Unos emails destapados por el abogado provida Robert Salera, que trabajaba para el exgobernador de Pensilvania Tom Corbett, han revelado que la multinacional abortista Planned Parenthood trató de impedir que los medios de comunicación estadounidenses emitiesen los doce vídeos grabados con cámara oculta en los que varios directivos de la organización reconocen la venta ilegal de órganos humanos.
Los textos han confirmado, según ha publicado Life Site News, que una funcionaria de Planned Parenthood aleccionó al gobernador demócrata del estado sobre cómo responder a los medios “si el problema saliese a la luz”.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahora“La historia de los vídeos encubiertos del Center Medical Progress no ha llegado a los medios de comunicación todavía, estamos tratando de que siga siendo así”, escribió en un mensaje la directora ejecutiva de Planned Parenthood en Pensilvania, Sari Stevens, al gobernador del estado, Tom Wolf. La activista proaborto también decía que el mandatario del Partido Demócrata esperaba que la historia “se mantuviese entre amigos».
Asimismo, Sari Stevens afirmaba en estos mensajes que la cinta de vídeo grabada en secreto “retrata falsamente la participación de Planned Parenthood en programas de donación de tejidos” y que ésta ha sido “fuertemente editada”. El correo electrónico muestra a Stevens como la mano derecha del gobernador Wolf y la persona que le preparaba las respuestas en caso de tener que enfrentarse directamente al escándalo.
Parte de su equipo de Gobierno
Wolf, persona muy cercana a Planned Parenthood, solicitó que Stevens formase parte de su equipo de Servicios Humanos después de ganar la carrera para gobernador. «Felicitaciones a Sari Stevens por haber sido seleccionada como miembro del equipo de transicion de Servicios Humanos», escribían en un mensaje de Facebook los defensores de Planned Parenthood de Pensilvania en diciembre de 2014.
Robert Salera, el abogado provida que trabajaba para la reelección del ex gobernador Tom Corbett el pasado año, obtuvo las comunicaciones después de presentar una solicitud de conformidad con la Ley del Derecho a Saber del Estado. El letrado afirmó que investigó el asunto “por iniciativa propia” y “nadie” le pagó por ello.