedad española, pero que cada vez con más fuerza se cuela en los medios de comunicación, a base de casos límite, confusiones más o menos intencionadas de conceptos y manipulaciones descaradas.

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Desde Ramón Sampedro, el marinero gallego que difundió su suicidio asistido en el año 1998 y cuya historia llevó al cine Alejandro Amenábar en ‘Mar adentro’, hasta el caso de María José Carrascosa, muerta a manos de su marido en un caso que se está juzgando bajo la ley de violencia de género, alrededor de una docena de veces se han publicitado historias como las de Inmaculada Echevarría, Madelein Z., Ramona Estévez, Pedro Martínez, José Luis Sagüés, Andrea Lago, Antonio Aramayona o José Antonio Arrabal.

Una larga historia legislativa

La eutanasia está recogida en el artículo 143 del Código Penal. Se castiga a quien “induzca al suicidio de otro” con penas de 4 a 8 años de prisión y con penas de 2 a 5 años “al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona”. También en el caso de que la cooperación “llegara hasta el punto de ejecutar la muerte”, las penas de prisión oscilan entre los 6 y los 10 años.

El punto cuarto de este artículo, especifica: “El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”.

Desde 1978, han sido numerosas las iniciativas legislativas que se han llevado al Parlamento para modificar estos preceptos, todas sin éxito. Un exhaustivo repaso a los anales del Congreso desvela la presentación de 7 proposiciones no de Ley, 5 proposiciones de Ley y una de Ley Orgánica.

La mayoría de ellas, a cargo de Izquierda Unida, representante hegemónico del comunismo parlamentario durante décadas hasta la irrupción de Podemos y de Esquerra Republicana de Cataluña.

Esto fue así hasta el año 2016, cuando el partido liderado por Albert Rivera, Ciudadanos, se sumó a las peticiones de regulación. En 2018, el PSOE también hizo acto de presencia en el debate con otra iniciativa parlamentaria. Y el Parlamento de Cataluña ha impulsado en numerosas ocasiones este asunto a nivel nacional, la última el pasado jueves. 

Si bien en el ámbito nacional aún no han fructificado estos movimientos, a nivel autonómico la amenaza a la vida humana sí ha avanzado. La primera región en aprobar una ley de estas características fue Andalucía en el año 2010 y tras ella llegaron Aragón y Navarra (2011); Baleares, Canarias y Galicia (2015); País Vasco, en 2016; Madrid, en 2017; y  Comunidad Valenciana y Asturias, en 2018.

En Holanda el 27% de los médicos reconoció haber acabado con la vida de algún paciente sin su consentimiento, mientras que el 32% admitía que lo haría llegado el caso

Carlos Álvarez, portavoz de VidaDigna, una iniciativa de la asociación Profesionales por la Ética que estudia el fenómeno de la eutanasia explica que “las leyes autonómicas que se han aprobado, esconden cuatro peligros: el derecho a la sedación terminal, que se hace obligatoria para el médico aunque esté científicamente contraindicada; la confusión de algunas prácticas eutanásicas dentro del concepto de cuidados paliativos; la posibilidad de retirar de manera contraindicada cuidados básicos como la alimentación o la hidratación a petición; y la capacidad de los médicos de incapacitar  a un paciente que rechace prácticas eutanásicas bajo la excusa de tener ‘dificultades para comprender la información que se le suministra”.

En este sentido, un estudio de la Fiscalía holandesa, donde hay una ley de eutanasia desde el año 2002, reveló que el 27% de los médicos reconoció haber acabado con la vida de algún paciente sin su consentimiento, mientras que el 32% admitía que lo haría llegado el caso.

Los expertos consultados señalan que “no existe el derecho a la sedación paliativa como no existe el derecho a la escayola”

Términos claros

Como se puede comprobar fácilmente, no es igual que un médico retire de forma proporcional un tratamiento o que provoque de forma deliberada la muerte de un paciente. Ni que se le faciliten los elementos para provocarse la muerte en un suicidio asistido o que se adecuen los esfuerzos terapéuticos sin ánimo de acortar la vida.

Por tratarse de una materia de enormes repercusiones en la que los partidarios de la eutanasia juegan permanentemente con la confusión de los términos, conviene aclarar algunos de los conceptos más importantes.

  • Morir dignamente: Se trata de un término ambiguo. No es lo mismo que se pretenda humanizar al máximo el momento final de la vida que la finalidad sea acabar con una vida. “Los términos “ayudar a morir” o “morir con dignidad”, si se usan con la intención de originar la muerte, son contrarios al uso médico profesional y deontológico”, defienden desde Vida Digna.
  • Sedación paliativa: Tiene como intención aliviar, a través de la disminución de la conciencia mediante el uso de medicamentos administrados de forma proporcional a los síntomas. Se puede regular y es reversible. Los expertos consultados señalan que “no existe el derecho a la sedación paliativa como no existe el derecho a la escayola”.

    El hecho de que algunas leyes así lo consideren conlleva “la obligación de aplicarlo para los profesionales sanitarios y, por tanto, sanciones si se oponen”, explican. Además, puede desencadenar en un “abuso, si se aplica cuando el paciente está en coma y no sufre” y, en el peor de los casos “convertirse en un claro caso de eutanasia encubierta”.
  • Sedación terminal: Su objetivo es provocar la muerte mediante al administración de dosis letales de sustancias no proporcionales a los síntomas. Sus efectos, la muerte anticipada e intencionada, son irreversibles.
  • Hidratación y alimentación: Se trata de un cuidado básico, no de un tratamiento. Su retirada cuando hay una expectativa de vida larga está contraindicada, no así cuando quedan pocas horas de vida.
  • Suicidio asistido: Se trata de facilitar los medios para que un paciente acabe con su vida, deseo que ha expresado de forma expresa y reiterada.
  • Adecuación del esfuerzo terapéutico: Adaptación de los tratamientos a la situación clínica del paciente.

