Todos los cargos contra David Delaiden y Sandra Merrit han sido rechazados. La fiscalía del Condado de Harris, en Houston, donde se seguía la causa, ha retirado todos los cargos de los que se les había acusado en el curso de su investigación sobre el tráfico de órganos de bebés abortados a cargo de Planned Parenthood.
Daleiden y Merrit se enfrentaban a penas de hasta 20 años de prisión, acusados de haber manipulado documentos oficiales para poder entrar en las instalaciones de Planned Parenthood, la multinacional del aborto, cuyas prácticas más truculentas quedaron al descubierto gracias a su investigación periodística.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraPara llevar a cabo su trabajo, Daleiden y Merrit se hicieron pasar por «Robert Sarkis» y «Susan Tennenbaum,» dos empleados de la compañía ficticia biológica Biomax.
Los acusados ya fueron exhonerados con anterioriodad de otros delitos menores relacionados con su investigación. Por otro lado, se demuestra cómo estaban en lo correcto cuando se negaron a aceptar un acuerdo con la Fiscalía.
De acuerdo con LifeSite News, que cita al Houston Chronicle, «un año después de que se dieran a conocer los vídeos realizados con cámara oculta, la investigación deja claro que Planned Parenthood es culpable de la recolección y tráfico de partes de los cuerpos de los bebés [abortados] con fines de lucro», señala Daleiden.
Así era el mercado de #PlannedParenthood : “¿Quiere el cerebro fresco? ¿O congelado?” https://t.co/XkOIgYYMDq pic.twitter.com/6PHL5hsBVH
— Actuall (@actuallcom) March 3, 2016
IPPF, obligada a diversificar el negocio
El impacto de las investigaciones de Daleiden ha sido tan importante, que Planned Parenthood se ha visto obligada a diversificar su negocio, para resistir las pérdidas económicas que leprovocaron los vídeos. Así, han comenzado a ofrecer operaciones de cambio de sexo en sus instalaciones.
Financiación ilegal en Planned Parenthood España
La filial de Planned Parenthood en España, la Federeción Española de Planificación Familiar, ha sido objeto de polémioca también en España. Recientemente, fue sancionada por la Comunidad de Madrid tras ser denunciada por financiación ilegal.
Esta denuncia sirvió para que el Ministerio del Interior le retirara la consideración de ‘Entidad de utilidad Pública’, dado que la Federación Española de Planificación Familiar había ocultado este dato en su petición oficial para obtener el reconocimiento.
