El Código Penal de Costra Rica establece en la sección segunda del apartado referido a los delitos contra la vida, diversas penas para el delito de aborto. Entre ellas de 3 a 10 años de prisión si la mujer es forzada a hacerlo o si es una menor de 15 años (la pena se rebaja de 8 a 10 años si se meta al bebé antes de los seis meses de vida prenatal).

La pena se establece de 1 a 3 años de prisión si el aborto se realiza con consentimiento de la madre del bebé abortado (el castigo se reduce de seis meses a dos años durante los seis primeros meses de gestación).

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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En ambos supuestos, si resultara muerta la madre como consecuencia del aborto, se elevan las penas.

También se recoge el llamado «aborto honoris causa» (art. 120 CP), que se entiende referido a casos de violación, penado con cárcel de 3 meses a dos años. El «aborto culposo» (art. 122 CP), por su parte, está penado con «sesenta a ciento veinte días de multa».

El único caso en el que se exime de culpa es en el llamado «aborto impune» (art. 121 CP), que corresponde en otras latitudes a la denominación de «aborto terapéutico», que es el realizado por el profesional médico, conforme a la lex artis, en caso de tratar de evitar un peligro para la madre que no fuera posible salvar por otros métodos.

Los grupos abortistas llevan presionando tiempo para que el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (de inspiración socialista), firme antes de concluir el año una «norma técnica» que establezca cómo debe ser la actuación de los médicos para que el aborto quede impune.

El Ministerio de Salud del Gobierno de Costa Rica mantiene en secreto los pormenores de la polémica norma, pese a los reiterados llamamientos de diputados contrarios a la medida que exigen su publicación antes de ser aprobada, tal y como refiere la prensa local.

Así las cosas, las organizaciones pro vida del país han convocado una marcha por la vida el próximo 1 de diciembre para reclamar que dicha norma no sea aprobada.

Tal y como explica a El Mundo de Costa Rica Mariano Murillo, portavoz del Frente Nacional por la Vida, «el Gobienro sigue ignorando la voluntad del pueblo que es enormemente provida y quiere firmar una norma técnica que no ha sido necesaria para salvar vidas, que no ha sido necesaria para que los médicos cumplan su labor».

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