¿Cuándo es ética una actuación al final de la vida?

La calificación ética de las decisiones al final de la vida depende de diversos factores y conviene, además de clarificar los conceptos, analizar la intención de cada acción. Según se refleja en el llamado “algoritmo ético del final de la vida” elaborado por Vida Digna, cuando la intención es provocar la muerte directa, la calificación ética es siempre rechazable.

Así sucede tanto cuando hay consentimiento como cuando no lo hay. Si se procura la muerte con una actuación que tiene una causa-efecto inmediata consentida y voluntaria, se hablaría de eutanasia o de suicidio asistido. si, por otra parte, se actúa sin consentimiento, se estaría produciendo un homicidio. En ambos casos, existen dos vías: provocar la muerte por un acto de omisión (de la nutrición o la hidratación) o por aplicación de una dosis letal de sustancias.

Por otra parte, cuando se trata de realizar una adecuación del esfuerzo terapéutico, que consiste en retirar o no iniciar un tratamiento desproporcionado al beneficio esperado, se trata de una buena práctica clínica. Dicha adecuación siempre preserva una correcta administración de los cuidados básicos de alimentación e hidratación.

En ocasiones, la intención es el control de síntomas refractarios a otros tratamientos. Es decir, no hay intención de matar de manera directa al paciente. En este caso, se habla de sedación paliativa que, correctamente aplicada, no supone una inducción indebida del coma y, por tanto, es una actuación aceptable.

Distinto es el caso en el que, sin darse la circunstancia de los síntomas refractarios, se seda de forma incorrecta al paciente. Entonces, se trataría de una actuación reprobable.

A modo de resumen, todo acto médico puede tener un doble efecto, pero para establecer su corrección conviene preguntarse: ¿Es la acción buena en sí misma? ¿Se busca el efecto bueno en exclusiva? ¿Existe causa proporcionada para tomar la decisión?

Algoritmo ético del final de la vida elaborado por la iniciativa Vida-digna de Profesionales por la Ética.
Algoritmo ético del final de la vida elaborado por la iniciativa Vida-digna de Profesionales por la Ética.

¿La mayoría de los españoles es partidario?

Los partidarios de la eutanasia en España suelen esgrimir como argumento que la sociedad española están de acuerdo con su regulación. Y dan una cifra: el 77,5%. ¿De dónde sale esa cifra? Del Barómetro Sanitario 2011 del Instituto de Información Sanitaria elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

En dicho estudio, se preguntaba: “¿Está usted de acuerdo con que en España se apruebe una ley que regule el derecho de las personas a tener una muerte digna?”. En efecto, a esta cuestión respondió de forma afirmativa el 77,5%. El 9,8%, de forma negativa. Contestó “no sabe” el 11,2%. Y un 1,5% prefirió no decir nada.

Para Carlos Álvarez, la manipulación de esta estadística es evidente: “Lo que sorprende es que no saliera el 100%. ¿Es que acaso alguien desea morir sin dignidad o con dolor? Como es evidente, la pregunta es capciosa y la interpretación de los partidarios de la eutanasia, manipuladora”.

A este respecto, cabe recordar que el 70% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos no los reciben antes de morir según se desprende de la nueva edición del Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, coordinada por el ‘Programa ATLANTES’ del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.

«La cuarta parte de las muertes son inducidas” en Holanda, según desvela la doctra Alonso, de Vida Digna

Otra de las cifras más referidas es que en Holanda “solo” mueren por eutanasia 6.000 personas al año, lo que representaría un porcentaje muy pequeño respecto al total. Sin embargo, un vistazo a las cifras oficiales holandesas, ofrece una panorama muy diferente.

La doctora Esmeralda Alonso explica que, según las cifras oficiales, que parten de las notificaciones de los médicos, se publican cada cinco años. En el estudio de 2015, en efecto, se daba la cifra de 6.672 muertes por eutanasia.

“Lo que ocultan los partidarios de la eutanasia es que si a esa cifra le sumamos las muertes debidas a medidas que alivian pero buscan de forma intencionada la muerte y las decisiones sobre el mantenimiento y retirada de tratamientos con igual intención homicida, y las sedaciones terminales, la cifra es de 85.527”, explica la doctora Esmeralda Alonso.

Aún más, “las mismas cifras oficiales de Holanda arrojan un dato escalofriante: un 6% del total de muertes intencionadas son sin consentimiento alguno del paciente y, en total, la cuarta parte de las muertes son inducidas”, subraya la galeno miembro de Vida Digna.

¿Cuáles son las posturas políticas sobre la eutanasia en España?

Hasta la XII Legislatura, que concluyó el 5 de marzo de 2019, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez tan sólo grupos como Izquierda Unida o Esquerra Republicana de Cataluña abanderaron las peticiones para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido.

Sin embargo, durante el último mandato de Mariano Rajoy, se sumaron a esta corriente Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Este último, hasta ese momento, había defendido, a su manera, la extensión de los cuidados paliativos.

De esta manera, existe una mayoría de representantes políticos favorables a la despenalización de esta práctica. En contra, de manera clara, se sitúan tan solo Vox y Unión del Pueblo Navarro. El Partido Popular es una incógnita, a la espera de que aclare a nivel interno cuáles son los principios rectores de sus políticas, una cuestión aún no resulta pese a la llegada a su presidencia de Pablo Casado.

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