Por Lila Rose, presidente de Live Action.

He estado de incógnito y he visto de primera mano las actividades horribles y a veces criminales que tienen lugar dentro de Planned Parenthood y la industria del aborto. He visto a trabajadoras del aborto admitir que encubrían el tráfico sexual infantil, los abortos selectivos por sexo, la voluntad de cometer infanticidio y más.

Actuall depende del apoyo de lectores como tú para seguir defendiendo la cultura de la vida, la familia y las libertades.

Haz un donativo ahora

El público tiene todo el derecho de ver la parte más vulnerable de esta industria inhumana, y los periodistas tienen todo el derecho de investigar. Nuestra Primera Enmienda lo garantiza.

David Daleiden y Sandra Merritt, quienes, como yo, tranbajaron de incógnito para mostrarle al público la verdad sobre lo que sucede dentro de las clínicas de aborto de Planned Parenthood en todo el país, han prestado un gran servicio a los estadounidenses. Ellos pillaron a los ejecutivos de Planned Parenthood y sus socios de negocios en vídeo discutiendo sobre la recolección y la venta de partes de cuerpos de bebés abortados.

Daleiden y Merritt grabaron a directivos de alto nivel de Planned Parenthood admitiendo haber usado abortos por parto parcial para obtener más partes del cuerpo del bebé «utilizables» para la investigación. Estos mismos funcionarios no tuvieron reparos en regatear sobre los cuerpos rotos de los niños que, por causas ajenas a su voluntad, fueron programados para la muerte. Estos detalles desgarradores ilustran los espantosos abusos contra los derechos humanos que comete Planned Parenthood a diario, primero matando a sus víctimas y luego organizando la venta de sus cuerpos. Daleiden y Merritt merecen que les demos las gracias, no ser procesados.

La ley permite explícitamente la grabación de conversaciones «confidenciales» si el propósito es reunir evidencia de un delito

Desafortunadamente, el fiscal general de California Xavier Becerra, a instancias de Planned Parenthood, ha acusado a Daleiden y Merritt de 14 cargos falsos por delitos políticos, todos motivados por la ley de grabaciones de vídeo de California contra el registro de comunicaciones «confidenciales». Los únicos culpables en este escenario son Planned Parenthood y las empresas que cooperaron con su esquema de piezas para bebés.

Es trágico ver al fiscal general de California abusar del sistema de justicia solo porque la verdad descubierta por estos heroicos investigadores amenazó a una corporación poderosa y políticamente conectada. El abuso de poder es aún más obvio cuando se consideran los detalles del caso. 

Aunque la ley de grabación de video de California prohíbe la grabación de comunicaciones «confidenciales», la ley permite explícitamente la grabación de conversaciones «confidenciales» si el propósito es reunir evidencia de un delito. Los videos producidos por el Centro para el Progreso Médico brindan una amplia evidencia de eso, y algunos de los socios comerciales de Planned Parenthood ya han sido clausurados por su participación en la trama desmantelada de tráfico de partes de cuerpos de bebés que se descubrió.

Pero incluso si los vídeos del Centro para el Progreso Médico no hubieran descubierto pruebas de un delito, entonces todos los vídeos grabados por Daleiden y Merritt en California ocurrieron en lugares de públicos, por ejemplo, restaurantes abarrotados y espacios abiertos de hoteles, que no están amparados por la ley de grabaciones.

Los periodistas de investigación en California regularmente van de incógnito en tales entornos. Registran y publican sus hallazgos. Ya sean reporteros de noticias locales en CBS Los Ángeles ocultos en la oficina de un quiropráctico o Fox Los Ángeles encubiertos en dispensarios locales de marihuana , estos periodistas nunca son procesados. Más bien, son alabados. De hecho, este caso contra Daleiden y Merritt es la única vez en los 50 años de historia de la ley de grabación de California que alguien ha sido acusado penalmente por publicar vídeos encubiertos.

La única diferencia notable en el caso contra Daleiden y Merritt es que expusieron una corporación de aborto políticamente poderosa y con liquidez. Esta acusación envía un mensaje escalofriante a los periodistas en todas partes: que si los resultados de sus investigaciones encubiertas son inconvenientes o perjudiciales para los políticamente poderosos, ellos también podrían enfrentar cargos criminales.

* Publicado en The Washington Examiner

Comentarios

Comentarios