El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de Ley Orgánica para impedir a cualquier persona contraria al aborto que puede acercarse a los alrededores de un negocio de esta industria a informar y dar alternativas a las madres que acuden a ellos.
Para el PSOE es necesario «penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción del embarazo» mediante la incorporación de un cuarto epígrafe en el artículo 172 del Código Penal referido a las coacciones.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraAsí, se proponen penas de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días a quien, según el criterio de los socialistas «hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretende ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».
Esta circunstancia no se limitaría a la presencia física en el lugar, sino incluso a quien incurriera en ella «promoviendo» o «favoreciendo» concentraciones en las proximidades de los centros donde se practican abortos, impidiendo a un ser humano en fase de vida prenatal el normal discurrir de su desarrollo hasta el parto.
Según sea el caso, el PSOE también propone que el tribunal pueda imponer, además de la pena de prisión o trabajos comunitarios, «la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años».
Estas penas serían añadidas a las que pudieran concurrir por otros delitos que se pudieran invocar por, como señala específicamente el PSOE en su exposición de motivos, mostrar fotografías o fetos de juguete que dan información a las mujeres sobre lo que es una vida humana desde la concepción hasta el nacimiento y los efectos mortales del aborto.
La proposición de Ley Orgánica del PSOE, que recoge un informe de la principal agrupación patronal de la industria del aborto en España, no da cuenta de los actos de violencia que se producen contra ciudadanos provida por parte de los trabajadores de los centros de aborto, más allá de la ejercida contra las madres y sus hijos en su interior. Miembros de grupos provida han denunciado que les han arrojado placenta, sangre o piedras en ocasiones.
Ante el Tribunal de Estrasburgo
La activación de zonas de exclusión en los alrededores de los negocios del aborto en otros países ha llevado la cuestión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Alina Dulgheriu, una joven madre que ha desafiado la Orden de Protección de Espacios Públicos (PSPO) en torno a un centro de abortos en el distrito londinense de Ealing, ha llevado su caso al tribunal europeo.
Dulgheriu recurrió la orden emitida por el distrito de Ealing poco después de que entrara en vigor en 2018. Entonces, se determinó que la zona de exclusión en torno a los centros de aborto violaba derechos fundamentales, pero que de alguna forma estaba justificada, por lo que condenó en costas a Dulgheriu. El Tribunal de Apelación desestimó el recurso en agosto de 2018. Esta mujer trató de apelar ante el Tribunal Supremo, pero su acción jurídica no fue admitida a trámite, por lo que decisión acudir a la instancia europea.
Las motivaciones de Alina Dulgheriu para dar esta batalla son claras: «Mi hija está aquí hoy por el apoyo práctico y emocional que me ofrecieron a las afueras de un centro [abortista] de Marie Stopes y presenté la apelación para asegurar que otras mujeres tuvieran este apoyo vital».
