Alina Dulgheriu fue -junto a su hija- rescatada de un negocio abortista. Ahora lucha contra las leyes de exclusión.
Alina Dulgheriu fue -junto a su hija- rescatada de un negocio abortista. Ahora lucha contra las leyes de exclusión.

El Tribunal Supremo del Reino Unido no ha admitido a trámite la demanda presentada por una mujer que pretendía cuestionar la legalidad de las zonas de exclusión establecidas en torno a los negocios de aborto.

En el año 2011 Alina Dulgheriu acudí aa un negocio abortista dispuesta a acabar con la vida de su hija. Pero la presencia de grupos provida a las puertas del abortorio, que le ofrecieron la ayuda y el apoyo que necesitaba para no abortar, fue decisiva en su vida.

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Agradecido, Dulgheriu inició en el verano de 2018 una batalla legal contra la decisión de numerosos municipios en el Reino Unido que han establecido zonas de exclusión en el entrono de los negocios abortistas, donde quedan suspendidas libertades y derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho de manifestación.

Sin embargo, el Tribunal Supremo del Reino Unido no ha admitido a trámite la demanda presentada en contra de la Orden de Protección de Espacios Públicos que rige en Londres, entre otros lugares del Reino Unido.

Laurence Wilkinson, abogado de ADF International encargada del caso, señala que la decisión de instaurar zonas de exclusión cerca de los negocios del aborto «establece un precedente negativo y prohíbe incluso el ofrecimiento más compasivo de asistencia».

«Las sociedades libres deben ser libres de discutir, incluso ideas que algunos consideran controvertidas en lugar, antes que criminalizarlas simplemente . La evidencia muestra que cientos de mujeres, como Alina, han aceptado la ayuda ofrecida por grupos pacíficos provida fuera de las instalaciones del aborto«, añade Wilkinson.

Por su parte, Alina Dulgheriu argumenta al conocer el rechazo de su apelación: “Mi niña está aquí hoy por el apoyo práctico y emocional que me ofrecieron fuera del centro Marie Stopes y presenté la apelación para asegurar que otras mujeres tuvieran esta opción de apoyo vital. Es impensable que cualquier consejo [de distrito] penalice una oferta para ayudar a una mujer a mantener a su hijo».

Dulgheriu está considerando sus próximos pasos, incluida la posibilidad de llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. El Tribunal Europeo es responsable de garantizar que los 47 países que han firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos cumplan sus términos. 820 millones de personas están sujetas a sus decisiones.

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