Christina Nagel se hizo un tatuaje en el que pide que no le apliquen la eutanasia / Facebook
Christina Nagel se hizo un tatuaje en el que pide que no le apliquen la eutanasia / Facebook

El PP ha registrado en el Congreso una enmienda a la totalidad a la ley de eutanasia del PSOE con un texto alternativo que “facilita la humanización del proceder médico asistencial, la defensa de la bioética y el modelo deliberativo en el proceso de toma de decisiones relacionada con los cuidados paliativos”.

Desde el PP han explicado a Europa Press que el texto es “similar a las enmiendas” que la formación ‘popular’ ya había presentado al texto de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida de Ciudadanos, conocida como Ley de Muerte Digna, que lleva ya más de un año de trámite en la Cámara.

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Los de Pablo Casado recogen en su propuesta la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Convenio del Consejo de Europa o la Ley Básica reguladora de autonomía del paciente y defienden que la norma es similar a la de otras comunidades autónomas que han regulado sobre esta materia.

Aliviar el sufrimiento

“Los cuidados paliativos han de orientarse en todo momento a aliviar, en lo posible, el sufrimiento del paciente y el de sus personas más allegadas”, recoge la exposición de motivos de la ley del PP.

La ley habla en todo momento de proceso final de la vida y de los derechos y cuidados del paciente durante el mismo. De los primeros, el PP destaca recibir la información sanitaria necesaria sobre el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, que deberá estar adaptada a las capacidades de un paciente. Estas instrucciones deberán figurar en lugar visible en la historia clínica.

“Cuando a pesar del explícito ofrecimiento de información asistencial por los profesionales sanitarios implicados en la atención del paciente, éstos rechacen voluntaria y libremente el ser informados, se respetará esta decisión, haciéndoles ver la trascendencia de la misma y se solicitará, si así lo desean, que se designe a una persona que acepte recibir dicha información y tomar decisiones en su representación”, apunta el texto. Esta postura también deberá constar en el historial.

Como derecho de las personas en proceso de morir también se incluye el de una planificación anticipada de decisiones en relación con los posibles escenarios en los que puede discurrir el curso de su enfermedad.

Sin menoscabo de la atención sanitaria

El rechazo a una intervención, tratamiento, o la decisión de interrumpirlos, no supondrá, según propone el PP, “un menoscabo de la atención sanitaria o de otro tipo que se le dispense”, especialmente la destinada a paliar el sufrimiento y a aliviar el dolor u otros síntomas de la enfermedad.

Este rechazo se expresará verbalmente, pero deberá, en todo caso, ser expresos, constar por escrito e incorporarse a la historia clínica.

En cuanto a los cuidados paliativos, los de Pablo Casado señalan que deberán ser integrales y de calidad, incluida la sedación paliativa si el dolor o cualquier otro síntoma que produzcan molestias severas son refractarios al tratamiento específico, aunque ello implique un acortamiento de la vida.

“La administración de sedación paliativa deberá ajustarse a un procedimiento que contemple las circunstancias específicas de cada paciente y los métodos a utilizar según la situación clínica de cada caso”, advierte el PP en su ley, para añadir que quien lo desee podrá recibir este tratamiento en su domicilio.

La segunda parte de la norma recoge los deberes de los profesionales sanitarios. Entre ellos está el de asegurarse, antes de proponer una intervención sanitaria a un paciente en fase terminal, de que esta práctica está clínicamente indicada, basándose en evidencias científicas, en su saber profesional y su experiencia. Será este análisis el que determine la adecuación o el límite del esfuerzo terapéutico que se aplicará al paciente.

Un comité asesor

De este modo, señalan los ‘populares’, se evitará la adopción, mantenimiento de intervenciones y medidas carentes de utilidad clínica. “Siempre sin menoscabo de aquellas actuaciones sanitarias que garanticen su debido cuidado y bienestar”, apunta.

La norma también añade que los sanitarios deberán respetar valores, creencias y preferencias de los pacientes, absteniéndose de imponer criterios personales, y excluye de cualquier responsabilidad al médico sobre el cumplimiento de la voluntad manifestada por el paciente.

Aún así, el PP recoge que todos los centros sanitarios o instituciones estarán vinculados a un Comité de Ética Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen conflictos éticos. A este comité –cuyos miembros estarán obligados a guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones– se podrá solicitar asesoramiento cuando haya discrepancia entre médicos y pacientes, pero su decisión no sustituirá en ningún caso las decisiones que tengan que tomar los profesionales sanitarios.

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