Instalaciones de la Clínica Dator / EFE.
Instalaciones de la Clínica Dator / EFE.

Abortos con documentación alterada, una menor de edad, chicas empujadas a la prostitución, trata de prostitutas procedentes de África… Sangriento culebrón con la Dator, el mayor abortorio de España, en el epicentro.

Una clínica -por llamarla de alguna manera- con un largo historial de irregularidades, y un dramático balance de bebés asesinados en el vientre materno.

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Lo último: practicar abortos a dos nigerianas (una de ellas menor de edad) obligadas a prostituirse por una red de trata. Por ese motivo, la Dator está siendo investigada por la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado de instrucción número 40 de Madrid.

Los hechos son los siguientes:

Sandra, una proxeneta nigeriana, dejó a sus dos hermanas pequeñas y a una chica menor edad en manos de las mafias que atraviesan el Continente negro con destino a Europa. En el viaje les violan y les pegan.  Las trajo desde Italia a España bajo amenazas y coacciones.

A su llegada a Madrid, las tres chicas fueron obligadas a prostituirse día tras día en el polígono Marconi de Villaverde, cerca de Getafe, al sur de la capital.

La clínica les dio cita para abortar al día siguiente de las primeras visitas, incumpliendo así los tres días de reflexión

Una de las hermanas y la menor se quedaron embarazadas y los proxenetas les obligaron a abortar. Ya se sabe: una prostituta de una red de trata no puede quedarse encinta porque arruina el negocio.

Así que los proxenetas las llevaron con apenas una semana de diferencia, a la Clínica Dator, donde en teoría no repararon en que las dos mujeres, de distinta edad y grupo sanguíneo tenían en cambio el mismo NIE. Es decir, que las dos fueron con la misma documentación a abortar.

No solo eso, sino que además el abortorio les dio cita para abortar al día siguiente de las primeras visitas, incumpliendo así los tres días de reflexión.

Una de las chicas, embarazada de 18 semanas, no aportó ningún informe médico sobre posibles daños psicológicos o malformaciones del feto, como indica la Ley que debe hacerse a partir de la semana 14.

Cada una pagó 450 euros por abortar, que fueron abonados por los proxenetas que las controlaban.

La Policía Nacional ha podido elaborar sus informes contra la Dator basándose en la propia documentación que les remitieron los responsables del centro, donde quedan plasmadas las presuntas irregularidades.

En declaraciones al periódico El Mundo, la Dator argumenta que “no se tiene ninguna constancia de este caso, del que se ha buscado información en los archivos y no se ha encontrado nada».

El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid dirige la investigación del caso junto a la Fiscalía de Madrid, a través de sus fiscales especialistas en temas de extranjería y trata de seres humanos.

Dator, en bancarrota

La situación financiera del principal negocio abortista de España es más que delicada, hasta el punto de que los propietarios de Partner Line S. A., la empresa detrás de este negocio, solicitaron el concurso voluntario de acreedores a principios de este año, según informó en su día Actuall.

A 31 de diciembre de 2014, el último balance publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, las cuentas de la empresa dueña de Dator, que tiene medio centenar de trabajadores, eran un quebradero de cabeza para sus dueños: quiebra técnica con un patrimonio neto negativo de -2.177.597 euros.

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