Píldora anticonceptiva (Imagen referencial).
Píldora anticonceptiva (Imagen referencial).

Los Obispos de Perú han rechazado una reciente medida cautelar del Primer Juzgado Constitucional de Lima, que permitiría al gobierno del país distribuir masivamente en las entidades públicas la píldora del día siguiente (PDS), de potencial efecto abortivo.

En un comunicado difundido este miércoles, la Conferencia Episcopal Peruana ha precisado que a los obispos les toca el deber de salir “en defensa de quienes ni tienen voz ni están siendo defendidos, a pesar de que la Constitución los reconoce como sujetos de derechos desde su concepción”.

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“No nos toca como Pastores de la Iglesia analizar con profundidad los criterios jurídicos, además de científicos, por los cuales el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, ha aceptado una acción de amparo en favor de la PDS, pero sí nos toca evidenciar con preocupación cómo diversos intereses e ideologías en Perú juegan contra la vida del concebido”.

El 22 de agosto, en medio de un litigio entre Violeta Cristina Gómez y la ONG feminista Promsex contra el Ministerio de Salud, el Primer Juzgado Constitucional de Lima ha dictado una medida cautelar, dando un plazo de 30 días al gobierno para distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente en los establecimientos de salud del Estado.

Esta disposición judicial se opone a la sentencia del 2009 del Tribunal Constitucional, que prohibió al Estado distribuir la sustancia, por su potencial abortivo.

Según el diario peruano Gestión, la distribución estatal de la PDS podría mover cerca de 54 millones de soles (más de 16 millones de dólares) al año.

En los últimos años, distintas organizaciones han financiado a las ONGs peruanas Promsex y Demus con más de 1,7 millones de dólares, para promover la distribución de la píldora del día siguiente en Perú.

En su mensaje, los obispos peruanos señalaron que “basta el sentido común para ver con claridad que el supuesto bien que se quiere lograr con el uso de la píldora, no es mayor que la vida del concebido”.

“Precisamente por la naturaleza del proceso, eso es lo que tiene que establecer el Juez en su sentencia definitiva”, han agregado.

Los obispos han lamentado también que “en diversos ámbitos donde se resalta la tolerancia como valor, existan intolerancia y prejuicios hacia la participación de los sacerdotes, médicos o abogados católicos en defensa de la vida y de la familia que, a pesar de esgrimir argumentos científicos o jurídicos, son tildados de fundamentalistas o de emplear argumentos de fe”.

“Llamamos al intercambio justo de opiniones y sin prejuicios para que la verdad y la justicia se abran camino a través del diálogo”, han indicado.

La CEP reafirmó “el valor de la vida humana”, al tiempo que denunció que “esta viene siendo manipulada por una ideología, que pretende redefinir conceptos tan importantes como el inicio de la vida, la concepción y el embarazo, no con criterios científicos, sino sencillamente para lograr objetivos en favor de unos presuntos ‘derechos sexuales y reproductivos’, entre los cuales se incluyen el aborto y la muerte del concebido”.

“Lamentamos que la ciencia sea puesta de lado para que el derecho de unos implique la muerte de otros”, han señalado.

Los obispos cuestionaron además que en el proceso judicial de Violeta Cristina Gómez y la ONG feminista Promsex contra el Ministerio de Salud, “tanto demandante como demandado se encuentren de acuerdo en distribuir nuevamente este fármaco”.

“¿Es posible así un proceso judicial objetivo y transparente en defensa del concebido?”, han cuestionado.

Para leer el mensaje completo de la Conferencia Episcopal Peruana, puede entrar aquí.

*Esta información se publicó originalmente en Aci Prensa

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