José Antonio Bosch, de ACAI (patronal del aborto en España) y Polonia Castellanos, de la Asociación Española de Abogados Cristianos.
José Antonio Bosch, de ACAI (patronal del aborto en España) y Polonia Castellanos, de la Asociación Española de Abogados Cristianos.

El asesor jurídico de la patronal de los negocios del aborto en España, José Antonio Bosch, reclama «el apoyo de asociaciones feministas, plataformas sociales, partidos y sindicatos» después de que se hiciera público que 20 abortorios de ocho comunidades autónomas .

En un comunicado difundido por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Bosch asegura que la macrodenuncia impulsada ante las instituciones sanitarias realizada por la Asociación Española de Abogados Cristianos que acusa a estos centros abortistas de dar «información falsa en sus webs para incitar a las mujeres al aborto en perjuicio de su propia salud», persigue «determinar y tutelar la información a la que pueden tener acceso o no las mujeres españolas».

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La patronal del aborto, cuyo lucro depende del número de abortos que realizan, asegura sin embargo que ninguna de sus empresas asociadas «incita u obliga en modo alguno a interrumpir su gestación [N. de la R.: acabar con la vida del hijo] a las mujeres que acuden a sus centros o acceden a la información de su spáginas web».

La patronal del aborto dse escuda en que se trata de información de carácter «generalista»

El hecho de que, como denuncia Abogados Cristianos, haya información en las páginas web de estos negocios en los que se asegura de forma literal que la intevención quirúrgica del aborto «no deja secuelas» se debe a que se trata de información «de carácter generalista» y «genérica» que es completada con el pliego del consentimiento informado. Aún más, Bosch asegura que «nunca se realiza ninguna intervención sin que la mujer haya entendido el contenido de dicho consentimiento y lo haya firmado».

A su juicio, la interposición de denuncias antes las Consejerías de Sanidad suponen una «nueva ofensiva contra los profesionales que hacen posible la práctica sanitaria de aborto provocado» y un «ataque más en la larga lista de actos de acoso e intimidación que venimos sufriendo».

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