El presidente de Ecuador, el polémico izquierdista Lenin Moreno, acaba de desestimar la posibilidad de imponer su poder de veto al rechazo de la Asamblea Nacional el pasado mes de septiembre a una modificación del Código Penal para la despenalización del aborto en el país, de tal manera que ha trasladado al Tribunal Constitucional la responsabilidad de decidir sobre la cuestión.

La modificación del Código Penal iniciada en enero de este año pretendía legalizar el aborto no punible en casos de violación sexual, malformaciones del feto, estupro, incesto e inseminación artificial no consentida y el Tribunal Constitucional tiene un mes para pronunciarse.

Actuall depende del apoyo de lectores como tú para seguir defendiendo la cultura de la vida, la familia y las libertades.

Haz un donativo ahora

El aborto en Ecuador

En la actualidad, el artículo 54 de la Constitución de Ecuador reconoce y protege el derecho a la vida desde la concepción. A su vez, el Código Civil otorga la personalidad jurídica sólo tras el nacimiento, pero reconoce queel no nacido tiene derechos (art. 60 y 61).

Por su parte, el Código Penal establece penas de 1 a 3 años para quien ejecute un aborto con consentimiento de la madre, que podrá ser castigada una pena de seis meses a dos años. Sí está permitido en el caso de que se realice siguiendo la lex artis médica con el objeto de salvar la vida o preservar la salud de una mujer; también es legal si el embarazo es consecuencia de una violación y la víctima tiene alguna discapacidad mental.

Denuncia ante la Fiscalía

En este contexto, la Fiscalía de Ecuador ha admitido a trámite una denuncia presentada el pasado mes de septiembre por el abogado César Eduardo Benítez Giménez contra Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), filial local de la International Planned Parenthood Federation (IPPF) por presuntos delitos de aborto, tráfico de órganos y financiación de otros delitos.

Según consta en la denuncia presentada, a la que ha tenido acceso Actuall, «CEPAM cuenta entre sus mecenas internacionales a sus pares relacionadas International Planned Parenthood Federation (IPPF-USA), IPPF Western Hemisphere Region, Safe Abortion Action Fund (SAAF) y Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro».

Tal y como reflejan los estados financieros de la matriz norteamericana, la filial ecuatoriana CEPAN habría recibido casi dos millones y medio de dólares americanos (2.428.491$) entre los años 2008 y 2016.

La representante legal de CEPAM , Míriam del Carmen Garcés Dávila, no ha presentado sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta desde el año 2014, según consta en la denuncia

Por su parte, CEPAM sólo manifiesta oficialmente ofrecer servicios de «promoción de la salud reproductiva y la salud sexual, así como la defensa del ‘derecho a abortar», tal y como se recoge en la denuncia.

Así, y dado que Planned Parenthood en Estados Unidos está siendo investigada «por estar relacionada clandestina y directamente a la extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos humanos, tráficos de órganos y comercialización de bebés vivos enteros y partes de bebés descuartizados», Benítez entiende que «queda claramente la muy razonable duda» sobre si CEPAM Ecuador solamente realiza los servicios que anuncia o «si está siendo financiada desde el exterior» para cometer los actos ilícitos por los que la matriz está siendo investigada.

A estas circunstancias se añade el hecho de que la representante legal y directora ejecutiva de CEPAM, Míriam del Carmen Garcés Dávila, no ha presentado sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta desde el año 2014, según consta en la denuncia.

Garcés, además de fundadora de CEPAM, ha sido dirigente nacional de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas y comisionada de la Primera Comisión Anticorrupción; primera mujer directora metropolitana de Seguridad Ciudadana del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; diputada de Izquierda Democrática por Pichincha 2002-2006; presidenta del Foro de Parlamentarias Ecuatorianas; representante del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA; y directora nacional de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Así, Benítez entiende que se podría estar vulnerando, entre otros, el artículo 43 de la Constitución de la República del Ecuador que estipula que «el Estado garantizará la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción».

También podrían resultar violentados preceptos de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos (entre los que se encuentra el «financiamiento de otros delito) así como artículos del Código Orgánico Integral Penal que tipifica de forma expresa «la extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos», el «tráfico de órganos», el «aborto con muerte [también de la madre gestante]», o al aborto ya sea consentido o no consentido.

Investigaciones solicitadas

Al tenor de estos datos, Benítez reclama que sean llamados a declarar tanto la representante legal de CEPAM Miriam del Carmen Garcés Dávila y los socios fundadores de la entidad, como el resto de representantes legales, administradores, el «contador general» y «todos los responsables e intervinientes directos en sus operaciones económicas, financieras y comerciales».

Del mismo modo se reclama que CEPAM exhiba «todos los comprobantes de pago emitidos por concepto de transferencias de bienes o prestación de servicios» y que el Servicio de Rentas Internas investigue los estados financieros de CEPAM durante los últimos nueve ejercicios fiscales «con énfasis en los ejercicios provenientes desde el exterior».

Benítez insta al mismo tiempo a que la Unidad de Análisis Financiero y Económico «para que analice prolijamente la Evolución Patrimonial real de la denunciada y de todos sus precitados colaboradores directos, durante los 9 últimos ejercicios fiscales».

«Salvar la vida de los niños sentenciados a muerte»

A preguntas de Actuall, Benítez se muestra contento porque la Fiscalía haya iniciado las investigaciones a pesar de que «el gobierno de Lenin Moreno es promuerte» y que la propia CEPAM tiene convenios suscritos con la Fiscalía.

«El componente político existe por todos lados, pero estoy armando una defensa muy técnica», enfatiza, por lo que confía en las posibilidades para alcanzar sus objetivos.

Benítez explica que, a sus 50 años de edad, ha iniciado esta batalla legal porque «no quiero que se mate a más de nuestros hijos en el vientre de nuestras madres». «Trato de salvar la vida de los niños sentenciados a pena de muerte», subraya en conversación telefónica desde Guayaquil, aunque «me estoy jugando mucho», reconoce. Y no anda desencaminado, pues no son pocas las amenazas e insultos que le han llegado desde que presentara la denuncia.

A pesar de hablar con una voz clara y sin titubeos, y de que asegura que no siente temor, no puede dejar de expresar cierta preocupación por sus allegados: «Me preocupa más la vida de mis hijos», reconoce.

La denuncia de César Benítez cuenta con el respaldo de más de 36.000 ciudadanos que han suscrito una petición de respaldo a la denuncia presentada ante la Fiscalía. En concreto, se pide que se realicen «todas las diligencias necesarias para esclarecer los posibles delitos» y , en concreto que el Servicio de Rentas Internas (SRI) audite los fondos recibidos del exterior por CEPAM y que la Unidad de Análisis de Financiero y Económico (UAFE) examine la evolución patrimonial tanto de CEPAM como de sus representantes y colaboradores directos.

Comentarios

Comentarios

Nicolás de Cárdenas fue inoculado por el virus del periodismo de día, en el colegio, donde cada mañana leía en su puerta que “la verdad os hará libres”. Y de noche, devorando los tebeos de Tintín. Ha arribado en su periplo profesional a puertos periodísticos de papel, internet, televisión así como a asociaciones cívicas. Aspira a morir diciendo: "He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe".