El ex gobernador de Texas (EE UU), Rick Perry /EFE
El ex gobernador de Texas (EE UU), Rick Perry /EFE

El próximo dos de marzo la Corte Suprema de Estados Unidos tendrá la primera vista oral para examinar la legalidad del endurecimiento de las normas aprobadas en Texas que han puesto en aprietos a la industria del aborto. 

La sentencia que se dicte afectará no sólo a Texas sino a otros 21 estados de la unión que cuentan con leyes similares.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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El Trinity Legal Center ha presentado ya sus argumentos para defender las modificaciones que se quieren realizar en la ley de Texas para endurecer las condiciones para los centros abortistas.

La presidenta del Trinity Legal Center, Linda Schlueter, ha asegurado que las disposiciones legales aprobadas «son las medidas de seguridad de sentido común que cualquier persona que afronta una cirugía ambulatoria tiene actualmente y que debería esperar», según recoge Infocatólica.

Schlueter ha hecho referencia al caso de una clínica abortista en Philadelphia que fue calificada por un Gran Jurado (compuesto por ciudadanos que emiten su opinión respecto a un asunto controvertido) como una «cámara de los horrores».

Dado que en Texas hay centros abortistas que tienen unas condiciones similares, Schlueter justifica la necesidad de la ley que el estado quiere aprobar y que fue recurrida por los grupos de presión abortistas.

Según la presidenta del Trinity Legal Center «hay evidencias científicas de que la práctica de abortos por vía medicamentosa o quirúrgica puede causar un peligro real físico e incluso la muerte» para las mujeres.

Los provida luchan contra el aborto con leyes y trabas administrativas

Aunque el Supremo ha defendido con anterioridad el derecho de los estados a aplicar medidas encaminadas a garantizar la seguridad sanitaria de las mujeres que han decidido abortar, es la primera vez en diez años que este Tribunal las pone en cuestión. 

El ex gobernador de Texas, Rick Perry, promulgó durante su mandato dos leyes que afectan a la industria del aborto y que han sido paralizadas y activadas sucesivamente por tribunales menores.

En EEUU han sido aprobadas 231 leyes provida  y se han presentado otros 341 proyectos de ley en el mismo sentido

La primera establece que los centros en los que se practican abortos tengan que cumplir las mismas normas que el resto de centros médicos y la segunda estipula que las mujeres que desean abortar deben hacerse una ecografía ultrasónica 24 horas antes.

En EEUU han sido aprobadas 231 leyes provida  y se han presentado otros 341 proyectos de ley en el mismo sentido.

Este proceso legal ha llevado al abortista Instituto Guttmacher a subrayar en su informe anual que hay «27 Estados hostiles, de los cuales 18 son muy hostiles, consideración que da cuenta de la eficacia de estas políticas para combatir el aborto.

El mismo informe señala, muy a su pesar, que entre 2010 y 2014 el número de abortos disminuyó considerablemente, del mismo modo que lo hicieron los establecimientos abortistas durante el mismo periodo, en buena medida por las leyes restrictivas. 

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