Laurence Rossignol, ministra francesa de Familia y Derechos de las Mujeres / Wikipedia

Si hace veinte años nos los hubieran dicho hubiéramos pensado que la ocurrencia es propia de un manicomio. La ministra es de Familia, y a quien quiere perseguir no es a los enemigos de la familia, sino a quienes defienden la vida del más inocente.

El último atentado contra la libertad de expresión es el que se dispone a perpetrar el Gobierno francés al prohibir, bajo penas de multa y cárcel, a las páginas webs que critiquen el aborto y ofrezcan alternativas provida. 

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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La ministra francesa de Familia, Infancia y Derechos de las Mujeres, la socialista Laurence Rossignol, acaba de anunciar un proyecto de ley para perseguir en Internet las visiones contrarias al aborto.

Durante la celebración este 28 de septiembre del Día Global de Acción por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Rossignol presentó una reforma legal para criminalizar los sitios web que intenten disuadir a las mujeres de abortar.

Debido a la dificultad para poder demostrar que una mujer ha sido presionada para que no aborte, habría que modificar la ley francesa para prohibir estas páginas que a fecha de hoy son legales.

La ministra quiere evitar lo que ella considera una ‘manipulación’: que activistas provida se acerquen a las mujeres embarazadas que quieren abortar para evitar que las ‘presionen’

La intención de la ministra socialista es evitar lo que ella considera una ‘manipulación’, es decir, que activistas provida se acerquen a las mujeres embarazadas que quieren abortar para evitar que las ‘presionen’ y las impidan ejercer su ‘derecho’.

Y es que los sitios web provida, al igual que las personas que se concentran frente a los abortorios, no cometen ningún delito ni tampoco obligan a nadie a tener a su hijo.

Las sanciones para los infractores incluirán penas de prisión y multas de hasta 30.000 euros. La reforma llegará al Senado el 4 de octubre, para una primera lectura.

En Francia, el aborto está financiado en su totalidad por el Estado durante las primeras doce semanas de gestación, informa LifeSite. Además, en este país es ilegal desde 1993 informar a las mujeres sobre alternativas al aborto, a las puertas de los centros donde se practica.

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