Un grupo de manifestantes contra la aplicación del Obamacare.
Un grupo de manifestantes contra la aplicación del Obamacare.

En el mes de octubre de 2017 la Administración Trump eliminó la indicación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible aprobada por Barack Obama, el llamado Obamacare, que obligaba a las empresas y organizaciones no gubernamentales a cubrir en los seguros de sus empleados prestaciones como el aborto y la anticoncepción.

Las nuevas normas del Departamento de Salud y Servicios Humanos permitían que las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro puedan poner objeciones religiosas o morales –ejercer su libertad de conciencia- para no verse sometidos al mandato de la ley que les obligaba a colaborar con políticas antinatalistas y abortivas.

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La Catholic Benefits Association logró el respaldo de un juez federal y suspendió de manera definitiva la obligación de los asociados de esa institución de incluir fármacos abortivos, de esterilización y anticonceptivos en las coberturas obligatorias de salud, y revocó las muy costosas multas que se habían acumulado por el incumplimiento y que ascendían a unos 7.000 millones de dólares. Era abril de 2018.

En junio del mismo año, otro juez federal eximió a un seminario cristiano de Indiana y a una universidad de California de las prerrogativas del Obamacare en este campo y dictaminó que el Obama care violala ley federal de restauración de la libertad religiosa.

Sin embargo, el juez federal de California Haywood Gilliam ha bloqueado parcialmente una serie de reglas de la administración de Donald Trump que permiten a los empleadores optar por no proporcionar un seguro médico que cubra el control de la natalidad de las mujeres. Esta normas iban a entrar en vigor este 14 de enero de 2019.

Dirigidos por el fiscal general de California, Xavier Becerra, un total de 14 fiscales generales demócratas solicitaron una orden judicial para evitar que entrara en vigor en todo el país, pero Gilliam ha limitado su decisión a los estados contrarios a esta norma, que incluyen Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington, Virginia y el Distrito de Columbia, informa Europa Press.

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