Un médico charla con un paciente en plena crisis del coronavirus /EFE
Un médico charla con un paciente en plena crisis del coronavirus /EFE

La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) con indicaciones para “priorizar enfermos” en las que se llamaba al personal sanitario a no intubar a personas con enfermedades neurodegenerativas, alzhéimer o, en general, mayores de 80 años

El portavoz de la plataforma Derecho a Vivir Eduardo Fernández Martos ha salido al paso de estas apreciaciones rechazándolas como contrarias a la dignidad inherente a toda persona. La condena a muerte y el rechazo sin juicio médico previo, por razones de edad, deterioro cognitivo o enfermedad crónica de los pacientes que ingresan en los hospitales por contagio de COVID-19, es contraria a la dignidad de la persona y a la de todos nosotros como sociedad», explica.

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La plataforma provida considera además como «inadmisible y contradictorio» que se invite a rechazar en las Unidades cde Cuidados Intensivos precisamente «a aquellos a quienes más afecta la pandemia y por quienes todo el país está realizando ingentes esfuerzos».

Derecho a Vivir se alinea así el criterio expresado por el Comité de Bioética de España, quien recomienda «valorar las circunstancias concretas de cada paciente», sin excluir a nadie de forma automática.

La plataforma provida considera que «aceptar esta exclusión de forma mecánica e irreflexiva es contraria a la buena práctica médica y a la dignidad tanto del paciente como de los propios profesionales y nos avergüenza a todos como sociedad«.

«Este trato a nuestros mayores, a quienes con su lucha, trabajo y cariño nos han traído a todos hasta aquí, es injusto e inadmisible», subraya Fernández Martos, al tiempo que expresa comprensión ante la necesidad de racionalizar los recursos sobre la base de «las capacidades de recuperación y otros condicionantes, pero nunca la denegación de los mismos de manera automática, sin consideración a la cualidad y dignidad de la persona, o sin un estudio clínico previo».

A su juicio «excluir de los tratamientos terapéuticos a enfermos graves según su ‘utilidad social’ o discapacidad, sin atender a su estado médico, atenta contra la propia práctica médica y mina la confianza que la sociedad deposita en el estamento sanitario, tan apoyado y valorado estos días».

Fernández Martos también reitera su confianza «en la altura moral y ética de nuestros profesionales sanitarios, de quienes tan orgullosos nos sentimos estos días y en cuyas manos hemos puesto el cuidado de nuestros mayores en esta crisis”.

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