Imagen de un furgón funerario tomada el 25 de abril de 2017 a las puertas del abortorio Dator de Madrid.
Imagen de un furgón funerario tomada el 25 de abril de 2017 a las puertas del abortorio Dator de Madrid.

La semana pasada la Asociación de Abogados Cristianos denunció a 20 centros abortistas de toda España por violar la legislación sanitaria al negar públicamente las posibles secuelas del aborto.

Días antes, un tribunal madrileño había condenado a una ginecóloga por las secuelas provocadas a una mujer a la que le perforaron el intestino en un aborto inducido.

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Como consecuencia de todo esto, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador a las clínicas abortistas Dator, El Bosque, Isadora, Retiro, Sergine Médica y Pacífico al negar públicamente en sus páginas web las posibles secuelas del aborto provocado. En total son seis de las siete clínicas abortistas que están operativas actualmente en la capital.

Texto que aparecía en la web de la clínica Dator hablando de las 'bondades' de un aborto.
Texto que aparecía en la web de la clínica Dator hablando de las ‘bondades’ de un aborto.

«Es un proceso muy seguro y sencillo y sin secuelas de ningún tipo«; «representa una experiencia de maduración para algunas mujeres»; o «quienes acceden a un aborto suelen tener mayor autoestima que las que se niegan a terminar un embarazo no deseado» son algunas de las afirmaciones que se encontraban en la web del abortorio Dator. de Madrid.

Una gráfica que muestra el incremento de la tasa de suicidios en mujeres que han realizado un aborto voluntario.
Una gráfica que muestra el incremento de la tasa de suicidios en mujeres que han realizado un aborto voluntario.

Sin embargo, como ha manifestado la presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, «hay importantes estudios científicos publicados en revistas de prestigio como el British Medical Journal o el British Medical Of Psychiatry que apuntan a que el riesgo de padecer problemas de salud mental es un 80% superior en mujeres que han pasado por un aborto voluntario, mientras que el riesgo de suicidio se multiplica por tres».

«Estos centros están utilizando el engaño para su beneficio económico mostrando con ello un desprecio absoluto por la salud de las mujeres», ha manifestado Polonia Castellanos. Además ha recordado que «en la intervención del aborto no son infrecuentes las infecciones, los desgarros y hasta las extirpaciones de útero. Y de todo eso estas clínicas están obligadas a informar». Además de la muerte se el ser humano más indefenso: el feto.

Ante esta situación la Asociación de Abogados Cristianos ha ofrecido «sus servicios de forma gratuita a todas las mujeres que hayan sufrido secuelas tras un aborto inducido y que quieran solicitar una indemnización», pues estiman que «sólo de los últimos 5 años podrían hacerlo más de 4.000 mujeres que han sufrido este tipo de daños«.

La asociación ha puesto a disposición de las afectadas la siguiente dirección de correo electrónico: afectadasaborto@abogadoscristianos.es.

Derecho a Vivir: «Utilizan a las mujeres para lucrarse»

La plataforma Derecho a Vivir celebra que la Consejería de Sanidad haya procedido a la apertura de expedientes a seis negocios abortistas que «utilizan a las mujeres para lucrarse y añadir ceros a sus beneficios económicos».

Fuentes de la Consejería aclaran a Europa Press que la apertura de este expediente se refiere a la información de las páginas en Internet, que no se ajusta a lo establecido, pero no a la «praxis» que se realiza en estos centros y a la información que se proporciona a los pacientes cuando acuden a las clínicas.

Sin embargo, Derecho a Vivir sostiene que también en los negocios del aborto se «oculta» información al paciente y se alegran de que la iniciativa de Abogados Cristiano haya dado sus primeros frutos.

Por ello, animan a la Consejería de Sanidad «para que lleve hasta el final esta investigación que no debe buscar otra cosa que proteger el interés de las mujeres y por su derecho a recibir una información completa y veraz y velar por el cumplimiento de la ley de autonomía del paciente».

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