Un total de 62 organizaciones y sindicatos han pedido al Gobierno que se tipifique en el Código Penal la «coacción y el acoso» que las mujeres que deciden abortar en los alrededores de las clínicas que practican abortos. La petición es un brindis al sol porque el gobierno está en funciones y el cambio del Código Penal solo puede llevarse a cabo por el poder legislativo, que no podrá ejercer su labor hasta después de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Aun así, en caso de que en la próxima legislatura se aprobara tal petición, cosa probable porque el PSOE lleva esa medida en su programa electoral, la justicia podría actuar de oficio sin que las mujeres que quieren matar a sus hijos antes de nacer presenten denuncia alguna.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.

Suscríbete ahora

Los abortistas quieren que se establezca un perímetro de seguridad en torno a los abortorios para que ningún provida pueda acercarse a las mujeres que acuden a poner fin a la vida de sus hijos.

Medidas similares se han adoptado en diversos países con democracias liberales.

Hoy comienzan los 40 Días por la Vida

Madrid y El Puerto de Santa María (Cádiz) serán dos de las 509 ciudades del mundo en la que se llevará a cabo la campaña de 40 Días por la Vida, desde hoy 25 de septiembre, hasta al 3 de noviembre

40 Días por la Vida es una campaña pacífica que consiste en 40 días de oración y ayuno, 40 días de vigilia pacífica delante de centros abortivos y 40 días de alcance comunitario. El esquema de 40 días viene inspirado por los numerosos ejemplos bíblicos en los que Dios ha traído la transformación al mundo en periodos de 40 días.

A todos los participantes se les hace firmar una Declaración de paz, por la cual se les pide comportarse como Cristo en todo momento: siempre de forma pacífica y amorosa hacia el prójimo.

Derecho a abortar en España

En España el aborto es considerado un derecho de la mujer. Así quedó establecido por la actual ley, sobre la que el Tribunal Constitucional, en lo que muchos consideran un claro ejemplo de prevaricación institucional, lleva diez años sin pronunciarse tras el recurso planteado por diputados del Partido Popular.

Comentarios

Comentarios