El periódico oficial de la Arquidiócesis de Vancouver (Canadá), reveló que al menos una de las autoridades sanitarias financiadas con fondos públicos de la región ha estado ofreciendo eutanasia o suicidio asistido a los pacientes, en aparente violación de la política pública.

El 25 de febrero, el rotativo BC Catholic señaló en su sitio web que aunque la eutanasia y el suicidio asistido son legales en Canadá, la autoridad de salud ha establecido que esta práctica debe ser solicitada por el paciente.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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En junio de 2016 se legalizaron en Canadá la eutanasia y el suicidio asistido a través de un médico, bajo el término oficial de Medical Assistance in Dying (MAiD), “asistencia médica para morir”. Desde entonces y hasta el 2019, casi 14.000 personas terminaron con sus vidas a través de este sistema.

En marzo de 2020, BC Catholic presentó una solicitud para obtener información sobre la implementación de la ley de eutanasia,después de que una mujer explicara al periódico que se sentía “acosada [y] presionada” para que optara por el suicidio asistido en medio de su lucha contra una grave enfermedad.

BC Catholic obtuvo documentos que señalan que la eutanasia debe ser un proceso “totalmente impulsado por el paciente”; pero no detallan las regulaciones o normas que prohíben que un médico u otro profesional de la salud presente el suicidio asistido al paciente sin que este primero le solicite la información.

Según los documentos oficiales, las personas que pueden optar al suicidio asistido deben ser adultos canadienses mentalmente competentes que tengan una enfermedad, dolencia o discapacidad grave e irreversible.

Si bien para ello los pacientes no tienen que tener una condición “fatal”, sí deben cumplir con un criterio relacionado que es expresado de diversas formas. Por ejemplo, que “puedan esperar morir en un futuro cercano”, que la muerte natural sea “razonablemente previsible” en un futuro “no muy lejano” o que estén “decayendo hacia la muerte”.

El Ministerio de Salud Nacional de Canadá afirma que existen salvaguardias para garantizar que las personas que soliciten la eutanasia o el suicidio asistido “puedan tomar decisiones de atención médica por sí mismos” y “soliciten el servicio por su propia voluntad”.

Sin embargo, una enfermera que trabaja en un hospicio en la región de Fraser Health dijo de forma anónima a BC Catholic que, en su experiencia, los médicos que evalúan a los pacientes les informan de la posibilidad de un suicidio asistido, pero no describen alternativas como los cuidados paliativos.

Los defensores provida, como la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, exhortaron en varias oportunidades al gobierno de Canadá a actualizar y promover opciones de cuidados paliativos, en lugar de leyes de suicidio asistido.

El Dr. Williard Johnston de Vancouver, médico y director del B.C., rama de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, dijo a BC Catholic que cree que el solo hecho de que el personal médico introduzca la posibilidad del suicidio asistido, ejerce una presión indebida sobre los pacientes, cuando ellos son los más vulnerables.

La oficina de comunicaciones de Fraser Health no respondió a la solicitud de BC Catholic para dar declaraciones.

Los hospitales religiosos en Canadá no están obligados a proporcionar la eutanasia, pero no existen tales derechos de conciencia para las instituciones seculares como la Delta Hospice Society.

Delta Hospice Society es una organización fundada en 1991 que dirigía un hospicio de 10 camas. Lamentablemente, se vio obligada a despedir a todo su personal y clausurar su centro el 24 de febrero de 2021 por oponerse a la eutanasia.

El problema se originó cuando Fraser Health revocó 1,5 millones de dólares en fondos de Delta Hospice Society y le retiró su permiso para operar como hospicio, debido a la oposición de la organización a la eutanasia.

El año pasado hubo un caso que involucró a Fraser Health, en donde un hombre con enfermedad mental de 61 años, llamado Alan Nichols, murió por eutanasia voluntaria en un hospital de Columbia Británica en 2019. La familia de Nichols, que no apoyó, pero tampoco pudo detenerlo de quitarse la vida, dudan que él haya dado su consentimiento informado para la eutanasia y sostienen que su muerte natural no era razonablemente previsible.

Según un informe de 2020 publicado por el gobierno canadiense, el número de canadienses muertos por suicidio asistido a manos de un médico casi se duplicó entre 2017 y 2019.

En 2019, un total de 5.631 canadienses terminaron con sus vidas, lo que equivale al 2% del total de muertes en Canadá y representa un aumento considerable en el plazo de un año. En 2018, las muertes por MAID representaron el 1,12% del total de muertes en Canadá.

El informe también encontró que el cáncer era la enfermedad más común que tenían las personas que terminaban con sus vidas con la eutanasia, seguida de las afecciones respiratorias y enfermedades neurológicas. Esto significa que un poco más de dos tercios de los que optaron por el suicidio asistido tenían cáncer como condición subyacente.

En 2019, la Corte Suprema de Quebec (Canadá) dictaminó que exigir que la muerte sea “razonablemente previsible” en los casos de suicidio asistido era inconstitucional. La Corte dijo que el gobierno debe actualizar sus leyes para reflejar este fallo antes del 26 de febrero de 2021.

En respuesta, el gobierno federal presentó el Proyecto de Ley C-7, para eliminar la condición de que la muerte sea “razonablemente previsible” dentro de los criterios señalados como necesarios para que una persona pueda acogerse a al ley de eutanasia. No obstante, la ley seguirá prohibiendo el suicidio asistido a los pacientes que solo tienen enfermedades mentales, pero no físicas.

El 10 de diciembre, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de los Comunes con un margen de dos a uno, y aún necesita la aprobación del Senado.

* Traducido y adaptado por Cynthia Pérez para ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.

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