Sede del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. /EFE
Sede del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. /EFE

La vertiginosa transformación cultural, de signo radicalmente relativista, que nuestro mundo está experimentando es, sin duda, el resultado de múltiples y complejos factores. Pero no sería posible ni tan eficaz sin tres manipulaciones fundamentales de la opinión pública: la de la información, la de las emociones y la del lenguaje. Las tres unidas.

Tales abusos se proyectan en diferentes ámbitos, siendo uno de los más relevantes el de la definición internacional de los derechos humanos. El caso paradigmático es el de la protección de la vida humana y su violación a través del aborto, amparado en el famoso “acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”. Una estrategia cuyo origen se remonta al año 1994 y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo -reconducida gracias a ese titán de la defensa de la vida que fue Juan Pablo II-, presentándose ahora entre las Metas para el 2030 de los omnipresentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en concreto del 3 y el 5.

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La realidad es que, más allá de la buena fe -o la inocencia- con la que la mayoría ha acogido los ODS, dicha Meta se está utilizando, por ejemplo, para imponer el aborto en los países en desarrollo, muchas veces a través de esa forma de sucio neocolonialismo que supone la concesión de ayudas internacionales a cambio de imposiciones ideológicas en las políticas nacionales.

Este contexto permite valorar la importancia histórica de la firma por 32 países, el pasado 22 de octubre, de la Declaración del Consenso de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia. La ocasión ha sido la Asamblea Mundial de la Salud 2020, convocada en la ciudad suiza y frustrada por la pandemia mundial del COVID-19. Estados Unidos, Brasil, Hungría, Uganda, Egipto e Indonesia han liderado la Declaración, abierta aun a la firma de más naciones.

Representando a una población total de 1.600 millones de personas, los signatarios de la Declaración han decidido, en palabras pronunciadas el día de la firma por Alex Azar, secretario de Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos, “colocar un marcador claro; las agencias de la ONU ya no pueden reinterpretar y malinterpretar el lenguaje acordado sin rendir cuentas”.

La protección de la vida como prioridad fundamental

Al amparo de los verdaderos pronunciamientos oficiales de Naciones Unidas, citados a lo largo del documento, los países firmantes de la Declaración asumen como prioridad fundamental la protección del derecho a la vida, comprometiéndose a realizar labores coordinadas en foros multilaterales.

Lo hacen, además, sentando algunas premisas de enorme trascendencia. Es recomendable leer la Declaración completa en español, pero de entre ellas creo que hay cuatro especialmente destacables:

  • La reafirmación de “la dignidad y el valor de la persona humana y que el derecho a la vida es inherente a toda persona humana”.
  • La reafirmación de que “no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos”  y que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia”.
  • La reafirmación de “la titularidad nacional y la función y la responsabilidad primordiales que tienen los gobiernos a todos los niveles de determinar su propia manera de lograr la cobertura sanitaria universal” y que, en concreto, “cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto (…) se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional”.
  • La reafirmación de que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, que la maternidad y a infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, y (…) la contribución de las mujeres al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad”.

El marco de las legítimas aspiraciones a la igualdad de la mujer y la salud

Es interesante, además, como en el texto de la Declaración estas reafirmaciones de los auténticos consensos internacionales están perfectamente integradas con las legítimas aspiraciones con las que suele arroparse, de forma tramposa, la imposición del aborto. Por citar algunas de las que aparecen a lo largo del documento: la defensa del derecho de las mujeres a los más altos niveles posibles de salud; el derecho a la igualdad y a la participación de mujeres y niñas; la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto a la familia; los embarazos y los partos sin riesgos y la posibilidad de las parejas de tener hijos sanos; la protección de la infancia; la cobertura sanitaria universal y el apoyo a la salud óptima durante toda la vida, etc.

En definitiva y como con acierto ha señalado la dinámica plataforma Women of the World, la Declaración del Consenso de Ginebra “establece un punto de inflexión en el panorama internacional reciente respecto a la interpretación que se ha dado a la promoción de salud de la mujer y de la familia, recuperando los derechos humanos universalmente reconocidos que se han ido desnaturalizando en los últimos tiempos y al mismo tiempo cristaliza principios esenciales a favor de la mujer, la familia y la soberanía nacional, los cuales deben estar en el centro de todas las políticas y programas internacionales”.

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