La protección a la maternidad es un bien social/ Opcionis
La protección a la maternidad es un bien social/ Opcionis

Las Cortes valencianas han decidido derogar la ley de protección a la maternidad que estaba en vigor en la Comunidad desde el año 2009, conocida por la izquierda y los abortistas como la ‘ley Cotino’, e instaurada por el Partido Popular, tal y como informa Europa Press.

La plataforma Derecho a Vivir cree que esta decisión impedirá a muchas mujeres la posibilidad de ser madres. Su portavoz, la doctora Gádor Joya, ha afirmado que “la situación demográfica de España exige leyes para fomentar la natalidad y no decisiones ideológicas como la adoptada hoy por las Cortes valencianas”.

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El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado tramitar la derogación de la ley de protección de la maternidad que fue aprobada por el Consell del Partido Popular en 2009.

La proposición ha corrido a cargo de Compromís, con el apoyo de PSPV y Podemos; la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP, que ha calificado la medida de “ideológica”, alegando que la ley “no hace daño a nadie”.

Gádor Joya ha asegurado que si se deroga esta ley “muchas mujeres no podrán realizar su deseo de ser madres”

La portavoz de Derecho a Vivir considera que las leyes de protección de la maternidad tienen un fin social indiscutible porque proporcionan ayudas y recursos a mujeres para que puedan tener a sus hijos. “Si se les niega ese apoyo, muchas de ellas no podrán realizar su deseo de ser madres”, ha concluído la Dra. Joya.

El Consell ha manifestado su criterio favorable a derogar la normal al tratarse de una ley “sin contenido” y ha recordado que el Ejecutivo valenciano “considera la maternidad como un derecho que ha de plasmarse en decisiones libres y responsables”.

Sólo el PP se ha opuesto a la derogación

María Josep Ortega, diputada de Compromís, ha asegurado que la ley “no era de protección a la maternidad ni de protección de nada, era la ‘ley Cotino’ apoyada por el PP, una ley ideológica profundamente machista, reaccionaria y que atentaba contra la libertad de las mujeres”.

Ortega ha lamentado que la ley se hiciese con “un planteamiento paternalista e ideológica” que trata de “tutelar y vigilar la maternidad” como si las mujeres “no estuvieran capacitadas para hacerlo por sí mismas”. Ha subrayado que la ley es “totalmente inútil” alegando que no se ha desarrollado.

La portavoz adjunta del PP, María José Català ha señalado que no se vulnera la libertad de decidir de las mujeres en esta ley. Además, ha criticado que pretendan derogar una ley que parte de una iniciativa legislatura popular pasando la “apisonadora” y “sin argumentos, cuando “no hace daño a nadie”.

Desde el PSOE han calificado la ley como “ideológica, inoportuna, esperpéntica y absurda”

Por su parte, la diputada socialista Rosa Mustafá ha asegurado que esta ley “nunca debió haber existido” porque es “ideológica, inoportuna, esperpéntica y absurda” con propuestas como computar como nuevos miembros de la familia desde la fecundación.

La diputada de Podemos Llum Quiñonero ha destacado que la ley no sirvió al objetivo de proteger la maternidad, ha defendido una legislación que “defienda los derechos de las mujeres” y una “maternidad deseada” porque no se trata de llevar a las mujeres “hacia un parto que no desean”.

Desde Ciudadanos, Carmen Sánchez ha manifestado que su grupo comparte el fondo de la ley en lo que se refiere a “dar amparo socioeconómico a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión” pero ha destacado que en ningún caso ninguna legislación puede intervenir en “decisiones personales e íntimas” o “condicionar las decisiones de las mujeres”.

Compromís y PSOE aceptaron tácitamente esta ley

Esta ley que ahora quieren derogar y definen como machista, es la misma que utilizaron Ximo Puig (presidente de la Comunidad Valenciana) y Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana), para argumentar por qué el nasciturus (no nacido) debía computar como hijo para calcular la renta familiar.

Oltra en su momento clamó contra la ley diciendo que iba “contra la dignidad de las mujeres”, sin embargó utilizó la norma, en la que se reconoce que “se considerará miembro de la unidad familiar el hijo concebido y no nacido desde el momento de la fecundación”, para reconocer implícitamente que realmente el feto es un ser humano desde la concepción.

Además, una sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el pasado diciembre  incidía en esta condición del nasciturus y respaldaba “el beneficio de tener por nacido al hijo en gestación a efectos de su cómputo como miembro de la unidad familiar”.

El Constitucional avaló esta norma, que fue impulsada por una iniciativa legislativa popular por el Foro de la Familia y Red Madre, por unanimidad lo que está en consonancia con la sentencia de 1985 que considera la vida del no nacido “como un bien jurídico a proteger”.

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